El caso de Stericycle, multinacional que reconoció pagos de sobornos para obtener contratos públicos en América Latina, vuelve a poner en discusión los mecanismos de contratación estatal. Las vinculaciones societarias, las habilitaciones ambientales y la comprobación de los servicios realizados aparecen como aspectos centrales para garantizar la transparencia en el manejo de residuos.
La contratación de empresas dedicadas al tratamiento y disposición final de residuos plantea desafíos que van mucho más allá del precio de una licitación. La capacidad técnica de los operadores, sus antecedentes empresariales, las habilitaciones ambientales y la verificación efectiva de los servicios constituyen elementos fundamentales para proteger los recursos públicos y evitar irregularidades.
El debate adquiere especial relevancia a partir de los antecedentes de Stericycle, una multinacional dedicada a la gestión de residuos que reconoció un esquema de sobornos para obtener y conservar negocios públicos en Argentina, Brasil y México.
El caso también permite examinar los vínculos societarios de empresarios argentinos relacionados con compañías que integraron la estructura local del grupo, así como los controles que deben realizar los organismos estatales antes de adjudicar contratos y autorizar pagos.
Stericycle y los sobornos reconocidos en América Latina
En abril de 2022, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) informó que Stericycle había participado en prácticas de corrupción destinadas a conseguir o mantener contratos con organismos estatales de Argentina, Brasil y México.
Según la investigación estadounidense, la compañía utilizó mecanismos para ocultar los pagos indebidos, entre ellos registros contables codificados, proveedores ficticios y facturas falsas.
Las autoridades también identificaron deficiencias en los sistemas internos de control contable de la multinacional.
La resolución coordinada con organismos estadounidenses y brasileños implicó consecuencias económicas superiores a los 84 millones de dólares, una cifra que corresponde a los acuerdos alcanzados y no al monto total de los sobornos.
El antecedente constituye un elemento relevante para evaluar los sistemas de integridad empresarial, aunque no significa que todas las sociedades vinculadas históricamente con Stericycle o sus antiguos propietarios hayan sido declarados responsables de esas conductas.
Las sociedades argentinas y los movimientos empresariales
En Argentina, parte de la reconstrucción empresarial involucra a Gustavo Gabriel Mauro, Fernando Javier Mauro y Gustavo Osvaldo Solari.
Los tres participaron en la venta de TRI-ECO al grupo Stericycle en 2013.
Posteriormente, una cesión de participaciones instrumentada el 3 de agosto de 2020 y publicada en el Boletín Oficial en febrero de 2021 estableció que cada uno quedara con el 30% de MEDAM B.A. S.R.L., reuniendo conjuntamente el 90% del capital social.
Estos movimientos permiten reconstruir relaciones comerciales y societarias relevantes para identificar a los actores que intervienen en el sector.
Sin embargo, la existencia de vínculos empresariales no constituye por sí misma una prueba de participación en los hechos de corrupción reconocidos por Stericycle.
Para determinar eventuales responsabilidades resulta indispensable examinar las resoluciones judiciales y administrativas, las personas o sociedades alcanzadas y los hechos concretos atribuidos a cada una.
Qué debe investigar el Estado antes de adjudicar
La selección de empresas que prestan servicios de tratamiento de residuos requiere verificar tanto los antecedentes del oferente como su capacidad real para cumplir las obligaciones contractuales.
La normativa nacional de contrataciones contempla distintas situaciones que pueden afectar la elegibilidad de una empresa, entre ellas determinadas continuidades de sociedades inhabilitadas, simulaciones de competencia e incumplimientos contractuales anteriores.
También existen disposiciones relacionadas con condenas firmes en el extranjero por soborno transnacional y con inhabilitaciones establecidas por organismos multilaterales.
No obstante, su aplicación depende de las circunstancias específicas de cada contratación.
Un acuerdo de enjuiciamiento diferido celebrado en otro país no equivale automáticamente a una condena firme. Del mismo modo, las reglas nacionales no sustituyen las normativas propias de las provincias y los municipios.
Por eso, cada organismo contratante debe evaluar la situación jurídica concreta de las empresas que participan en sus licitaciones.
Residuos peligrosos: no alcanza con adjudicar el contrato
En actividades vinculadas con residuos industriales, sanitarios o potencialmente peligrosos, la fiscalización debe extenderse a toda la cadena de tratamiento.
No basta con que una empresa presente una oferta económica conveniente o declare disponer de instalaciones adecuadas.
Es necesario comprobar que las plantas estén habilitadas para recibir los materiales correspondientes, que los procedimientos de tratamiento sean los autorizados y que exista capacidad suficiente para procesar los volúmenes contratados.
También resulta fundamental identificar a los transportistas, operadores y posibles subcontratistas que participan en cada etapa.
La documentación debe permitir reconstruir el recorrido de los residuos desde su retiro hasta su tratamiento y disposición final.
Esto incluye registros de transporte, recepción en planta, procesamiento y certificados que acrediten el destino de los materiales.
La pregunta central es si el Estado puede demostrar que pagó por un servicio efectivamente realizado y en las condiciones ambientales exigidas.
Los cuestionamientos sobre instalaciones en la Patagonia
Las actividades vinculadas con el tratamiento de residuos petroleros también forman parte de los antecedentes examinados.
Una investigación periodística de 2020 relacionó a empresarios del sector con una planta ubicada en las cercanías de Añelo, en Neuquén, y planteó interrogantes sobre las instalaciones previstas para procesar residuos provenientes de la actividad hidrocarburífera.
La cuestión resulta especialmente sensible por la expansión de la producción petrolera en Vaca Muerta y la necesidad de contar con infraestructura adecuada para gestionar los residuos generados por esa industria.
La existencia de instalaciones autorizadas, su capacidad operativa y la trazabilidad de los materiales son condiciones esenciales para reducir riesgos ambientales.
Los cuestionamientos sobre una planta, sin embargo, deben distinguirse de la acreditación administrativa o judicial de eventuales incumplimientos.
Una investigación ambiental y pedidos de documentación
Otro elemento relevante es la actuación 4398/2026 de la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (UFIMA).
Las actuaciones mencionadas incluyen requerimientos para identificar operadores, establecer la procedencia de residuos y obtener contratos y órdenes de compra.
En ese contexto, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires respondió con información sobre contrataciones correspondientes a 2025 y 2026.
Entre las empresas incluidas aparece Hábitat Ecológico, una sociedad vinculada históricamente con la estructura argentina de Stericycle.
La presencia de una firma en registros de contratación pública no implica, por sí sola, la existencia de irregularidades. Su importancia reside en que permite identificar operaciones concretas y examinar la documentación respaldatoria.
Transparencia, ambiente y dinero público
El tratamiento de residuos constituye una actividad esencial para la salud pública y la protección ambiental, pero también representa un mercado de importantes contratos estatales.
Cuando los servicios involucran materiales peligrosos, residuos patogénicos o desechos industriales, los controles adquieren una importancia todavía mayor.
La fiscalización no debería limitarse al momento de adjudicar una licitación. También debe alcanzar la ejecución del contrato y la autorización de cada pago.
Para ello, los organismos públicos necesitan disponer de información verificable sobre las empresas, sus antecedentes, las instalaciones utilizadas y los trabajos realizados.
Los antecedentes de corrupción internacional, las operaciones societarias y las investigaciones ambientales constituyen elementos que justifican profundizar los controles, sin que ello implique atribuir responsabilidades no demostradas.
La transparencia en este sector depende de tres cuestiones fundamentales: saber quién recibe los contratos, comprobar que cuenta con capacidad para prestar el servicio y verificar que los residuos hayan recibido el tratamiento por el cual el Estado pagó.
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