El Si.T.E.P. (Sindicato de Trabajadores de la Educación Pampeana) denunció presuntas situaciones de violencia laboral dentro del sistema educativo provincial y cuestionó el accionar de las autoridades del Ministerio de Educación, a las que acusó de ejercer prácticas de hostigamiento, persecución y abuso de poder contra docentes.
En un documento titulado «Reflexiones sobre las violencias (parte 4): Dos situaciones, un denominador común: violencia laboral», el gremio sostuvo que, mientras desde el Estado se promueven políticas y protocolos para prevenir distintos tipos de violencia, existen trabajadores de la educación que no reciben la protección necesaria y, en algunos casos, terminan siendo víctimas de decisiones administrativas que agravan los conflictos.
Como primer ejemplo, el sindicato describió el caso de una docente que denunció ante sus superiores las amenazas de una estudiante mayor de edad con antecedentes de violencia y problemas de salud mental. Según el relato, ante la falta de intervención institucional, la docente recurrió a la Justicia, que dispuso medidas de restricción. Tiempo después, la estudiante protagonizó una agresión contra otra persona fuera del ámbito escolar. Para el gremio, el episodio evidenció la ausencia de dispositivos de acompañamiento tanto para la trabajadora como para la alumna.
El segundo caso expuesto corresponde a un docente que, de acuerdo con el comunicado, fue sancionado tras una denuncia de una familia por el dictado de contenidos vinculados con la Educación Sexual Integral (ESI). El Si.T.E.P. afirmó que el trabajador fue objeto de actas, sanciones, descuentos salariales y una suspensión, además de cuestionamientos sobre su forma de vestir, lo que calificó como un caso de persecución laboral y abuso de poder.
En el documento, el sindicato sostuvo que ambos episodios reflejan un patrón de funcionamiento institucional basado en el castigo antes que en la mediación y el acompañamiento. También cuestionó la excesiva burocracia en la tramitación de sumarios y licencias por ART, al considerar que profundiza la vulnerabilidad de los trabajadores afectados.
Finalmente, el gremio expresó además su rechazo al accionar de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), al señalar que actúa con rapidez cuando las sanciones recaen sobre docentes, pero no con la misma celeridad frente a denuncias contra funcionarios públicos.
El documento concluye con un llamado a revisar las prácticas institucionales y a garantizar condiciones de trabajo que prioricen el cuidado, el respeto y la protección de quienes integran el sistema educativo.
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