La Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo firmó un dictamen para avanzar con la designación de siete integrantes del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. El acuerdo reunió al oficialismo y a sectores de la oposición, aunque el peronismo planteó objeciones a uno de los candidatos. Las designaciones todavía deberán recibir la aprobación de ambas cámaras del Congreso.
La Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo del Congreso de la Nación avanzó este miércoles 4 de noviembre en la renovación del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), al emitir un dictamen favorable para la designación de siete nuevos integrantes del organismo.
La decisión fue adoptada durante una reunión encabezada por el senador radical pampeano Daniel Kroneberger, presidente de la comisión, y contó con el acompañamiento de La Libertad Avanza, la Unión Cívica Radical, el PRO y el peronismo, que firmó en disidencia.
El dictamen constituye un paso importante para completar la integración del organismo encargado de supervisar las condiciones de detención y prevenir situaciones de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Sin embargo, las designaciones todavía no están confirmadas, ya que deberán ser aprobadas por las cámaras de Diputados y Senadores.
Quiénes son los siete candidatos propuestos
La nómina acordada por la Comisión Bicameral incluye representantes propuestos desde ambas cámaras legislativas y desde el Poder Ejecutivo nacional.
Por la Cámara de Diputados fueron postulados:
- Eduardo Toniolli: exdiputado nacional vinculado al Movimiento Evita.
- Diego Hernán Armesto: abogado constitucionalista.
- Fernando Gabriel Zarabozo: candidato cuya postulación recibió cuestionamientos por sus antecedentes en la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
Por el Senado de la Nación fueron propuestos:
- Humberto Schiavoni: exsenador nacional del PRO.
- Mariano Ariel Przybylski: exfuncionario de la Secretaría de Derechos Humanos durante el gobierno de Alberto Fernández.
- Gabriela Silvana Bencina: psicóloga.
A ellos se suma Leonardo Fabián Szuchet, propuesto como representante de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación.
La polémica por la candidatura de Zarabozo
Aunque el dictamen reunió el respaldo de distintos espacios políticos, la postulación de Fernando Gabriel Zarabozo generó diferencias durante el debate.
El peronismo acompañó el despacho en disidencia debido a los cuestionamientos sobre la independencia del candidato, vinculados con su desempeño en la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
La objeción también estuvo relacionada con una impugnación presentada por la Comisión Provincial por la Memoria.
La senadora justicialista Ana Marks explicó los motivos del rechazo y sostuvo que la situación laboral del postulante planteaba dudas sobre su autonomía para desempeñarse en un organismo de control.
“Hemos sido claros con nuestro posicionamiento por su falta de independencia con cargo actual en la PSA”, expresó.
La legisladora argumentó que una eventual renuncia no resolvería necesariamente los cuestionamientos, debido a las relaciones institucionales y áreas de responsabilidad que, según su posición, podrían continuar vinculadas con el candidato.
Entre los aspectos mencionados señaló cuestiones relacionadas con el uso de armas de fuego y la protesta social.
Desde el oficialismo, la senadora Nadia Márquez respondió que la impugnación había sido presentada fuera de los plazos establecidos.
“Si era una impugnación, era extemporánea porque ya había vencido el plazo”, manifestó.
La controversia dejó expuestas las diferencias sobre los requisitos de independencia que deben reunir quienes integran un organismo dedicado a la prevención de la tortura.
Kroneberger destacó el acuerdo entre los bloques
Al abrir la reunión, Daniel Kroneberger recordó que la renovación del Comité era una cuestión pendiente debido al vencimiento de los mandatos de sus integrantes.
El senador pampeano señaló que el dictamen fue resultado de un proceso de evaluación que incluyó una audiencia pública realizada el 27 de octubre.
Durante esa instancia, los postulantes tuvieron la posibilidad de presentar sus antecedentes y responder inquietudes de los legisladores.
“Este es el corolario. Para llegar a esto transitamos un camino”, expresó Kroneberger al repasar el procedimiento.
El legislador también destacó la necesidad de alcanzar acuerdos políticos para permitir el funcionamiento de los organismos institucionales.
Desde la UCR, afirmó, acompañaron el dictamen y valoraron la disposición de los distintos bloques para avanzar con las designaciones.
“Agradecemos a los integrantes de la comisión, a todos los bloques, por entender que en algún momento tenemos que llegar al equilibrio para avanzar”, sostuvo.
Qué función cumple el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura forma parte del sistema institucional argentino destinado a prevenir la tortura y los malos tratos en lugares donde existen personas privadas de su libertad.
Su tarea comprende el seguimiento de las condiciones de detención y la promoción de mecanismos de prevención y control.
Entre sus funciones se encuentran las visitas a establecimientos penitenciarios y otros espacios de privación de libertad, la elaboración de informes y recomendaciones, y la articulación con organismos provinciales y organizaciones de derechos humanos.
La independencia de sus integrantes constituye un aspecto central para garantizar que estas tareas puedan desarrollarse sin interferencias de los organismos o instituciones que deben ser supervisados.
Por ese motivo, los antecedentes y vínculos institucionales de los candidatos suelen formar parte de la evaluación previa a sus designaciones.
La decisión final queda en manos del Congreso
Con el dictamen firmado, el proceso de renovación del Comité ingresa en una nueva etapa.
Las siete postulaciones deberán ser consideradas por ambas cámaras del Congreso, que tendrán la responsabilidad de completar el procedimiento de designación.
El acuerdo alcanzado en la Comisión Bicameral representa un avance institucional, aunque las diferencias planteadas alrededor de uno de los candidatos anticipan que el debate podría continuar.
La renovación del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura pone nuevamente en discusión la importancia de contar con organismos de control independientes, capaces de supervisar las condiciones de detención y garantizar el respeto de los derechos humanos en todo el país.
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