La Justicia avanza con una maratón de indagatorias mientras analiza audios clave y mantiene embargos sobre empresas vinculadas al organismo.
El escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) suma nuevos capítulos y promete escalar durante todo mayo. La Justicia federal continuará con la ronda de declaraciones a los 35 imputados en la causa que investiga presuntas irregularidades en contrataciones y prestaciones dentro del organismo.
El proceso está en manos del juez Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi, quienes fijaron un cronograma de indagatorias que se extenderá hasta el 26 de mayo. En la lista aparecen ex funcionarios, empresarios y proveedores ligados a servicios sensibles como prótesis, sillas de ruedas y medicamentos de alto costo.
Audios bajo la lupa
Uno de los puntos más delicados de la causa gira en torno a los audios filtrados que dieron origen a la investigación. Lijo ordenó peritajes técnicos para determinar su autenticidad y descartar posibles manipulaciones.
La tarea fue asignada a la Gendarmería Nacional, que deberá analizar si los registros presentan ediciones, alteraciones o incluso intervenciones con herramientas de inteligencia artificial.
Desde la defensa del ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, encabezada por el abogado Mauricio D’Alessandro, ya anticiparon una estrategia clara: poner en duda la validez de esos audios al sugerir que podrían haber sido generados o modificados con IA.
Bienes inhibidos y foco en el circuito económico
En paralelo, la Justicia decidió mantener la inhibición general de bienes sobre los imputados y las empresas involucradas. El objetivo es asegurar un eventual recupero de fondos en caso de que se comprueben maniobras de corrupción.
La investigación apunta a reconstruir el circuito económico detrás de las contrataciones, con especial atención en proveedores vinculados a insumos médicos esenciales, un punto que amplifica la gravedad política del caso.
Un expediente que recién empieza
Con decenas de declaraciones por delante y pruebas técnicas en análisis, el caso ANDIS se perfila como otro frente judicial complejo para el oficialismo. La combinación de audios cuestionados, contratos bajo sospecha y fondos públicos en juego mantiene a la causa en el centro de la agenda.
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