Virginia Aparicio, investigadora con más de dos décadas de trayectoria, fue exonerada del organismo tras participar en un proyecto internacional que detectó residuos de plaguicidas en personas y en el ambiente. El INTA argumentó irregularidades administrativas, mientras sectores científicos y ambientales denuncian persecución y censura.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) resolvió exonerar a Virginia Aparicio, ingeniera agrónoma, doctora en Ciencias Agrarias e investigadora vinculada al Conicet, que coordinó en Argentina un estudio internacional sobre la presencia de plaguicidas en el ambiente y en el organismo humano.
La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 366, fechada el lunes 26 de octubre y firmada por el presidente del organismo, Nicolás Bronzovich. Se trata de la sanción disciplinaria más severa prevista en el régimen de empleo público nacional, que implica la expulsión de la institución y la inhabilitación para desempeñar cargos en la administración pública.
La medida generó cuestionamientos de investigadores, organizaciones ambientales y sectores académicos, que consideran que el procedimiento administrativo no puede desvincularse de las tensiones que surgieron cuando el equipo científico intentó difundir los resultados de sus investigaciones.
Una investigación internacional sobre los plaguicidas
Aparicio trabajaba desde 1997 en la Estación Experimental Agropecuaria del INTA en Balcarce, provincia de Buenos Aires. Durante su trayectoria se especializó en el estudio de suelos, agua, plaguicidas y alternativas productivas orientadas a reducir el uso de sustancias químicas.
En 2020 comenzó a coordinar la participación argentina en el proyecto SPRINT, una investigación internacional financiada por la Unión Europea y coordinada desde la Universidad de Wageningen, en Países Bajos.
El objetivo era analizar la presencia y circulación de productos fitosanitarios en los sistemas agrícolas, los ecosistemas y las personas, mediante procedimientos científicos compartidos entre diferentes países.
En Argentina, el equipo tomó durante 2021 muestras de sangre, orina y materia fecal de 73 voluntarios del sudeste bonaerense, entre productores agropecuarios, trabajadores rurales y consumidores.
También se estudiaron muestras de agua, suelo, aire y alimentos para identificar residuos de sustancias utilizadas en la producción agrícola.
Los resultados mostraron la presencia de diferentes plaguicidas en las muestras analizadas. Entre los hallazgos más significativos, se detectó glifosato en la orina de aproximadamente el 84% de las personas participantes.
La investigación también identificó la exposición simultánea a distintas sustancias, un aspecto que los científicos consideran especialmente relevante porque todavía existen interrogantes sobre los efectos de la exposición prolongada a mezclas de plaguicidas.
La detección de estos compuestos no permite establecer, por sí sola, la existencia de enfermedades o daños concretos en las personas estudiadas. Sin embargo, constituye información importante para evaluar niveles de exposición y orientar nuevas investigaciones sobre salud ambiental.
De la investigación científica al conflicto institucional
Las diferencias entre Aparicio y las autoridades del INTA comenzaron a hacerse públicas en 2023, cuando el organismo impidió la realización de una reunión destinada a presentar los resultados obtenidos a las personas que habían participado voluntariamente del estudio.
Posteriormente, Argentina dejó de integrar el proyecto internacional y se inició un procedimiento administrativo para investigar presuntas irregularidades vinculadas con su ejecución.
La resolución que dispuso la exoneración cuestionó diferentes aspectos de la gestión del proyecto, entre ellos la administración de recursos, los procedimientos de autorización institucional, el envío de muestras biológicas al exterior y la participación de colaboradores sin designación formal.
Uno de los principales señalamientos estuvo relacionado con la intervención de José Luis Costa, investigador retirado del INTA y pareja de Aparicio, quien habría participado en tareas de coordinación y tenido acceso a información del proyecto sin contar con una autorización institucional específica.
El Consejo Directivo consideró que estas situaciones constituían incumplimientos suficientemente graves para justificar la máxima sanción disciplinaria.
Sin embargo, el propio expediente reconoció que no se acreditó un beneficio económico personal para Aparicio ni se estableció que los movimientos contables cuestionados representaran, por sí mismos, un perjuicio patrimonial equivalente para el Estado.
Denuncias de persecución y censura científica
La investigadora rechazó los cuestionamientos y sostuvo que la medida está vinculada con el contenido de sus trabajos y con la incomodidad que generaron los resultados sobre la exposición a plaguicidas.
En entrevistas anteriores había advertido que la información obtenida por el proyecto podía resultar sensible para determinados sectores vinculados con la producción agropecuaria.
También defendió la rigurosidad de los procedimientos científicos y aseguró que los recursos internacionales utilizados habían sido sometidos a controles y auditorías.
Tras conocerse la exoneración, distintas organizaciones científicas, gremiales y ambientales expresaron su rechazo.
Desde esos sectores consideran que la sanción puede constituir un antecedente preocupante para la autonomía de la investigación pública, especialmente cuando los estudios abordan problemáticas ambientales, sanitarias o productivas que generan controversias.
La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) reclamó la anulación de la medida y la restitución de Aparicio, al considerar que su expulsión representa una forma de persecución contra la producción de conocimiento científico.
Una discusión que también atraviesa a La Pampa
El caso adquiere especial interés para provincias con una fuerte actividad agropecuaria, como La Pampa, donde el uso de fitosanitarios forma parte de los debates sobre producción, ambiente y salud pública.
La investigación coordinada por Aparicio aporta elementos para una discusión que excede la aplicación de un producto específico: cómo se distribuyen las sustancias químicas en el ambiente, de qué manera llegan a las personas y cuáles pueden ser las consecuencias de una exposición prolongada.
Los estudios de biomonitoreo, como el desarrollado por SPRINT, permiten identificar residuos de compuestos químicos en muestras biológicas y evaluar patrones de exposición.
Sin embargo, sus resultados deben interpretarse dentro del alcance de las poblaciones estudiadas y no pueden extrapolarse automáticamente a otras regiones del país.
Para territorios agrícolas como La Pampa, la disponibilidad de investigaciones independientes resulta relevante para diseñar políticas de prevención, mejorar los controles y promover prácticas productivas que contemplen la protección de la salud y el ambiente.
El futuro de la investigación pública
La exoneración de Virginia Aparicio abre una controversia que trasciende su situación laboral.
Por un lado, el INTA sostiene que existieron incumplimientos administrativos que justifican la sanción. Por otro, la investigadora y quienes respaldan su trabajo consideran que el procedimiento estuvo condicionado por los resultados de una investigación ambiental sensible.
La científica había anticipado su intención de recurrir a las instancias legales disponibles para cuestionar la medida.
Mientras tanto, el caso vuelve a instalar una discusión de fondo sobre la autonomía de los organismos públicos de investigación y las condiciones necesarias para estudiar problemas que involucran intereses económicos, decisiones políticas y posibles riesgos para la salud.
La controversia deja planteada una pregunta central: cómo garantizar que las investigaciones científicas sobre el ambiente y la salud puedan desarrollarse, discutirse y difundirse con independencia, incluso cuando sus resultados resulten incómodos.
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