El Gobierno de La Pampa apeló el rechazo de la medida cautelar presentada contra la reforma de la Ley de Glaciares y busca ahora que la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca revise la decisión judicial y dicte una protección urgente mientras se resuelve la cuestión de fondo.
La presentación fue realizada de manera conjunta por el Estado provincial, la Universidad Nacional de La Pampa, la Fundación Chadileuvú y la Asamblea por los Ríos Pampeanos, luego de que el juez federal Juan José Baric rechazara la cautelar que pretendía frenar la aplicación de la nueva normativa ambiental.
En el recurso de apelación, los demandantes sostienen que la resolución judicial omitió analizar el caso desde una perspectiva ambiental y cuestionaron que no se hayan aplicado principios centrales del derecho ambiental, como el precautorio, el preventivo y el de no regresión.
Según plantearon, el peligro no reside únicamente en un daño ambiental ya consumado, sino en la posibilidad de que la nueva legislación habilite futuras autorizaciones o intervenciones bajo estándares de protección más débiles que los vigentes hasta ahora.
“El riesgo ambiental existe desde el momento en que entra en vigencia un régimen que flexibiliza las condiciones de tutela”, argumentaron en la presentación, donde además advierten que exigir un daño ya concretado para habilitar la cautelar podría tornar inútil una futura sentencia definitiva.
La apelación también cuestiona la interpretación realizada sobre la “verosimilitud del derecho”, al considerar que la demanda demostró de manera concreta que la reforma reduce la protección sobre glaciares y ambiente periglacial, debilita el rol técnico-científico del Inventario Nacional de Glaciares y amplía la discrecionalidad para autorizar actividades potencialmente contaminantes.
En ese sentido, remarcaron que el planteo no responde a una discusión política sino al contraste entre dos modelos normativos: uno anterior, basado en una tutela ambiental uniforme y nacional, y otro que, según afirman, descentraliza controles y reduce estándares de protección.
La demanda insiste en que se suspenda la aplicación de la reforma, se impida el dictado de actos administrativos sustentados en el nuevo régimen y se mantenga vigente la protección establecida por la Ley 26.639 hasta que exista una sentencia definitiva.
De esta manera, la causa ingresa ahora en una nueva etapa judicial, con la expectativa puesta en la resolución que adopte la Cámara Federal de Bahía Blanca sobre el pedido de protección cautelar impulsado por la provincia y las organizaciones ambientales.
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