La presentación judicial cuestiona las tasas aplicadas a determinados créditos otorgados a través de la plataforma. La asociación que impulsa el reclamo pretende que se revisen los cobros de los últimos tres años y estima que una eventual resolución colectiva podría alcanzar a unos siete millones de usuarios.
Mercado Pago enfrenta una demanda judicial por el presunto cobro de intereses abusivos en operaciones de financiamiento, con tasas que, según la organización que impulsa el reclamo, habrían superado en algunos casos el 1.300% anual.
La presentación fue promovida por el abogado Diego Espasandín, fundador de la Asociación de Consumidores Financieros de la República Argentina (ACFRA), y tramita ante el Juzgado N° 24 de la Ciudad de Buenos Aires.
De acuerdo con los cálculos realizados por la asociación, los costos aplicados a determinados usuarios alcanzarían niveles que considera desproporcionados. La cifra del 1.300% surge de las mediciones de ACFRA y forma parte de los argumentos de la demanda; no implica, hasta el momento, una determinación judicial sobre la existencia de un cobro ilegal.
Reclaman revisar los últimos tres años
El planteo busca que la Justicia analice las sumas cobradas durante los últimos tres años y determine si existieron importes percibidos indebidamente. En caso de comprobarse, los demandantes pretenden que esos montos sean restituidos a los consumidores afectados.
Espasandín sostuvo que muchos usuarios recurrieron al financiamiento ofrecido por la plataforma para resolver necesidades económicas y posteriormente se encontraron con costos financieros elevados.
La causa tuvo su origen en dos reclamos individuales, pero ACFRA busca que el planteo adquiera alcance colectivo.
Según la estimación de la entidad, una eventual sentencia favorable bajo esas condiciones podría comprender a unos siete millones de usuarios en la Argentina que se encontraran en situaciones equivalentes.
Una causa que recién deberá definirse
El alcance económico del expediente dependerá ahora de lo que determine la Justicia: deberá establecerse qué operaciones están comprendidas, cuál fue efectivamente el costo financiero aplicado y si esos cargos vulneraron la normativa de protección de los consumidores.
También será necesario determinar si corresponde otorgar carácter colectivo al reclamo y, eventualmente, qué universo de clientes quedaría incluido.
Por el momento, se trata de una demanda y de cuestionamientos formulados por la asociación de consumidores, por lo que ni el supuesto cobro abusivo ni una devolución de dinero a siete millones de personas pueden considerarse hechos establecidos judicialmente.
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