Reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales, en el salón Illia del Senado de la Nación; el 15 de septiembre de 2026; en Buenos Aires, Argentina. Foto: Gabriel Cano.
Las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General analizarán este miércoles la iniciativa de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El oficialismo aceptó incorporar la restitución de la Ley de Tierras Rurales, que establece restricciones a la adquisición de campos por extranjeros. El proyecto también modifica los procedimientos de expropiación y desalojo.
El Senado de la Nación avanzará este miércoles 28 de octubre con el tratamiento del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional que incorpora modificaciones al régimen de expropiaciones y desalojos, además de la restitución de la Ley de Tierras Rurales.
El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, presididas por los senadores Agustín Coto y Nadia Márquez, fue convocado para las 18 horas, con el objetivo de analizar el texto y avanzar hacia la firma de un dictamen.
Uno de los puntos centrales será la recuperación de las restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras, un régimen establecido durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y cuya derogación había sido incluida en el DNU 70/2023 de Javier Milei.
La incorporación de este capítulo responde a un acuerdo parlamentario que reunió respaldos de distintos sectores políticos, incluido el oficialismo.
Un amplio acuerdo para restituir la Ley de Tierras
La restitución de la normativa recibió un respaldo significativo durante su tratamiento en la Cámara de Diputados, donde obtuvo 239 votos afirmativos, cuatro negativos y seis abstenciones.
La propuesta fue acompañada por La Libertad Avanza, Unión por la Patria, la Unión Cívica Radical, Argentina Federal, Provincias Unidas y bloques provinciales.
El acuerdo contempla dejar sin efecto el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno había intentado derogar el régimen de protección de tierras rurales.
La discusión adquirió una nueva dimensión después de que distintos bloques opositores impulsaran la revisión del decreto de necesidad y urgencia, lo que llevó al oficialismo a aceptar modificaciones en su agenda legislativa.
De esta manera, una iniciativa originalmente orientada a ampliar las garantías sobre la propiedad privada incorpora también mecanismos de regulación sobre la titularidad extranjera de tierras.
Qué establece la Ley de Tierras Rurales
La Ley 26.737, sancionada en 2011, establece límites a la adquisición y posesión de tierras rurales por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras.
Entre sus principales disposiciones se encuentra el límite general del 15% de titularidad extranjera sobre las tierras rurales, tanto a escala nacional como provincial y en las divisiones administrativas correspondientes.
La normativa también contempla restricciones a la concentración de tierras por personas o empresas de una misma nacionalidad.
Además, establece un máximo equivalente a 1.000 hectáreas en la zona núcleo, con criterios de equivalencia para otras regiones del país, y restricciones sobre inmuebles que contienen o limitan con determinados cuerpos de agua.
La regulación incluye controles especiales para adquisiciones en zonas de seguridad de frontera.
Estas disposiciones buscan limitar la concentración de tierras rurales en manos extranjeras y establecer condiciones específicas para su adquisición.
Cambios en las expropiaciones y los desalojos
Más allá de la discusión sobre las tierras rurales, el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada mantiene otros capítulos que forman parte de la agenda de reformas del Gobierno nacional.
Uno de ellos introduce modificaciones a la legislación sobre expropiaciones, con el propósito de restringir las facultades estatales para declarar la utilidad pública de determinados bienes inmuebles.
La iniciativa también contempla cambios en los procedimientos judiciales de desalojo.
En este caso, el objetivo oficial es acortar los plazos para la restitución de propiedades en situaciones de ocupación irregular o conflictos relacionados con la tenencia.
Estos puntos forman parte de una discusión más amplia sobre el alcance del derecho de propiedad, las atribuciones del Estado y las garantías procesales que deben respetarse en los conflictos judiciales.
Una negociación que modificó el proyecto original
El tratamiento legislativo estuvo atravesado por negociaciones entre el oficialismo y distintos bloques opositores.
Durante ese proceso se eliminaron capítulos de la propuesta original, entre ellos disposiciones relacionadas con la Ley de Manejo del Fuego y modificaciones al régimen de tierras rurales.
La nueva discusión busca incorporar expresamente la continuidad de la Ley de Tierras, en un contexto en el que el Gobierno necesita acuerdos parlamentarios para avanzar con el resto de las reformas.
El amplio respaldo que recibió la restitución del régimen en Diputados aparece como uno de los principales elementos para facilitar un entendimiento en el Senado.
El próximo paso en el Congreso
La reunión convocada para este miércoles será determinante para establecer el texto que podría llegar al recinto.
Si las comisiones consiguen emitir dictamen, la iniciativa quedará en condiciones de avanzar hacia su tratamiento parlamentario, sujeto a los procedimientos y plazos correspondientes.
La discusión combina dos objetivos que habían generado posiciones enfrentadas: reforzar las garantías de la propiedad privada y mantener las restricciones a la extranjerización de tierras rurales.
El resultado de las negociaciones permitirá conocer hasta dónde llega el consenso entre el Gobierno y la oposición sobre una normativa que involucra tanto la regulación territorial como las facultades del Estado y los derechos de los propietarios.
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