Este miércoles comienzan en el Congreso las audiencias públicas por la reforma de la Ley de Glaciares, en un contexto marcado por restricciones en la participación, operativos de seguridad y presentaciones judiciales.
Los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, José Peluc y Nicolás Mayoraz, confirmaron que solo podrán exponer de manera presencial aquellas personas previamente notificadas por correo electrónico. El ingreso a la Cámara de Diputados estará habilitado desde las 9:00 y se realizará por la intersección de Mitre y Riobamba.
Desde la organización recordaron que únicamente podrán acceder a la sala quienes hayan sido formalmente convocados, mientras que el resto podrá seguir la actividad a través de la transmisión oficial. También habrá cobertura de prensa acreditada.
Según se informó, cada expositor tendrá un máximo de cinco minutos para intervenir, una limitación clave para poder garantizar la participación de cerca de 200 oradores provenientes de 24 jurisdicciones en las dos jornadas previstas, el 25 y 26 de marzo. Pese a los pedidos de la oposición para extender el cronograma, el oficialismo decidió mantener las fechas originales.
En paralelo, se dispuso un operativo de tránsito en las inmediaciones del Congreso, con cortes en distintos accesos desde la mañana. Entre los puntos afectados se encuentran avenidas y cruces clave como Entre Ríos y Alsina, Rivadavia y Sarandí, y Callao y Mitre, por lo que se recomienda evitar la zona o circular con demoras.
Además, para la tarde está prevista una movilización de organizaciones ambientalistas que reclaman mayor participación en el debate.
En el plano judicial, un grupo de particulares intentó frenar las audiencias mediante una presentación en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 5, a cargo del juez Enrique Regeuira, quien rechazó la medida. La acción fue impulsada por el abogado Jonatan Baldiviezo junto a organizaciones y especialistas.
Por otro lado, distintas entidades ambientalistas también solicitaron una medida cautelar ante el Juzgado Contencioso Administrativo N° 7, a cargo de Enrique Lavié Pico, que aún no se expidió.
Entre los reclamos, organizaciones como la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, la Red Universitaria por la Crisis Climática y Greenpeace pidieron que el Congreso garantice la participación oral de todas las personas inscriptas en las audiencias.
El debate por la reforma de la Ley de Glaciares avanza así en medio de tensiones políticas, cuestionamientos por la modalidad de participación y una creciente movilización social.
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