El proyecto, aprobado con amplio consenso en Diputados, será tratado este miércoles en comisiones y podría convertirse en ley entre el 19 y el 26 de noviembre. La iniciativa preserva derechos establecidos en la emergencia en discapacidad, garantiza la actualización de aranceles y busca asegurar la continuidad de los tratamientos.
El Senado de la Nación retomará esta semana la actividad legislativa con el tratamiento de un proyecto que busca dar una solución permanente a la crisis del sistema de atención a las personas con discapacidad.
La iniciativa, denominada Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados con un amplio respaldo del oficialismo y sectores de la oposición.
El objetivo central es garantizar la continuidad de prestaciones, pensiones y mecanismos de financiamiento, sin depender de sucesivas declaraciones de emergencia.
El debate comenzará este miércoles 4 de noviembre, a las 16, en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano, presididas por Agustín Monteverde y Alicia Kirchner, respectivamente.
La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, buscará reunir los apoyos necesarios para obtener dictamen y habilitar el tratamiento en el recinto antes de que finalice el período ordinario de sesiones.
De acuerdo con el cronograma que maneja el oficialismo, la sanción definitiva podría concretarse entre el 19 y el 26 de noviembre.
Una respuesta a la crisis del sistema de discapacidad
La discusión se desarrolla después de meses de conflictos por el financiamiento de las prestaciones, los atrasos en los pagos y la continuidad de los servicios que reciben las personas con discapacidad.
El proyecto toma como base los principales beneficios contemplados en la Ley 27.793, vinculada con la emergencia en discapacidad, pero introduce una diferencia fundamental: busca transformar esas disposiciones en un régimen permanente.
De esta manera, los derechos y mecanismos de actualización no quedarían sujetos exclusivamente a la vigencia de una emergencia temporal.
La iniciativa fue impulsada después de que el proyecto original de Presupuesto 2027 incluyera modificaciones que generaron fuertes cuestionamientos de bloques opositores y aliados del Gobierno.
Entre los cambios inicialmente propuestos figuraban la eliminación del nomenclador único, la supresión de mecanismos automáticos de actualización de aranceles y nuevas restricciones a la compatibilidad entre pensiones y empleo formal.
La resistencia legislativa llevó al oficialismo a negociar un texto alternativo que conserva los principales instrumentos de protección del sistema.
Pensiones compatibles con el empleo formal
Uno de los puntos más relevantes del proyecto es la posibilidad de que las personas con discapacidad puedan trabajar sin perder automáticamente su pensión no contributiva.
El texto mantiene la compatibilidad entre el cobro de la pensión y el desempeño de un empleo registrado o la inscripción en el monotributo, siempre que los ingresos no superen el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles.
La pensión contemplada equivale al 70% del haber jubilatorio mínimo, bajo las condiciones establecidas en la iniciativa.
La disposición está vinculada con las personas titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD) que cumplan los requisitos correspondientes.
El propósito es evitar que el acceso al trabajo formal se convierta en un motivo de pérdida inmediata de ingresos de protección social.
Este aspecto representa uno de los cambios más importantes en términos de inclusión laboral, ya que busca reducir las barreras económicas que enfrentan las personas con discapacidad cuando intentan incorporarse al mercado de trabajo.
Aranceles actualizados para garantizar las prestaciones
Otro eje central es la continuidad del nomenclador único, utilizado para establecer los valores de referencia de las prestaciones destinadas a personas con discapacidad.
El proyecto ratifica un sistema de actualización automática y periódica de los aranceles, tomando como referencia el índice de movilidad jubilatoria, vinculado a la evolución del Índice de Precios al Consumidor.
Este mecanismo busca evitar que la inflación deteriore de manera sostenida los ingresos de quienes brindan servicios.
El financiamiento constituye una preocupación especialmente importante para transportistas, profesionales, centros terapéuticos, instituciones educativas y otros prestadores que forman parte del sistema.
Cuando los aranceles quedan retrasados respecto de los costos, pueden producirse dificultades para sostener tratamientos, traslados y servicios de apoyo.
La nueva legislación pretende establecer reglas más previsibles para la actualización de esos valores.
Financiamiento y cobertura de salud
La iniciativa también incorpora garantías presupuestarias.
Entre sus disposiciones establece que los recursos asignados al Ministerio de Salud para el sistema no podrán ser inferiores, en términos reales, a los correspondientes al ejercicio fiscal anterior.
Esto significa que el financiamiento deberá preservar su valor frente a la inflación, según los criterios previstos en la norma.
Además, se mantiene la cobertura básica de protección médica a través del programa federal Incluir Salud para quienes perciban la pensión por discapacidad.
La combinación de financiamiento, cobertura y actualización de aranceles busca dar mayor estabilidad al sistema y reducir la incertidumbre que afecta tanto a las familias como a las instituciones prestadoras.
Auditorías con garantías para los beneficiarios
El proyecto contempla un sistema de auditorías periódicas destinado a controlar el funcionamiento de las prestaciones y verificar el cumplimiento de los requisitos.
Para ello, prevé el intercambio de información entre la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).
Las auditorías deberán desarrollarse bajo el principio del debido proceso inclusivo, con garantías para las personas alcanzadas por los controles.
El objetivo declarado es fortalecer la transparencia y la administración de los recursos sin desconocer los derechos de quienes reciben las prestaciones.
Deudas con prestadores y plazo para reglamentar la ley
A pedido de los bloques aliados, el proyecto incorpora una cláusula transitoria destinada a atender las obligaciones pendientes con los prestadores.
La disposición establece la elaboración de un cronograma para el pago de las compensaciones adeudadas, uno de los reclamos que atraviesan al sector.
También fija un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la norma una vez que entre en vigencia.
Este último punto busca evitar demoras administrativas que puedan postergar la aplicación efectiva de las disposiciones aprobadas por el Congreso.
Una negociación vinculada con el Presupuesto 2027
El tratamiento de la ley de discapacidad también forma parte de las negociaciones parlamentarias alrededor del Presupuesto nacional para 2027.
Distintos bloques dialoguistas condicionaron su acompañamiento a que se retiraran las modificaciones que reducían las garantías del sistema de discapacidad.
En ese escenario, las diputadas oficialistas Laura Rodríguez Machado y Silvana Giudici participaron de las conversaciones que permitieron construir una propuesta con mayor consenso.
El oficialismo necesita ahora trasladar ese acuerdo a la Cámara alta para conseguir el dictamen y avanzar hacia la sanción definitiva.
Una discusión que también importa en La Pampa
Aunque el debate se desarrolla en el Congreso nacional, sus consecuencias alcanzan a todas las provincias.
En La Pampa, las familias, los profesionales y las instituciones que trabajan con personas con discapacidad dependen de reglas nacionales que determinan aspectos fundamentales del acceso a tratamientos, transporte, rehabilitación y acompañamiento.
La actualización de los aranceles, la continuidad de las pensiones y la estabilidad del financiamiento son cuestiones que inciden directamente en la prestación cotidiana de esos servicios.
Por eso, la discusión legislativa trasciende la disputa entre el oficialismo y la oposición: involucra derechos, condiciones laborales y la posibilidad de sostener tratamientos de manera continua.
El próximo paso será la obtención del dictamen en el Senado. Si se mantiene el acuerdo alcanzado en Diputados, el Congreso podría sancionar antes de fin de mes una ley destinada a convertir en permanentes las principales garantías del sistema de discapacidad.
Hasta entonces, los cambios previstos seguirán siendo una propuesta legislativa y no disposiciones vigentes de la nueva ley.
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