El fiscal federal Gerardo Pollicita consideró que no existen pruebas suficientes para sostener una acusación por enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete, pero pidió investigar posibles delitos impositivos. La causa incluye gastos superiores a 400 mil dólares, operaciones con criptomonedas y fondos que habrían permanecido fuera de las declaraciones fiscales.
La investigación judicial sobre el patrimonio de Manuel Adorni tuvo este viernes 6 de noviembre un cambio significativo. El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó que el expediente deje de tramitar bajo la hipótesis de enriquecimiento ilícito y sea remitido a la Justicia Nacional en lo Penal Económico para determinar si el exfuncionario cometió delitos tributarios.
El planteo se produjo después de analizar la documentación presentada por Adorni para justificar el origen de los fondos utilizados en distintas operaciones inmobiliarias y gastos personales.
Según la evaluación fiscal, los elementos reunidos no permiten descartar que una parte importante de ese dinero haya sido obtenida antes de su ingreso al Gobierno de Javier Milei.
Sin embargo, esa conclusión no significa que las operaciones investigadas hayan quedado completamente esclarecidas.
El fiscal advirtió que persisten indicios de posibles irregularidades en las declaraciones de ingresos, la tenencia de dólares en efectivo y las operaciones con criptomonedas.
El pedido deberá ser evaluado por el juez federal Ariel Lijo, quien tendrá que resolver si corresponde trasladar el expediente al fuero especializado.
Más de 400 mil dólares bajo investigación
La causa se inició a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano y se concentró en la evolución patrimonial de Adorni durante su paso por el Poder Ejecutivo.
Entre diciembre de 2023 y junio de 2026, la fiscalía identificó gastos por aproximadamente 402.578 dólares, vinculados principalmente con operaciones inmobiliarias, refacciones y otras adquisiciones.
De ese monto, alrededor de 374 mil dólares habrían sido abonados en efectivo.
También se detectó una diferencia superior a los 43 millones de pesos entre los ingresos comprobados del grupo familiar y las erogaciones realizadas durante el período examinado.
Estas cifras motivaron una serie de requerimientos para establecer de dónde provenían los fondos y si existía una correspondencia entre los movimientos patrimoniales y los ingresos declarados.
La explicación de Adorni: inversiones en Bitcoin
Uno de los puntos centrales del descargo presentado por el exfuncionario fue su actividad previa en el mercado de criptomonedas.
Adorni sostuvo que entre 2014 y 2018 había invertido aproximadamente 200 mil dólares en Bitcoin y que posteriormente obtuvo 591.544 dólares mediante la venta de esos activos.
Según su explicación, conservó una parte importante de ese dinero en dólares billete, fuera del sistema bancario.
Para evaluar esa versión, la fiscalía examinó ocho direcciones digitales aportadas por la defensa.
Las verificaciones permitieron establecer que las billeteras existían y registraban movimientos durante el período señalado. No obstante, no fue posible determinar completamente quién las administraba en aquel momento ni identificar a todas las personas que participaron en las transacciones.
Ante esas limitaciones, Pollicita consideró que no había pruebas suficientes para descartar la explicación de Adorni y atribuirle un incremento patrimonial ilícito durante el ejercicio de la función pública.
Pero el análisis abrió otro interrogante: si esos fondos existían desde años anteriores, correspondía establecer si habían sido declarados correctamente ante los organismos tributarios.
El nuevo foco: dinero en efectivo y bienes no declarados
La investigación podría continuar ahora sobre posibles incumplimientos de las obligaciones fiscales.
Entre los aspectos que el fiscal considera necesario examinar figuran los ingresos utilizados para adquirir criptomonedas, las ganancias obtenidas con su venta y la tenencia de moneda extranjera fuera del circuito bancario.
También aparecen diferencias entre la información registrada en plataformas digitales y las declaraciones presentadas ante los organismos públicos.
Otro punto relevante es la incorporación de bienes y fondos mediante declaraciones juradas rectificativas realizadas después del inicio de la investigación.
Para la fiscalía, estos elementos justifican determinar si existieron maniobras que pudieran configurar evasión de impuestos nacionales, entre ellos Ganancias y Bienes Personales.
La existencia de dinero no declarado no demuestra por sí sola la comisión de un delito penal tributario. Para establecerlo deberán analizarse los períodos fiscales involucrados, los montos eventualmente omitidos y las demás condiciones previstas por la legislación.
Las propiedades que quedaron bajo la lupa
La investigación también examinó operaciones inmobiliarias realizadas por Adorni y su entorno familiar.
Una de ellas fue la adquisición de una vivienda en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, concretada en noviembre de 2024 por 120 mil dólares.
Según la documentación analizada, 100 mil dólares provinieron de un préstamo privado y los 20 mil restantes fueron abonados en efectivo.
Las refacciones de esa propiedad también generaron diferencias entre las cifras declaradas. El contratista Matías Tabar afirmó haber cobrado 245 mil dólares en efectivo y sin facturas, mientras que Adorni sostuvo que las obras habían costado 175 mil dólares.
Otra operación examinada fue la compra de un departamento en la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito.
La adquisición se realizó en noviembre de 2025 por 230 mil dólares, mediante un pago de 30 mil dólares en efectivo y un financiamiento privado por los 200 mil restantes.
La fiscalía también solicitó explicaciones sobre préstamos particulares, viajes, gastos familiares y otras operaciones.
En paralelo, Pollicita pidió investigar posibles irregularidades tributarias vinculadas con personas que participaron en algunas de las transacciones y remitir antecedentes para evaluar la actuación profesional de una escribana interviniente.
Qué significa el cambio de rumbo judicial
La decisión solicitada por el fiscal modifica el enfoque de la investigación, pero no representa una absolución ni un sobreseimiento de Manuel Adorni.
La diferencia entre ambas hipótesis es importante.
El enriquecimiento ilícito de un funcionario público exige analizar un incremento patrimonial apreciable que no pueda justificarse debidamente durante el ejercicio de sus funciones.
En cambio, una investigación por evasión tributaria busca determinar si se omitió declarar ingresos o bienes y si esa conducta produjo un perjuicio fiscal que reúna los requisitos de un delito.
Por eso, aun cuando no existan elementos suficientes para sostener la primera acusación, pueden subsistir hechos que requieran un examen desde la legislación impositiva.
El próximo paso dependerá de la resolución del juez Ariel Lijo sobre el pedido de cambio de competencia.
La causa Adorni, lejos de quedar definitivamente cerrada, podría ingresar en una nueva etapa judicial centrada en el origen fiscal de sus fondos, las operaciones en efectivo y las declaraciones patrimoniales realizadas durante los últimos años.
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