Alrededor de 90 jefes comunales de diferentes espacios políticos llevaron sus reclamos al Congreso. Denunciaron una distribución desigual de los recursos para el transporte entre el AMBA y el interior, cuestionaron la reducción de medicamentos gratuitos y advirtieron que los municipios están asumiendo gastos que corresponden al Estado nacional.
Unos 90 intendentes de distintas provincias y fuerzas políticas se presentaron este miércoles ante la Cámara de Diputados de la Nación para reclamar una distribución más equitativa de los subsidios al transporte público, la restitución de medicamentos esenciales del Programa Remediar y el pago de las deudas que mantiene el PAMI con diferentes municipios.
La exposición se realizó ante la Comisión de Asuntos Municipales, presidida por la diputada cordobesa Carolina Basualdo, de Provincias Unidas, y puso nuevamente en discusión el impacto de las políticas nacionales sobre las administraciones locales.
Los jefes comunales coincidieron en que las decisiones del Gobierno nacional están trasladando responsabilidades financieras a los municipios, que deben sostener servicios esenciales con recursos cada vez más limitados.
El encuentro también dejó abierta la posibilidad de avanzar con acciones judiciales para reclamar fondos que, según los intendentes, tienen una asignación legal específica y no están siendo distribuidos al interior del país.
Transporte: denuncian una distribución desigual de los subsidios
Uno de los principales cuestionamientos estuvo dirigido al esquema de financiamiento del transporte público de pasajeros.
El presidente del Consejo Federal de Intendentes (COFEIN) e intendente de Córdoba, Daniel Passerini, sostuvo que existe una marcada desigualdad entre los recursos destinados al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y los que reciben las ciudades del interior.
“Hay 460 millones de dólares para el AMBA, contra cero pesos para el interior”, afirmó.
Passerini aclaró que el reclamo no apunta a eliminar los subsidios que reciben los usuarios metropolitanos, sino a garantizar un criterio federal en la distribución de los recursos.
“No estamos contra el subsidio al área metropolitana, pero no puede ser solo para una jurisdicción cuando los recursos salen del Impuesto a los Combustibles Líquidos que se paga en todo el país”, señaló.
El intendente recordó que, según el esquema de distribución que invocan los municipios, el 2,55% de la recaudación de ese impuesto debe destinarse al Fondo Compensador del transporte del interior.
Por ese motivo, no descartó acudir a la Corte Suprema de Justicia para reclamar el cumplimiento de esa asignación.
La discusión adquiere particular importancia para las ciudades que cuentan con sistemas de transporte urbano, donde la reducción del financiamiento nacional obliga a incrementar los aportes municipales o trasladar una mayor proporción de los costos al precio del boleto.
Una propuesta para reducir el precio del boleto
Durante su exposición, Passerini también planteó una alternativa vinculada con la carga impositiva sobre los combustibles.
Según explicó, si el Gobierno nacional eliminara los impuestos nacionales aplicados a la nafta, los municipios podrían reducir el valor de los pasajes.
“Proponemos que elimine los impuestos nacionales a la nafta y nosotros al día siguiente bajamos el 35% del valor del boleto de colectivo”, aseguró.
La propuesta fue presentada como una alternativa frente a la falta de transferencias destinadas a sostener los servicios de transporte urbano.
“Los municipios estamos hartos, pero no estamos vencidos. Jamás vamos a abandonar a nuestros vecinos”, expresó el presidente del COFEIN.
Rosario cuestionó la diferencia entre el AMBA y el interior
El intendente de Rosario, Pablo Javkin, también criticó el actual esquema de subsidios.
“Resulta absolutamente injusto e insostenible tener una política donde un ciudadano del AMBA valga cuatro veces lo que vale un ciudadano del interior a la hora del uso del transporte público”, manifestó.
Javkin explicó que, desde enero de 2024, los municipios vienen absorbiendo parte de los costos que anteriormente financiaba el Estado nacional.
Según indicó, esa decisión fue asumida inicialmente en un contexto de reducción de subsidios vinculada con los objetivos de estabilización macroeconómica del Gobierno.
Sin embargo, cuestionó que posteriormente se hayan dispuesto nuevos beneficios para el transporte metropolitano sin extender medidas equivalentes a las ciudades del interior.
El intendente también advirtió que se establecieron límites a la cobertura de los atributos sociales de la tarjeta SUBE, uno de los mecanismos de asistencia que continuaba financiando la Nación.
Para Javkin, el resultado es que los mayores costos terminan siendo afrontados por los municipios o directamente por los pasajeros.
Remediar: denuncian una reducción drástica de medicamentos
El segundo eje de la reunión estuvo relacionado con el Programa Remediar, destinado a distribuir medicamentos esenciales de manera gratuita en centros de atención primaria de la salud.
Los intendentes cuestionaron las modificaciones introducidas por el Ministerio de Salud de la Nación y advirtieron que el nuevo esquema reduce significativamente la disponibilidad de tratamientos.
La intendenta de San Miguel de Tucumán, Roxana Chahla, sostuvo que la cantidad de medicamentos incluidos en el programa pasó de 128 a solamente seis, lo que representa una reducción superior al 95% del listado mencionado.
Chahla señaló que entre los medicamentos excluidos se encuentra la metformina, utilizada habitualmente en el tratamiento de la diabetes tipo 2.
También expresó preocupación por las dificultades que podrían enfrentar pacientes con otras enfermedades crónicas, entre ellas trastornos tiroideos.
La jefa comunal advirtió que la falta de tratamientos oportunos puede generar complicaciones de salud que requieren intervenciones más complejas y costosas.
El planteo se suma a los cuestionamientos que vienen realizando organizaciones vinculadas con el derecho a la salud por la disminución de medicamentos distribuidos a través del sistema público.
Los intendentes sostienen que, cuando los tratamientos dejan de estar disponibles en los centros de salud, los municipios deben buscar alternativas para asistir a las personas que no pueden adquirirlos por sus propios medios.
El PAMI también acumula reclamos por deudas
Otro de los problemas expuestos ante los diputados fue el atraso en los pagos del PAMI por servicios de salud prestados a sus afiliados mediante convenios con gobiernos locales.
El intendente de Idiazábal, Juan Pablo Vassia, denunció que el organismo mantiene deudas con municipios desde hace más de un año.
Según explicó, las administraciones locales continúan atendiendo a personas mayores pese a no recibir los pagos comprometidos.
“Hace más de un año que no nos está pagando los servicios prestados conforme a un convenio que hemos suscrito con esta misma administración de PAMI”, afirmó.
Vassia precisó que los incumplimientos se extienden por más de 13 meses.
La situación obliga a las comunas a sostener prestaciones con fondos propios, lo que incrementa la presión sobre presupuestos municipales que también deben financiar obras, servicios y asistencia social.
El Presupuesto 2027, en el centro de la discusión
Los reclamos de los intendentes también ingresaron en el debate parlamentario sobre el Presupuesto nacional para 2027.
El presidente del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, sostuvo que las demandas relacionadas con el transporte, Remediar y otros servicios públicos deben ser incorporadas a la discusión presupuestaria.
El legislador señaló que su bancada buscará proponer modificaciones para destinar recursos a universidades, al Programa Remediar y al transporte del interior.
En particular, mencionó las partidas de la jurisdicción 91, para la cual se prevén 14,8 billones de pesos, como uno de los puntos sobre los que pretende plantear una reasignación de fondos.
La propuesta deberá discutirse durante el tratamiento legislativo del Presupuesto y no constituye, por el momento, una modificación aprobada.
Un debate federal que también involucra a La Pampa
Los planteos de los intendentes tienen una dimensión que trasciende a las grandes ciudades del país.
En La Pampa, la sostenibilidad de los servicios de transporte urbano y la provisión de medicamentos en el sistema público son cuestiones de importancia para las administraciones locales y provinciales.
En Santa Rosa, donde funciona el sistema municipal de transporte urbano, el debate sobre la distribución federal de los subsidios resulta especialmente relevante para analizar cómo se financian los servicios y qué proporción de sus costos deben afrontar los usuarios.
Del mismo modo, las modificaciones en Remediar generan interrogantes sobre la continuidad del abastecimiento de medicamentos esenciales en los centros de atención primaria de las distintas localidades pampeanas.
La exposición ante Diputados no aportó cifras específicas sobre el impacto de estos recortes en La Pampa, pero los reclamos planteados involucran políticas de alcance nacional.
Los municipios reclaman recuperar recursos y responsabilidades
La presentación conjunta de unos 90 intendentes mostró un punto de coincidencia entre dirigentes de diferentes espacios políticos: la necesidad de revisar cómo se distribuyen los recursos nacionales y quién termina financiando los servicios públicos.
El transporte, la atención sanitaria y la asistencia a personas mayores fueron los principales ejemplos utilizados para describir el impacto de las decisiones nacionales sobre las economías municipales.
Mientras algunos intendentes evalúan recurrir a la Justicia por los fondos vinculados al impuesto a los combustibles, otros esperan que el Congreso incorpore respuestas concretas en el Presupuesto 2027.
El reclamo central es que el ajuste de las transferencias nacionales no termine convirtiéndose en mayores costos para los municipios ni en una reducción de servicios para los vecinos.
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