El vocero presidencial Adrián Ravier aseguró que la adquisición de campos por capitales extranjeros “no afecta la soberanía territorial” y mencionó específicamente la producción de soja, cereales y oleaginosas en La Pampa. El Gobierno defendió además el DNU 70/2023, que la oposición buscará rechazar en Diputados.
El Gobierno nacional defendió este martes la eliminación de las restricciones para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros y utilizó a La Pampa como uno de los ejemplos de las inversiones agropecuarias que pretende promover.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, dedicó buena parte de su conferencia de prensa en Casa Rosada a explicar la posición oficial luego del fallo de la Corte Suprema que volvió a poner en el centro de la discusión la derogación de la Ley de Tierras.
“De ninguna manera que un extranjero compre una tierra en la Argentina le hace a la Argentina perder soberanía”, sostuvo.
Para ejemplificar su posición, Ravier mencionó diferentes actividades que podrían desarrollar inversores extranjeros y nombró expresamente a nuestra provincia.
Habló de adquirir tierras “para un coto de caza, para producir limones en Tucumán, para producir soja, cereales, oleaginosas en La Pampa, para producir lo que se les ocurra en cualquier provincia, frutas, manzanas, peras en Río Negro”.
“La tierra continúa en la Argentina”
El argumento central del Gobierno es que la nacionalidad del propietario de un campo no modifica la soberanía argentina sobre ese territorio.
“La tierra continúa en la Argentina, sometida a nuestras leyes, nuestros impuestos y nuestra jurisdicción”, señaló el vocero.
Según explicó, un propietario extranjero puede producir, contratar trabajadores, realizar inversiones y exportar desde esos establecimientos sin que eso implique que el territorio deje de encontrarse bajo jurisdicción argentina.
“Vender una tierra en la Patagonia no significa que esa parte de la Patagonia deja de ser argentina”, insistió.
Ravier también aseguró que la derogación de la Ley de Tierras no modifica las restricciones existentes en las zonas de seguridad de frontera y sostuvo que tampoco habilita la adquisición de parques nacionales o reservas naturales.
Qué cambió con el DNU 70
La Ley 26.737, sancionada en 2011, estableció límites a la propiedad extranjera de tierras rurales.
Entre otras disposiciones, determinaba que las tierras en manos extranjeras no podían superar el 15% de la superficie rural del territorio nacional. Ese límite también se aplicaba en cada provincia y municipio.
El artículo 154 del DNU 70/2023 derogó ese régimen.
Para el Gobierno de Javier Milei, aquellas restricciones constituían un obstáculo para la llegada de capital destinado a infraestructura, sistemas de riego, forestación, tecnología y nuevos desarrollos agropecuarios.
La administración nacional sostiene que Argentina dispone de grandes extensiones con potencial productivo y necesita inversiones de largo plazo para desarrollarlas.
Qué resolvió la Corte Suprema
La discusión se reactivó después de que la Corte Suprema revocara una sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había impedido aplicar la derogación de la Ley de Tierras.
El máximo tribunal, sin embargo, no se pronunció sobre la constitucionalidad de la derogación.
La Corte resolvió una cuestión procesal: consideró que el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata, que había promovido la demanda, no tenía legitimación suficiente para impulsar esa acción judicial.
El efecto concreto de la resolución fue dejar nuevamente operativo el artículo 154 del DNU 70/2023.
La oposición busca voltear el megadecreto
El conflicto ahora vuelve al Congreso.
Bloques opositores solicitaron una sesión especial de la Cámara de Diputados para el próximo 15 de octubre, con el objetivo de rechazar el DNU 70/2023.
El decreto ya había sido rechazado por el Senado en 2024. Si también fuera rechazado por Diputados, perdería vigencia.
El Gobierno confía en que la oposición no conseguirá los votos necesarios.
“Somos optimistas de que no va a pasar”, afirmó Ravier.
Alquileres, prepagas y comercio exterior
La eventual caída del DNU tendría consecuencias mucho más amplias que la discusión sobre las tierras rurales.
Ravier defendió las distintas desregulaciones introducidas desde diciembre de 2023 y mencionó, entre otras, la derogación de la Ley de Alquileres, los cambios en el comercio exterior, la eliminación de las leyes de Abastecimiento y Góndolas, la liberalización del sector aerocomercial y modificaciones vinculadas con las empresas de medicina prepaga.
Según el vocero, el principio que atraviesa esas reformas es reducir la intervención estatal y permitir que precios y condiciones comerciales sean determinados por la competencia y las decisiones de consumidores y empresas.
La oposición cuestiona esa interpretación y sostiene que varias de las normas derogadas funcionaban como herramientas de protección frente a la concentración económica y para garantizar derechos de consumidores, inquilinos y usuarios.
La Pampa, dentro de una discusión nacional
La mención realizada por Ravier coloca a La Pampa directamente dentro de un debate que involucra propiedad de la tierra, inversión extranjera, producción y soberanía.
En una provincia donde la actividad agropecuaria ocupa buena parte del territorio y constituye uno de los pilares de su economía, la referencia no resulta menor.
El planteo del Gobierno es que capitales extranjeros puedan adquirir tierras pampeanas para desarrollar actividades productivas sin los límites establecidos por la ley sancionada en 2011.
La discusión política y legislativa tendrá su próximo capítulo el 15 de octubre en la Cámara de Diputados, cuando la oposición intente reunir los votos necesarios para rechazar definitivamente el DNU 70/2023.
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