La histórica cooperativa láctea SanCor quedó al borde de su cierre definitivo: la Justicia declaró su quiebra tras constatar una deuda que ronda los US$120 millones y la imposibilidad de sostener su actividad en el mediano plazo.
La resolución fue firmada por el juez Marcelo Gelcich, del Juzgado Civil y Comercial de la 4ª Nominación de Rafaela, luego de que la propia empresa solicitara la quiebra al no poder cumplir con el plan de pagos acordado con más de 1.500 acreedores.
SanCor se encontraba en concurso preventivo desde febrero de 2025, una instancia que buscaba ordenar sus compromisos financieros y garantizar la continuidad de la firma. Sin embargo, el proceso fracasó: el fallo judicial habló de una “quiebra indirecta por frustración anticipada” del trámite, evidenciando que la crisis no solo no se revirtió, sino que se profundizó con el paso de los meses.
El deterioro financiero fue sostenido. Según consta en el expediente, la deuda postconcursal crecía a un ritmo cercano a los $3.000 millones mensuales. Al momento de la quiebra, la cooperativa acumulaba casi $12.800 millones en salarios impagos, más de $6.300 millones en deudas impositivas y previsionales, $3.380 millones con obras sociales y sindicatos, y más de $13.300 millones en compromisos comerciales, además de un pasivo previo superior a los US$86 millones.
Ante este escenario, el juez concluyó que la empresa “no resulta económicamente viable en el mediano plazo”, configurando un cuadro de insolvencia irreversible.
A pesar de la gravedad de la situación, la Justicia dispuso la continuidad operativa transitoria de la compañía. La medida busca evitar un impacto inmediato sobre los 914 trabajadores, proveedores y acreedores, mientras avanza el proceso de liquidación.
En ese marco, los bienes de SanCor serán administrados por síndicos y preservados para su futura venta. El fallo anticipa que se abrirá una licitación para la compra de sus plantas industriales, que podrían venderse en bloque o por separado, en un intento por recuperar parte de los activos.
El proceso marca un punto crítico para una de las empresas más emblemáticas del sector lácteo argentino, cuya crisis lleva años y refleja también las tensiones estructurales que atraviesa la industria.
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