La discusión por el futuro del régimen de Zona Fría sumó en las últimas horas nuevas voces de rechazo entre intendentes bonaerenses, que advierten sobre el impacto que tendría la modificación del esquema de subsidios para miles de hogares del interior del país.
La iniciativa, que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación y aguarda tratamiento en el Senado, propone cambios en el régimen que actualmente otorga descuentos en las tarifas energéticas a usuarios de regiones con bajas temperaturas.
Ante este escenario, varios jefes comunales comenzaron a coordinar acciones para intentar frenar el avance del proyecto. Entre ellos se encuentra el intendente de Salliqueló, Ariel Succurro, quien alertó que la reforma podría afectar a unas 4.500 familias de su distrito.
El reclamo pone el foco en una discusión histórica del interior bonaerense. Durante años, municipios ubicados en el sudoeste de la provincia reclamaron ser incorporados a los beneficios que ya alcanzaban a localidades de La Pampa y la Patagonia, argumentando que enfrentaban condiciones climáticas similares.
Esa demanda derivó en la ampliación del régimen de Zona Fría aprobada en 2021, que permitió incorporar a numerosos distritos bonaerenses y reducir el costo de los servicios energéticos para miles de usuarios.
Ahora, los intendentes temen que los cambios impulsados por el Gobierno nacional impliquen una pérdida de esos beneficios en un contexto de fuerte incremento de tarifas y caída del poder adquisitivo.
Desde los municipios sostienen que la discusión excede lo económico y plantean una cuestión de equidad territorial. «Estamos cansados de ser ciudadanos de tercera», expresó Succurro al recordar los años de reclamos para lograr que localidades bonaerenses recibieran un tratamiento similar al de otras regiones con características climáticas comparables.
Mientras el debate permanece estancado en el Senado, los jefes comunales buscan sumar respaldo político y social para evitar modificaciones que, aseguran, tendrían consecuencias directas sobre miles de familias del interior.
La definición final dependerá del tratamiento legislativo, aunque por el momento la falta de consensos en la Cámara alta mantiene en suspenso el futuro de uno de los regímenes de asistencia energética más importantes para las zonas de bajas temperaturas del país.
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