El Banco Central intervino una de las entidades financieras más importantes del país tras detectar graves problemas de solvencia. Cerca de tres millones de clientes quedaron afectados, varios directivos fueron detenidos y la oposición impulsa un juicio político contra el presidente paraguayo. El Gobierno anunció medidas para intentar garantizar la devolución de los depósitos.
Paraguay atraviesa una de sus crisis financieras y políticas más delicadas de los últimos años. La intervención de Ueno Bank, una entidad bancaria digital que experimentó un crecimiento vertiginoso y llegó a reunir cerca de tres millones de clientes, provocó incertidumbre entre los ahorristas, protestas en Asunción y una fuerte presión sobre el gobierno del presidente Santiago Peña.
El Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso el martes 3 de noviembre el inicio de un procedimiento de resolución de la entidad, luego de constatar que sus indicadores de solvencia habían caído por debajo de los niveles mínimos exigidos por la regulación financiera.
La decisión implicó el cierre de las sucursales y la suspensión de los servicios bancarios, dejando a miles de personas sin acceso inmediato a sus cuentas.
El caso adquirió rápidamente una dimensión política debido a los vínculos comerciales que el mandatario mantuvo anteriormente con el grupo propietario del banco y a la participación de importantes organismos públicos entre sus depositantes.
Un banco con casi tres millones de clientes
Ueno Bank se convirtió en pocos años en uno de los principales protagonistas del sistema financiero paraguayo.
La entidad comenzó como una financiera y posteriormente desarrolló un modelo de banca digital que le permitió expandirse con rapidez, captar millones de usuarios y convertirse en uno de los principales emisores de tarjetas de crédito del país.
Su crecimiento también estuvo acompañado por una fuerte presencia publicitaria y acuerdos de patrocinio deportivo, entre ellos con Cerro Porteño, Olimpia y la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).
Sin embargo, detrás de esa expansión comenzaron a surgir cuestionamientos sobre la calidad de sus activos, las operaciones con empresas relacionadas con sus propietarios y la capacidad del banco para respaldar sus obligaciones.
Las inspecciones regulatorias detectaron problemas de solvencia que finalmente precipitaron la intervención.
Según los datos difundidos sobre el procedimiento, el índice de solvencia de Ueno había descendido al 5,56%, frente a un mínimo regulatorio del 12%.
La magnitud del deterioro llevó al Banco Central a considerar necesaria una actuación inmediata para proteger los depósitos y limitar los riesgos financieros.
Ahorristas en las calles y reclamos de devolución
El cierre de Ueno Bank generó escenas de tensión frente a sus sucursales en Asunción.
Clientes que buscaban retirar sus ahorros o conocer el destino de sus fondos se encontraron con las oficinas cerradas y con presencia policial en los accesos.
Las protestas se extendieron hacia distintos sectores de la capital paraguaya, donde manifestantes reclamaron respuestas de las autoridades y mecanismos urgentes para recuperar su dinero.
Algunos ahorristas organizaron una vigilia en las inmediaciones del Congreso, mientras crecía la preocupación de quienes utilizaban el banco para cobrar salarios, jubilaciones o realizar operaciones cotidianas.
La crisis también generó interrogantes sobre el alcance de las garantías estatales para los depósitos.
El sistema paraguayo contempla una cobertura de hasta 75 salarios mínimos por depositante, equivalente aproximadamente a 38.000 dólares, aunque los mecanismos y plazos de devolución dependen del procedimiento de resolución bancaria.
El Gobierno anunció que buscará acelerar los pagos mediante una legislación específica.
Los fondos jubilatorios, entre las principales preocupaciones
Uno de los aspectos más sensibles del caso es la exposición de recursos pertenecientes al Instituto de Previsión Social (IPS), organismo que administra fondos jubilatorios y prestaciones de salud.
De acuerdo con la información difundida por las autoridades paraguayas, el IPS mantiene inversiones por aproximadamente 355 millones de dólares en Ueno Bank.
Ese monto representa alrededor del 9% de su cartera de inversiones.
Además, la entidad financiera participa en el pago de haberes a unos 32.000 jubilados.
La intervención despertó preocupación sobre la disponibilidad de esos recursos y las consecuencias que podría tener una eventual pérdida patrimonial para el sistema previsional.
Otros organismos públicos también mantenían fondos en el banco, lo que amplió el impacto institucional de la crisis.
El Gobierno aseguró que trabaja en mecanismos para proteger tanto a los ahorristas particulares como a los organismos estatales afectados.
La renuncia del presidente del Banco Central
La crisis provocó una consecuencia inmediata en la conducción de la autoridad monetaria.
Carlos Carvallo presentó su renuncia a la presidencia del Banco Central del Paraguay a pedido de Santiago Peña.
Su salida adquirió especial relevancia porque, antes de asumir al frente del organismo regulador en 2023, había ocupado cargos directivos en la Financiera Ueno, antecedente de la entidad intervenida.
Esa relación alimentó cuestionamientos sobre la independencia de la supervisión bancaria y la oportunidad de las decisiones adoptadas frente al deterioro financiero.
Este miércoles 4 de noviembre, Peña anunció la propuesta de designación del economista Raúl Vera Bogado como nuevo presidente del Banco Central.
El mandatario también propuso incorporar a Pedro Acosta y Edsel González al directorio de la institución.
Las designaciones deberán atravesar los procedimientos institucionales correspondientes.
Los vínculos del presidente con el grupo propietario
La crisis también puso bajo la lupa los antecedentes comerciales de Santiago Peña.
El presidente paraguayo había mantenido inversiones en Ueno Holding, vinculada con el grupo empresarial propietario del banco, hasta 2025.
Aunque esa participación anterior no constituye por sí misma una prueba de irregularidades, se convirtió en uno de los argumentos utilizados por sectores opositores para cuestionar la relación entre el poder político y la entidad financiera.
El Grupo Vázquez, propietario de Ueno, también quedó involucrado en las investigaciones por presuntas operaciones crediticias con empresas relacionadas.
Las autoridades judiciales ordenaron la detención de ocho personas vinculadas con la conducción del banco y avanzaron con medidas destinadas a investigar posibles delitos.
La investigación deberá determinar las responsabilidades individuales y establecer si existieron conductas contrarias a la legislación financiera.
Peña busca contener la crisis
Ante el crecimiento de las protestas, el presidente Santiago Peña suspendió su participación en la Cumbre Iberoamericana prevista en España y concentró su agenda en la situación financiera.
El mandatario anunció que impulsará una ley para permitir la utilización del Fondo de Garantía de Depósitos y acelerar la devolución de los recursos.
Según explicó, el objetivo es que los pagos puedan comenzar durante esta misma semana y alcanzar a la mayor parte de los ahorristas afectados.
Peña aseguró que su prioridad es proteger los depósitos de las familias paraguayas y preservar los recursos públicos y previsionales.
También sostuvo que la situación corresponde a una entidad particular y no representa una crisis generalizada del sistema financiero nacional.
Las autoridades bancarias y representantes del sector privado coincidieron en señalar que el resto de las entidades continúa operando con normalidad.
Sin embargo, la magnitud del caso y el número de clientes afectados mantienen elevada la incertidumbre.
La oposición impulsa un juicio político
La intervención de Ueno Bank trascendió rápidamente el terreno económico.
Sectores de la oposición paraguaya comenzaron a promover un juicio político contra Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana, al considerar que el Gobierno debe responder por las fallas de supervisión y por los vínculos entre funcionarios y el grupo empresarial.
El senador Rafael Filizzola planteó la necesidad de reunir los apoyos parlamentarios para avanzar con esa iniciativa.
La discusión también alcanzó a la conducción del Banco Central, cuestionada por no haber detectado o corregido a tiempo los problemas financieros de la entidad.
No obstante, la posibilidad de destituir al presidente dependerá de los procedimientos constitucionales y de las mayorías legislativas necesarias.
Por el momento, se trata de una iniciativa impulsada por sectores opositores, no de una decisión adoptada por el Congreso.
Un golpe a la confianza financiera de Paraguay
La crisis llega en un momento en que Paraguay busca consolidar su imagen como destino atractivo para las inversiones internacionales.
El rápido crecimiento de Ueno Bank había sido presentado como una muestra del avance de la digitalización financiera y de la expansión del acceso a servicios bancarios.
Su intervención, en cambio, abrió interrogantes sobre los controles regulatorios, las operaciones entre empresas relacionadas y la administración de fondos públicos.
El desafío inmediato será establecer mecanismos efectivos para devolver los depósitos, determinar la situación patrimonial de la entidad y garantizar que el episodio no provoque una pérdida generalizada de confianza.
También será necesario esclarecer las responsabilidades de los directivos investigados y las eventuales fallas de supervisión.
La caída de Ueno Bank dejó de ser solamente un problema bancario: se transformó en una crisis política que amenaza la estabilidad del gobierno de Santiago Peña y pone a prueba la capacidad institucional de Paraguay para proteger a sus ahorristas.
Mientras continúan las investigaciones y las negociaciones legislativas, millones de clientes esperan una respuesta concreta sobre cuándo y cómo podrán recuperar su dinero.
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