Mientras otros países latinoamericanos avanzan con sistemas que responsabilizan a las empresas por los envases que ponen en el mercado, Argentina continúa sin una legislación nacional equivalente. La recuperación de plásticos cayó un 11% en 2025 y la industria recicladora trabaja con casi la mitad de su capacidad instalada sin utilizar.
Argentina enfrenta una contradicción en materia ambiental y productiva: mientras crece la necesidad de reducir la contaminación por residuos plásticos, el país continúa sin una Ley de Envases que establezca obligaciones nacionales para recuperar y reciclar los materiales una vez utilizados.
La ausencia de un marco regulatorio integral contrasta con los avances registrados en otras grandes economías latinoamericanas, donde se implementaron mecanismos de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), que involucran a las empresas en la gestión de los residuos generados por sus productos.
El debate lleva más de dos décadas en el Congreso y todavía no logró traducirse en una legislación nacional que establezca metas obligatorias de recuperación, reciclado y reutilización de envases.
En ese contexto, un nuevo informe elaborado por Ecoplás y la Cámara Argentina de la Industria Plástica (CAIP) advierte sobre las dificultades que atraviesa el sector reciclador y las oportunidades económicas que podría generar una regulación adecuada.
Menos plásticos recuperados y una industria con capacidad ociosa
El Dossier de Economía Circular: Industria Plástica, Tecnología e Innovación 2026, presentado por Ecoplás y CAIP, ofrece un panorama de la situación del reciclaje de plásticos en Argentina.
Uno de sus datos más relevantes es que durante 2025 el volumen de plásticos recuperados disminuyó un 11%.
La directora ejecutiva de Ecoplás, Verónica Ramos, vinculó esta caída con la retracción del consumo y las dificultades que enfrenta el sector.
Al mismo tiempo, señaló que la industria recicladora funciona con casi un 50% de capacidad ociosa.
Esto significa que existe infraestructura industrial disponible para procesar mayores cantidades de materiales, pero que una parte importante de esa capacidad permanece sin utilizar.
La situación plantea un problema doble: por un lado, residuos potencialmente aprovechables no ingresan a los circuitos de recuperación; por otro, empresas que podrían transformarlos en nuevas materias primas operan por debajo de sus posibilidades.
La falta de un sistema nacional que organice la recolección, clasificación y valorización de los envases aparece como uno de los obstáculos para desarrollar una economía circular más eficiente.
Qué es la Responsabilidad Extendida del Productor
Uno de los conceptos centrales del debate legislativo es la Responsabilidad Extendida del Productor, conocida como REP.
Este principio establece que quienes fabrican, importan o comercializan productos deben asumir responsabilidades por la gestión de los residuos que esos productos generan una vez finalizada su vida útil.
En el caso de los envases, implica que las empresas participen en el financiamiento y la organización de sistemas destinados a recuperar materiales como plástico, vidrio, papel, cartón y metales.
El objetivo es que la gestión de los residuos no recaiga exclusivamente sobre los municipios, los consumidores o los trabajadores que realizan tareas de recuperación.
Los sistemas REP pueden incluir metas de recolección, obligaciones de reciclado, mecanismos de trazabilidad e incentivos para mejorar el diseño de los envases.
También pueden promover que los materiales recuperados vuelvan a incorporarse a los procesos productivos, reduciendo la necesidad de utilizar materias primas vírgenes.
Argentina, rezagada frente a otras economías latinoamericanas
Según Ecoplás, Argentina es la única entre las cinco principales economías de América Latina que no cuenta con una ley nacional de Responsabilidad Extendida del Productor ni con metas obligatorias de incorporación de material reciclado.
La afirmación se refiere a la ausencia de un régimen nacional específico y no significa que en el país no existan normas ambientales, regulaciones provinciales o programas municipales de separación y recuperación de residuos.
El problema señalado por las entidades es la falta de un sistema integral que establezca obligaciones comunes y permita coordinar los esfuerzos públicos y privados.
El informe también cita estimaciones internacionales que ubican la tasa general de reciclaje de Argentina alrededor del 6%.
Ese indicador debe distinguirse de las cifras específicas de recuperación de plásticos, ya que se trata de mediciones sobre universos de residuos diferentes.
La ausencia de una política nacional sostenida dificulta la planificación de inversiones, la ampliación de los sistemas de recolección diferenciada y la consolidación de mercados para los materiales recuperados.
Un proyecto que propone financiamiento privado
Durante 2025 ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto de Ley de Envases identificado con el expediente 1059-D-2025, impulsado por el entonces diputado Carlos D’Alessandro.
La iniciativa propone aplicar el principio de Responsabilidad Extendida del Productor mediante sistemas financiados por las propias empresas, sin establecer tasas estatales obligatorias como mecanismo central.
Entre las herramientas contempladas aparecen los Sistemas Integrados de Gestión (SIG) y los Sistemas de Depósito, Devolución y Retorno (DDR).
Los primeros permiten que distintas empresas organicen y financien de manera conjunta la recuperación de los residuos asociados a sus productos.
Los segundos funcionan mediante un mecanismo de devolución de envases, que puede incluir un depósito económico recuperable cuando el consumidor entrega el recipiente utilizado.
Ambas alternativas buscan incrementar las tasas de recuperación y generar circuitos más eficientes para la reutilización y el reciclaje.
El proyecto fue analizado en una reunión informativa de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de Diputados, con participación de representantes del sector industrial y otras organizaciones.
Sin embargo, hasta la información disponible al 4 de noviembre, la iniciativa no había obtenido un dictamen definitivo que habilitara su tratamiento en el recinto.
La industria reclama una ley para impulsar inversiones
El director ejecutivo de la Cámara Argentina de la Industria Plástica, Sergio Hilbrecht, expresó expectativas de que el Congreso pueda avanzar con el proyecto antes de que finalice el año.
Según explicó, existen conversaciones con el oficialismo y otros espacios políticos para alcanzar los acuerdos necesarios.
Hilbrecht destacó que una regulación basada en el financiamiento privado podría generar oportunidades para la industria del reciclaje y para el desarrollo de nuevas actividades económicas.
Desde esa perspectiva, la Ley de Envases no debería entenderse únicamente como una herramienta de protección ambiental, sino también como una política de desarrollo productivo.
Una mayor recuperación de materiales podría ampliar la demanda de servicios de recolección y clasificación, impulsar inversiones en tecnología y aumentar la disponibilidad de materias primas recicladas para distintas industrias.
De todos modos, el impacto concreto dependerá del diseño de la normativa, de las metas que se establezcan y de la capacidad para integrar a los diferentes actores del sistema.
El papel de los recuperadores urbanos y los municipios
La discusión sobre una Ley de Envases también involucra a quienes trabajan diariamente en la recuperación de residuos.
Los recuperadores urbanos, las cooperativas de reciclaje y las organizaciones dedicadas a la clasificación de materiales cumplen una función ambiental y social fundamental.
Cualquier sistema nacional de gestión de envases deberá contemplar cómo se articula esa actividad con las nuevas obligaciones empresariales y los mecanismos de financiamiento.
También será necesario definir el papel de los municipios, que actualmente tienen una responsabilidad central en la recolección y disposición de los residuos sólidos urbanos.
Sin una coordinación adecuada, una nueva legislación podría superponer sistemas o dejar fuera de los beneficios a trabajadores que ya participan de los circuitos de reciclaje.
Por eso, además de las metas ambientales y las inversiones industriales, la inclusión social y laboral constituye una dimensión importante del debate.
Un desafío que también alcanza a La Pampa
En La Pampa, como en el resto del país, la gestión de los residuos urbanos requiere la participación de gobiernos locales, trabajadores, empresas y vecinos.
La separación en origen, la recolección diferenciada y la recuperación de materiales son herramientas fundamentales para reducir el volumen de residuos destinados a disposición final.
Una legislación nacional de envases podría generar nuevas fuentes de financiamiento y establecer responsabilidades más claras para las empresas que comercializan productos envasados.
También podría favorecer el desarrollo de circuitos regionales de recuperación y procesamiento, aunque esos efectos dependerán de cómo se implemente la normativa y de las condiciones productivas de cada territorio.
Para ciudades como Santa Rosa, el debate resulta relevante porque una mayor recuperación de materiales puede contribuir a mejorar la gestión de los residuos y reducir la presión sobre los sistemas de disposición final.
Una deuda ambiental y productiva
La caída en la recuperación de plásticos durante 2025 y la elevada capacidad ociosa de la industria recicladora reflejan las dificultades que enfrenta Argentina para consolidar una economía circular.
La existencia de infraestructura industrial disponible muestra que el problema no se limita a la falta de tecnología: también involucra la organización de los circuitos de recuperación, los incentivos económicos y las responsabilidades de los distintos actores.
Después de más de veinte años de debates legislativos, la posibilidad de contar con una Ley de Envases vuelve a instalarse en la agenda parlamentaria.
El desafío será construir un sistema que permita recuperar más materiales, reducir la contaminación, fortalecer el trabajo de los recuperadores y transformar los residuos en recursos productivos.
La discusión ya no se limita a qué hacer con los envases después de utilizarlos, sino a quién debe asumir la responsabilidad de garantizar que puedan volver a formar parte del circuito económico.
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