El proyecto ya tiene media sanción de Diputados y el Gobierno buscará obtener dictamen en el Senado la próxima semana. Especialistas cuestionaron los beneficios por 30 años y alertaron sobre el consumo de agua y energía de proyectos como los grandes centros de datos.
El oficialismo buscará avanzar la próxima semana en el Senado con el denominado “Súper RIGI”, luego de una jornada en la que especialistas plantearon fuertes cuestionamientos sobre sus posibles consecuencias ambientales, energéticas y productivas.
Tras el plenario conjunto de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía e Inversión y Legislación General, el objetivo del oficialismo es realizar una última ronda de exposiciones y posteriormente avanzar con la firma del dictamen de mayoría.
El proyecto, impulsado por el Ministerio de Economía, ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados desde el 24 de junio y apunta a captar grandes inversiones destinadas a nuevas industrias y actividades vinculadas con áreas como energías renovables, biotecnología e inteligencia artificial.
Inversiones desde US$1.000 millones
El régimen establece un piso de inversión de US$1.000 millones, muy por encima de los US$200 millones contemplados originalmente por el RIGI.
Entre los principales incentivos aparecen beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios, junto con estabilidad por un período de 30 años.
El denominado Súper RIGI tendría además un período de adhesión de cinco años, con la posibilidad de una prórroga adicional.
A diferencia del régimen original, quedarán afuera los proyectos relacionados con recursos naturales e infraestructura, así como emprendimientos preexistentes que busquen ampliarse.
El agua y la energía, en el centro de las críticas
Una parte importante del debate en el Senado estuvo concentrada en los centros de datos, una de las actividades que podría recibir inversiones bajo el nuevo esquema.
El director de Economía de la Fundación Fundar, Guido Gak, reclamó controles periódicos sobre el impacto de estos emprendimientos.
“El consumo de agua y energía de un centro de datos, por ejemplo, no ocurre el día uno, sino después de los 30 años que dura este régimen”, advirtió.
Por ese motivo, planteó la necesidad de establecer controles anuales sobre el cumplimiento ambiental y el consumo hídrico y energético, con auditorías y resultados de acceso público.
La exsecretaria de Innovación Pública Micaela Sánchez Malcolm también puso el foco sobre este aspecto y señaló que los centros de datos necesitan tres recursos fundamentales: tierra, electricidad y agua.
Además, advirtió que su impacto sobre el empleo puede ser limitado una vez finalizada la etapa de construcción, debido a que posteriormente funcionan con dotaciones relativamente reducidas.
Advertencias por una regulación a 30 años
La directora de Relaciones Institucionales de CEPPAS, Florencia Gómez, planteó interrogantes sobre los efectos acumulativos que podrían generar estas inversiones en provincias que ya enfrentan dificultades de acceso al agua.
“Se está por legislar de aquí al 2056”, remarcó al reclamar mayores precisiones sobre las consecuencias ambientales de largo plazo.
Uno de los cuestionamientos más duros provino del presidente de la Asociación de Abogados/as Ambientalistas, Enrique Viale, quien advirtió sobre eventuales conflictos relacionados con el abastecimiento hídrico, energético y el uso de los territorios.
También cuestionó que los beneficios otorgados puedan mantenerse durante siete períodos presidenciales y planteó interrogantes sobre los mecanismos internacionales para resolver futuras controversias.
El debate por el empleo y el desarrollo
Otro de los puntos discutidos fue cuánto empleo podrían generar las grandes inversiones tecnológicas.
Viale sostuvo que un centro de datos puede funcionar con apenas algunas decenas de trabajadores una vez construido, y cuestionó que se comprometan recursos naturales y energéticos a cambio de un impacto laboral reducido.
La doctora en Ciencias Sociales e investigadora del Conicet Luciana Ghiotto, por su parte, cuestionó la ausencia de una definición precisa acerca de cuáles serán las nuevas industrias beneficiadas.
A su entender, el proyecto “entrega un cheque en blanco a sectores que aún no existen” y no constituye una política industrial suficientemente definida.
El oficialismo busca el dictamen
Pese a los cuestionamientos escuchados durante el plenario, el Gobierno mantiene la intención de acelerar el tratamiento.
Sectores dialoguistas plantearon modificaciones puntuales al proyecto y la discusión continuará la próxima semana con una última ronda de especialistas.
Después de esas exposiciones, el oficialismo intentará conseguir las firmas necesarias para emitir dictamen y dejar al Súper RIGI en condiciones de ser discutido en el recinto del Senado.
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