Docentes, trabajadores no docentes y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires marcharon para exigir la aplicación de una norma aprobada por el Congreso y ratificada tras el veto presidencial. La movilización culminó con una clase pública de Derecho Constitucional frente al Palacio de Justicia.
La comunidad de la Universidad de Buenos Aires (UBA) volvió a movilizarse este miércoles 4 de noviembre para reclamar al Gobierno nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya aplicación permanece paralizada pese a su aprobación legislativa y a las resoluciones judiciales que ordenaron avanzar con su implementación.
Bajo la consigna de la Marcha de las Velas, docentes, trabajadores no docentes y estudiantes recorrieron las calles porteñas desde Plaza Houssay hasta el Palacio de Tribunales, en una nueva jornada de protesta en defensa de la educación pública.
La convocatoria estuvo encabezada por las organizaciones gremiales ADUBA, APUBA y la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), que cuestionaron la decisión del Poder Ejecutivo de mantener suspendida la aplicación efectiva de la legislación.
Desde la universidad señalaron que el Gobierno no aplica la norma desde hace más de un año, a pesar de las distintas instancias legislativas y judiciales que respaldaron su vigencia.
La movilización buscó visibilizar las consecuencias del conflicto presupuestario sobre los salarios universitarios, las becas estudiantiles y el funcionamiento del sistema de educación superior.
Una marcha que terminó con una clase pública
La columna universitaria partió desde Plaza Houssay y avanzó hasta el Palacio de Justicia, donde se desarrolló una clase pública de Derecho Constitucional.
La actividad estuvo a cargo del profesor Christian Cao y del abogado constitucionalista Pablo Luis Manilli.
La elección del lugar y de la temática no fue casual: los manifestantes buscaron poner en discusión el alcance de las decisiones del Congreso, las facultades del Poder Ejecutivo y la obligación de cumplir las resoluciones judiciales.
Al finalizar la clase, los participantes entonaron el Himno Nacional Argentino y dejaron sus velas encendidas frente al edificio de Tribunales.
La imagen se convirtió en el símbolo de una protesta que combinó el reclamo salarial y presupuestario con una discusión sobre el respeto a las instituciones.
Una ley aprobada por el Congreso, pero sin aplicación efectiva
La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada por el Congreso Nacional y posteriormente vetada por el presidente Javier Milei.
Sin embargo, ambas cámaras legislativas rechazaron el veto presidencial con las mayorías de dos tercios necesarias para ratificar la norma.
Tras esa decisión, el Poder Ejecutivo promulgó la ley mediante el Decreto 759/2025, pero condicionó su aplicación a que el Congreso determinara las fuentes de financiamiento y asignara las partidas presupuestarias correspondientes.
El Gobierno fundamentó esa postura en la necesidad de preservar el equilibrio fiscal y evitar gastos que, según su interpretación, no contaban con recursos específicamente previstos.
Para las universidades y sus organizaciones gremiales, esa decisión significó impedir la aplicación de una ley que había completado el procedimiento constitucional correspondiente.
La controversia derivó en presentaciones judiciales y profundizó el conflicto entre el Ejecutivo y el sistema universitario público.
La Justicia ordenó avanzar con el financiamiento
El reclamo universitario también se apoya en decisiones del fuero Contencioso Administrativo Federal.
Según los antecedentes judiciales citados en el conflicto, la Justicia declaró inconstitucional la disposición del decreto que condicionaba la aplicación de la ley y ordenó implementar las medidas correspondientes.
Entre los puntos alcanzados se encuentran la actualización salarial de docentes y trabajadores no docentes y el refuerzo de las becas destinadas a estudiantes.
El Gobierno nacional presentó recursos de apelación contra las decisiones judiciales, por lo que la controversia continúa desarrollándose también en los tribunales.
Las organizaciones universitarias sostienen que la falta de aplicación de la norma prolonga el deterioro de los ingresos y dificulta la planificación presupuestaria de las instituciones.
Salarios, becas y funcionamiento universitario
La Ley de Financiamiento Universitario fue impulsada para dar respuesta a los problemas presupuestarios que atraviesan las universidades nacionales.
Uno de sus ejes es la recomposición salarial del personal docente y no docente, cuyos ingresos han sido motivo de sucesivos reclamos y medidas de fuerza.
La legislación también contempla mecanismos destinados a sostener el funcionamiento de las instituciones y fortalecer los programas de becas.
Para las organizaciones estudiantiles, el financiamiento no se limita al mantenimiento de edificios o al pago de salarios: también influye sobre las posibilidades de ingreso, permanencia y graduación de miles de estudiantes.
En ese sentido, advierten que el debilitamiento de los recursos universitarios puede afectar la investigación científica, la extensión, la formación profesional y el acceso a la educación superior.
Un conflicto que también involucra a las universidades del interior
Aunque la Marcha de las Velas se desarrolló en Buenos Aires, el reclamo forma parte de una problemática que alcanza al conjunto del sistema universitario nacional.
La Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), al igual que las demás instituciones públicas del país, depende del financiamiento nacional para sostener sus actividades académicas, científicas y administrativas.
Por eso, la discusión sobre la actualización de los presupuestos, los salarios y las becas también tiene relevancia para la comunidad universitaria pampeana.
Durante 2026, los sectores docentes y estudiantiles de distintas universidades del país impulsaron movilizaciones, paros y actividades públicas para reclamar mayores recursos.
La situación expone un conflicto que excede a una institución en particular y pone en debate el papel del Estado en el sostenimiento de la educación superior.
El reclamo continúa abierto
La movilización frente a Tribunales volvió a colocar la Ley de Financiamiento Universitario en el centro de la discusión política.
Mientras el Gobierno insiste en sus argumentos presupuestarios y sostiene sus apelaciones judiciales, las universidades reclaman que se concrete la actualización de los recursos establecidos por el Congreso.
El conflicto enfrenta dos posiciones: la del Ejecutivo, que plantea la necesidad de contar con financiamiento específico para ejecutar los gastos, y la de las instituciones universitarias, que sostienen que una ley vigente debe cumplirse.
Con las velas encendidas frente al Palacio de Justicia, docentes, trabajadores y estudiantes dejaron un mensaje dirigido al Gobierno nacional: la educación pública necesita recursos y el financiamiento universitario no puede seguir postergándose.
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