Reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales, en el salón Illia del Senado de la Nación; el 15 de septiembre de 2026; en Buenos Aires, Argentina. Foto: Gabriel Cano.
La Libertad Avanza, el peronismo, el PRO, la UCR y bloques provinciales respaldaron en comisión el proyecto que busca establecer un régimen permanente de protección para las personas con discapacidad. El oficialismo apunta a convertirlo en ley el próximo 19 de noviembre.
El Senado de la Nación dio este miércoles 4 de noviembre un paso importante hacia la aprobación de una nueva ley destinada a garantizar la continuidad de las prestaciones y los derechos de las personas con discapacidad.
El proyecto de Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad recibió un amplio respaldo político en el tratamiento en comisión, con el acompañamiento de La Libertad Avanza, el bloque Justicialista, el PRO, la Unión Cívica Radical y representantes de bloques provinciales.
La iniciativa ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y el oficialismo buscará su aprobación definitiva en la sesión prevista para el 19 de noviembre.
El acuerdo representa un avance significativo en una discusión que durante los últimos meses estuvo atravesada por conflictos presupuestarios, reclamos de prestadores y cuestionamientos a las políticas nacionales en materia de discapacidad.
Un consenso que reúne al oficialismo y la oposición
El tratamiento estuvo a cargo de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano, presididas por Agustín Monteverde y Alicia Kirchner, respectivamente.
La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, destacó la posibilidad de alcanzar un entendimiento entre sectores políticos que habitualmente mantienen posiciones enfrentadas.
“El objetivo de superar la emergencia le ha dado a este Congreso un rol de encontrar una salida y no la pelea permanente”, sostuvo.
El proyecto busca conservar los principales beneficios contemplados en la Ley 27.793, vinculada con la emergencia en discapacidad, pero con una diferencia fundamental: establecerlos como derechos y mecanismos de protección permanentes.
De esta manera, el funcionamiento del sistema no dependería exclusivamente de la renovación de una declaración de emergencia.
Pensiones y trabajo: uno de los puntos centrales
Uno de los aspectos más relevantes de la iniciativa es la continuidad de la compatibilidad entre las pensiones no contributivas por discapacidad y el empleo formal.
El texto aprobado en Diputados contempla que quienes cumplan las condiciones establecidas puedan mantener la pensión mientras desarrollan una actividad laboral registrada o se inscriben en el monotributo, siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles.
La pensión prevista equivale al 70% del haber jubilatorio mínimo.
Bullrich defendió especialmente este punto y señaló que el acceso al trabajo constituye una herramienta fundamental para promover la integración social y la autonomía económica.
“Si hay algo que ayuda a superar los problemas que puede tener una familia con personas con discapacidad es que puedan trabajar y ser integradas en la totalidad de sus posibilidades”, afirmó.
La senadora también destacó la continuidad de los beneficios para empleadores que incorporen trabajadores mediante contratos por tiempo indeterminado, el régimen de empleo protegido y la cobertura sanitaria.
Prestaciones y actualización de aranceles
El proyecto mantiene el nomenclador único de prestaciones y los mecanismos de actualización periódica de los aranceles, aspectos fundamentales para el funcionamiento de los servicios destinados a personas con discapacidad.
La actualización toma como referencia el sistema de movilidad jubilatoria, vinculado con la evolución de los precios.
Esta disposición busca otorgar mayor previsibilidad a profesionales, transportistas, instituciones y centros terapéuticos que brindan prestaciones.
Los retrasos en los valores reconocidos por el sistema han sido uno de los principales motivos de reclamo del sector, debido al impacto que generan sobre la continuidad de los tratamientos y la sostenibilidad de los servicios.
La iniciativa también contempla la cobertura sanitaria a través de Incluir Salud para quienes perciban pensiones por discapacidad.
Financiamiento y controles
Entre sus disposiciones, el texto con media sanción establece que la asignación presupuestaria correspondiente no podrá ser inferior, en términos reales, a la del ejercicio fiscal anterior.
Además, prevé auditorías periódicas mediante el intercambio de información entre organismos nacionales, con garantías de debido proceso para las personas alcanzadas por los controles.
El proyecto incorpora también un cronograma para atender compensaciones adeudadas a prestadores y fija un plazo máximo de 30 días para su reglamentación por parte del Poder Ejecutivo.
Estas medidas buscan combinar la continuidad de los derechos con mecanismos de administración y control de los recursos públicos.
Una respuesta a los reclamos del sector
La discusión legislativa se desarrolla después de un prolongado conflicto por la emergencia en discapacidad y las modificaciones que el Gobierno nacional había impulsado en el marco del debate presupuestario.
La propuesta original del Presupuesto 2027 incluía cambios en el sistema de prestaciones y en la compatibilidad entre pensiones y empleo formal, que provocaron objeciones de sectores opositores y aliados.
El nuevo proyecto surgió como una alternativa para preservar las principales garantías existentes y avanzar hacia un esquema permanente.
El consenso alcanzado en el Senado refleja la importancia política de encontrar una solución que permita sostener los servicios y ofrecer mayor estabilidad a las personas con discapacidad y sus familias.
El impacto para las familias y los prestadores de La Pampa
La eventual sanción de la ley también tendrá relevancia en La Pampa, donde familias, profesionales e instituciones dependen de los mecanismos nacionales de financiamiento y cobertura de prestaciones.
La actualización de aranceles, la continuidad de las pensiones y la compatibilidad con el empleo formal son cuestiones que inciden directamente en la vida cotidiana de las personas con discapacidad.
Para los prestadores, contar con reglas estables de financiamiento representa una condición importante para sostener tratamientos, servicios de rehabilitación, transporte y acompañamiento.
El respaldo conseguido en las comisiones del Senado constituye un avance legislativo, aunque todavía resta la votación definitiva en el recinto.
Si se mantiene el acuerdo entre el oficialismo y la oposición, el próximo 19 de noviembre el Congreso podría sancionar una ley que transforme las principales garantías de la emergencia en discapacidad en un régimen permanente de protección.
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