El organismo de derechos humanos cuestionó el accionar de las fuerzas de seguridad durante la movilización contra la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Denunció disparos de balas de goma y gases a corta distancia, ataques contra trabajadores de prensa y afirmó que policías recogían casquillos durante el operativo. Hubo 14 personas hospitalizadas y 29 detenidas.
La represión desplegada durante la multitudinaria protesta frente al Congreso contra el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada sumó este viernes una fuerte denuncia del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que cuestionó la actuación de las fuerzas federales y de la Policía de la Ciudad.
Según el relevamiento difundido por el organismo, durante varias horas se registraron disparos de postas de goma a corta y media distancia, lanzamiento de gases lacrimógenos, utilización de carros hidrantes y avances policiales sobre manifestantes que se encontraban en distintos sectores de la Plaza de los Dos Congresos y calles aledañas.
Uno de los señalamientos más graves del CELS apunta a lo sucedido después de los disparos. “Los policías levantaban casquillos a su paso para borrar evidencias”, denunció la organización.
El organismo sostuvo además que hubo personas alcanzadas por proyectiles en zonas sensibles, especialmente la cabeza y el rostro.
“Toda la intervención fue ilegal”
Victoria Darraidou, coordinadora del equipo de Violencia Institucional del CELS, cuestionó los métodos utilizados durante el operativo.
“Un disparo de bala de goma no puede ir a la cara, un gas no se puede tirar a 10 centímetros de una persona”, afirmó.
La organización aseguró que prácticamente desde el comienzo de la intervención policial ya se había registrado una persona con una lesión ocular provocada por una posta de goma.
El despliegue involucró a efectivos de la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y posteriormente a la Policía de la Ciudad.
Hidrantes bajo la lluvia
El CELS también cuestionó particularmente la utilización de los carros hidrantes. Según el organismo, no fueron empleados únicamente para contener incidentes específicos, sino como “una herramienta de dispersión sostenida”.
La situación estuvo agravada por las condiciones meteorológicas: durante buena parte de la protesta llovió y las temperaturas se mantuvieron bajas, mientras los manifestantes eran alcanzados por agua, gases y proyectiles.
Los hidrantes avanzaron por diferentes sectores de las inmediaciones del Congreso y, según la denuncia, llegaron a ser utilizados incluso en zonas donde circulaban automóviles y colectivos.
Con el correr de las horas, las fuerzas avanzaron desde diferentes puntos y desplazaron progresivamente a los manifestantes hacia Avenida de Mayo y otras calles del centro porteño.
Periodistas también fueron alcanzados
Otro de los puntos denunciados fue el accionar contra trabajadores de prensa que cubrían los acontecimientos.
El CELS aseguró que efectivos lanzaron gases contra fotógrafos que registraban una detención y posteriormente se dispararon postas de goma hacia sectores donde trabajaban móviles periodísticos.
Una fotógrafa sufrió traumatismo de cráneo y sangrado en un oído y debió ser trasladada al Hospital Argerich.
De acuerdo con el balance difundido por la organización, 14 personas fueron hospitalizadas, mientras que una gran cantidad de manifestantes recibió asistencia en las postas sanitarias por impactos de municiones de goma, irritación ocular y dificultades respiratorias.
29 detenidos
El operativo dejó además 29 personas detenidas. Según la información consignada por el CELS, ocho arrestos fueron realizados por la Policía de la Ciudad y 21 por fuerzas federales.
Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia porteña y fueron denunciados por funcionarios del Ministerio de Seguridad por distintos delitos, entre ellos atentado y resistencia a la autoridad.
El organismo cuestionó especialmente que también se planteara la figura de atentado contra el “orden constitucional y la vida democrática”, bajo el argumento de que las acciones habrían buscado impedir que las autoridades cumplieran sus funciones durante el tratamiento legislativo.
Una protesta atravesada por el debate en el Senado
La represión se produjo mientras el Senado discutía la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa que el Gobierno consiguió aprobar en general por 37 votos contra 33, aunque sufrió dos retrocesos importantes.
Antes de llegar al recinto había retirado el capítulo que flexibilizaba los límites para la adquisición de tierras rurales por extranjeros y, durante la votación en particular, debió retirar también las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego por falta de respaldo.
El resto del proyecto fue aprobado y pasó a la Cámara de Diputados.
Para el CELS, el objetivo del despliegue policial fue “impedir la protesta” y la jornada terminó con una manifestación dispersada mediante “el ejercicio intensivo de la violencia policial contra manifestantes y trabajadores de prensa”.
La denuncia abre ahora otro capítulo alrededor de una jornada que combinó una fuerte movilización social, una extensa represión en las calles y un debate legislativo en el que el Gobierno consiguió avanzar con su proyecto, aunque debió resignar dos de sus capítulos más controvertidos.
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