El gobernador bonaerense rechazó que Albertina Mangini, investigada en una causa que involucra movimientos por más de $27 mil millones, pertenezca al Poder Ejecutivo provincial. Aseguró que es empleada del Poder Judicial y reclamó al diario que rectifique la información.
El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, salió al cruce de Clarín luego de que el diario presentara como funcionaria de su administración a Albertina Mangini, una de las detenidas en una investigación por presunto lavado de dinero y asociación ilícita.
Kicillof aseguró que la mujer no trabaja ni trabajó para su gobierno, sino que pertenece al Poder Judicial bonaerense, y acusó al medio y al periodista Daniel Santoro de haber difundido información falsa sin consultar previamente al Ejecutivo provincial.
La controversia surgió después de una publicación que vinculó a Mangini con el Patronato de Liberados bonaerense y la presentó como una “funcionaria bonaerense”.
“Se nota mucho, Clarín”
El gobernador respondió públicamente a través de su cuenta de X.
“En el día de ayer, nuevamente, sin consultar con ninguna fuente del Poder Ejecutivo provincial, Clarín y Daniel Santoro publicaron maliciosamente que había sido detenida una ‘funcionaria de Kicillof’”, cuestionó.
Luego hizo una precisión sobre la situación laboral de la acusada: “La persona demorada es una empleada del Poder Judicial de la Provincia que no tiene ni tuvo ninguna vinculación laboral con el Ministerio de Justicia”.
Kicillof sostuvo además que, pese a la desmentida realizada desde su administración, el medio continuó utilizando una presentación que consideró ambigua.
“Esperamos que hoy borren el tweet y desmientan por todos sus medios la falsa noticia”, reclamó, antes de cerrar su publicación con una frase dirigida al diario: “Se nota mucho, Clarín”.
Mena también negó cualquier vínculo
El ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Juan Martín Mena, se sumó a la desmentida y aseguró que Mangini “no trabaja ni trabajó nunca en el Patronato de Liberados de la provincia de Buenos Aires”.
Según explicó, se trata de una funcionaria judicial perteneciente a la Procuración General bonaerense y “no tiene absolutamente nada que ver con el Poder Ejecutivo provincial”.
Mena también cuestionó el tratamiento periodístico del caso y afirmó que distintos medios nacionales reprodujeron la información “sin un solo chequeo ni consulta”.
La Procuración General integra el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires y está encabezada por Julio Conte Grand, designado procurador durante la gestión de María Eugenia Vidal en 2016.
Una investigación por más de $27 mil millones
Más allá de la disputa política y mediática sobre la pertenencia institucional de Mangini, existe una causa judicial en marcha.
La abogada quedó bajo investigación por orden de la fiscal platense Betina Lacki. La hipótesis apunta a una organización que habría utilizado datos personales y biométricos de personas en situación de vulnerabilidad y exdetenidos para desarrollar maniobras financieras.
De acuerdo con la acusación, se habrían ofrecido alrededor de $80.000 a distintas personas a cambio de información personal, fotografías y escaneos del iris.
Esos datos habrían sido utilizados posteriormente para abrir cuentas y billeteras virtuales que funcionaban como “mulas financieras”, permitiendo distribuir fondos y dificultar el seguimiento del dinero.
En la investigación también aparece imputado Ignacio Leonel Marchioni junto con Mangini y otras cuatro personas, en una causa que analiza presuntas maniobras de estafa, lavado de activos y asociación ilícita.
Un informe sobre operaciones atribuidas a Marchioni en la plataforma HAZ PAGOS habría detectado créditos y débitos por un flujo bruto superior a $27.149 millones. Los investigadores buscan establecer ahora el origen del dinero y determinar si una parte podría estar relacionada con actividades de juego clandestino.
Mientras avanza la causa, la discusión política quedó centrada en un punto diferente: la pertenencia institucional de Mangini. Kicillof y su ministro de Justicia sostienen que depende del Poder Judicial y no del Ejecutivo bonaerense, y exigen que Clarín rectifique la información publicada.
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