La Justicia federal le puso un freno a la decisión del Gobierno nacional de recortar el programa social Volver al Trabajo y ordenó al Ministerio de Capital Humano mantener su vigencia. La medida representa un nuevo revés judicial para la ministra Sandra Pettovello, en medio de la tensión con organizaciones de la economía popular.
El fallo fue dictado por el juez Adrián González Charvay, quien hizo lugar a una medida cautelar presentada por referentes barriales y trabajadores comunitarios. En su resolución, el magistrado consideró que la suspensión del programa implicaba un riesgo concreto para los sectores más vulnerables y vulneraba el principio de no regresión de derechos.
La decisión judicial obliga al Gobierno a sostener el programa, que actualmente alcanza a cerca de 900 mil personas en todo el país. Se trata de uno de los principales esquemas de asistencia para trabajadores informales, desocupados y sectores con ingresos precarios.
Un recorte en medio de la crisis
La cartera que conduce Pettovello había anunciado que el plan sería dado de baja a partir de mayo y reemplazado por un sistema de vouchers voluntarios para capacitaciones laborales. Sin embargo, desde las organizaciones cuestionaron la falta de precisiones sobre ese esquema alternativo y advirtieron que dejaría sin ingresos a miles de familias.
En ese marco, impulsaron una serie de protestas a nivel nacional y presentaron un amparo colectivo que derivó en la cautelar judicial.
Referentes sociales destacaron que el ingreso del programa —actualmente en torno a los 78 mil pesos— resulta clave para cubrir gastos básicos como alimentos, transporte o garrafas de gas. También señalaron que su eliminación, sin una alternativa concreta, agravaría la situación en los barrios populares.
Reacciones y tensión política
Desde el oficialismo nacional cuestionaron la resolución judicial y sostuvieron que este tipo de medidas “perpetúan lógicas asistencialistas”, además de advertir que podrían afectar la reasignación de recursos hacia otras políticas públicas.
En tanto, desde las organizaciones sociales valoraron el fallo como un alivio en un contexto económico complejo. Dirigentes de la economía popular remarcaron que la medida evita un deterioro mayor en las condiciones de vida de miles de familias y permite sostener un ingreso mínimo en medio de la crisis.
El programa Volver al Trabajo es la continuidad de políticas sociales implementadas en años anteriores y constituye, para muchos beneficiarios, el único ingreso fijo mensual. Su continuidad, ahora garantizada por la Justicia, reabre el debate sobre el rol del Estado en la asistencia social y las estrategias para enfrentar la pobreza estructural en el país.
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