Funcionarios del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado expusieron ante Diputados los resultados del ajuste en la administración pública y las reformas impulsadas por Javier Milei. Destacaron la reducción de ministerios, los retiros voluntarios y la apertura comercial, mientras legisladores opositores advirtieron sobre el deterioro de los servicios públicos, la infraestructura y la producción nacional.
En la etapa decisiva del debate por el Presupuesto Nacional 2027, el Gobierno defendió en la Cámara de Diputados su política de reducción del Estado y presentó las reformas estructurales como uno de los pilares de su programa económico.
La exposición estuvo a cargo de Maximiliano Fariña, secretario de Transformación del Estado, y Alejandro Cacace, secretario de Desregulación, ambos integrantes del ministerio que conduce Federico Sturzenegger.
Durante la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el diputado oficialista Bertie Benegas Lynch, los funcionarios destacaron la reducción de la estructura administrativa, la eliminación de regulaciones y las modificaciones introducidas en distintos sectores de la economía.
Las presentaciones se realizaron en la recta final de las negociaciones parlamentarias para avanzar con el dictamen del proyecto presupuestario.
El Gobierno destacó la eliminación de 81.000 puestos estatales
Fariña informó que, desde diciembre de 2023, la estructura del Poder Ejecutivo nacional pasó de 18 ministerios a ocho y que la dotación de personal estatal se redujo en aproximadamente 81.000 trabajadores.
“No solamente estamos teniendo un Estado más chico, sino que también estamos redefiniendo su rol y su funcionamiento”, afirmó.
Según explicó, la reorganización incluyó una revisión de las funciones de los organismos públicos para identificar superposiciones y actividades que, a criterio del Gobierno, deberían quedar bajo responsabilidad de municipios o del sector privado.
Como ejemplo, mencionó la estructura de Vialidad Nacional, donde aseguró que existían 1.543 cargos jerárquicos sobre una planta de 5.300 empleados.
El funcionario también defendió la utilización del régimen de disponibilidad y los programas de retiro voluntario como mecanismos para reducir la planta estatal.
Precisó que 5.254 personas adhirieron a retiros voluntarios y anunció una nueva convocatoria entre el 1 y el 30 de noviembre para trabajadores de la Administración Pública Nacional.
Fariña sostuvo que los ahorros obtenidos no son transitorios, ya que los puestos eliminados no fueron reemplazados por nuevas contrataciones.
Desregulación, energía y apertura comercial
Por su parte, Alejandro Cacace vinculó las transformaciones administrativas con las reformas económicas impulsadas a partir de la Ley Bases.
“La transformación y la desregulación del Estado figuran entre los ejes centrales de la política del Presupuesto, porque son claves para el programa económico que ha impulsado el presidente Milei”, señaló.
El funcionario destacó los cambios en el sector energético y aseguró que la eliminación del mecanismo conocido como barril criollo contribuyó a modificar las condiciones de comercialización del petróleo.
También afirmó que las exportaciones de petróleo y combustibles alcanzaron niveles récord y planteó como proyección que, en una década, podrían aproximarse a las exportaciones del sector agropecuario.
En materia comercial, Cacace sostuvo que la Argentina busca ampliar su vinculación con mercados internacionales mediante acuerdos con la Unión Europea, Singapur y otras economías.
Según sus estimaciones, esos acuerdos permitirían alcanzar una integración comercial con países que representan alrededor del 50% del producto bruto mundial.
Entre los resultados de la gestión mencionó, además, la apertura del mercado de internet satelital, que de acuerdo con sus cifras supera los 750.000 accesos.
Las reformas que todavía espera el Congreso
Cacace reconoció que parte de la agenda de desregulación aún requiere tratamiento legislativo.
Entre las iniciativas pendientes mencionó los proyectos vinculados con patentes, la denominada Ley Hojarasca, modificaciones a la Carta Orgánica del Banco Central y la propuesta sobre inviolabilidad de la propiedad privada.
También destacó iniciativas relacionadas con el desarrollo de mercados de carbono, que, según sus estimaciones, podrían generar exportaciones por hasta 3.900 millones de dólares.
En materia de transporte, defendió una reforma del régimen de cabotaje que permitiría ampliar el traslado de mercaderías mediante barcazas por la Hidrovía.
El funcionario calculó que ese cambio podría reducir hasta un tercio los costos logísticos para determinadas provincias del litoral.
La oposición cuestionó el impacto del ajuste
Las exposiciones generaron críticas de diputados de Unión por la Patria, que pusieron en discusión los efectos de la reducción del Estado sobre la ciudadanía y la actividad económica.
La diputada Victoria Tolosa Paz sostuvo que la eficiencia administrativa no puede evaluarse únicamente a partir de la disminución del gasto público.
“Yo creo en un Estado que construya eficiencia, pero para devolverle a la ciudadanía mejores condiciones de vida”, expresó.
La legisladora cuestionó que el Gobierno no incorpore, a su entender, una evaluación suficiente de las consecuencias sociales y productivas de sus decisiones.
También criticó las reformas laborales impulsadas por el oficialismo y responsabilizó a la política económica por el deterioro de distintas actividades industriales.
“No vamos a ser un país serio destruyendo las capacidades productivas de la Argentina”, afirmó.
Por su parte, Sabrina Selva cuestionó la política de infraestructura vial y vinculó el impulso al transporte fluvial con la reducción de inversiones en rutas nacionales.
La diputada sostuvo que el deterioro de la red caminera representa un problema para la seguridad y la logística del país.
También acusó al Gobierno de utilizar recursos que, según su planteo, deberían destinarse al mantenimiento de rutas para sostener las cuentas fiscales.
El debate de fondo sobre el Presupuesto 2027
La discusión dejó expuestas dos posiciones sobre el papel del Estado en la economía argentina.
Mientras el oficialismo presentó la reducción de estructuras, personal y regulaciones como una condición para alcanzar el equilibrio fiscal y promover inversiones, la oposición reclamó evaluar sus consecuencias sobre los servicios públicos, la infraestructura y el desarrollo productivo.
Las exposiciones se produjeron mientras la Comisión de Presupuesto y Hacienda avanzaba en las negociaciones para emitir dictamen sobre el proyecto de Presupuesto 2027.
La reducción del gasto estatal y el alcance de las reformas estructurales quedaron así entre los principales ejes del debate legislativo, en un contexto en el que también se discuten los recursos destinados a universidades, discapacidad y otras áreas de la administración pública.
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