La Libertad Avanza consiguió el respaldo de bloques aliados para avanzar con el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional. La iniciativa contempla sanciones a empresas que operen en las islas sin autorización argentina, introduce cambios en materia de seguridad nacional y podría debatirse en Diputados el 12 de noviembre. Unión por la Patria presentó un dictamen alternativo.
La Cámara de Diputados dio un nuevo paso en el tratamiento del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa impulsada por el Gobierno de Javier Milei que incluye medidas relacionadas con las actividades económicas en las Islas Malvinas y nuevas disposiciones sobre seguridad nacional.
La Libertad Avanza consiguió este martes un dictamen de mayoría con el acompañamiento del PRO, la UCR y legisladores de otros bloques, lo que permitirá llevar el proyecto al recinto en una sesión prevista para el próximo 12 de noviembre.
El acuerdo se alcanzó durante un plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Culto, y Legislación Penal, presididas por los diputados oficialistas Carlos Zapata, Juliana Santillán y Laura Rodríguez Machado, respectivamente.
Durante las negociaciones se incorporaron modificaciones al texto original, especialmente en el régimen de sanciones a empresas que participan en actividades económicas en las islas y en los mecanismos de control sobre cuestiones de seguridad nacional.
Sanciones a empresas que operen en Malvinas
Uno de los aspectos centrales del proyecto es el establecimiento de sanciones contra compañías involucradas en la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas sin autorización de la Argentina.
El oficialismo aceptó introducir cambios para diferenciar a las empresas que participan directamente en los emprendimientos de aquellas que mantienen vínculos comerciales o societarios de menor relevancia.
De acuerdo con lo planteado durante el debate, esta modificación está en sintonía con una propuesta estadounidense y busca concentrar las sanciones en quienes tengan una intervención significativa en los proyectos cuestionados.
Entre los casos mencionados aparece Sea Lion, un emprendimiento de explotación petrolera en la Cuenca Malvinas Norte, desarrollado por las compañías Rockhopper y Navitas.
La iniciativa contempla sanciones económicas y establece que, cuando no pueda determinarse el monto correspondiente, se aplicará una multa equivalente a entre 2.000 y 40.000 barriles de petróleo.
La modificación representa un endurecimiento respecto de la escala prevista originalmente.
El proyecto apunta a reforzar la posición argentina frente a las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos que se desarrollan en el archipiélago sin consentimiento del Estado nacional.
Cambios en el Consejo de Seguridad Nacional
Otra de las modificaciones incorporadas durante el tratamiento parlamentario está vinculada con la composición del Consejo de Seguridad Nacional.
El texto contempla la participación permanente del presidente de la Nación, el canciller, los ministros de Defensa, Economía y Seguridad, el titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y el secretario Legal y Técnico.
También se prevé la incorporación, en carácter de miembros no permanentes y ante situaciones críticas, de autoridades parlamentarias y gobernadores.
Entre ellos figuran el presidente de la Cámara de Diputados y el presidente provisional del Senado.
Además, se aceptó la creación de una Comisión Bicameral de Seguimiento de Asuntos de Seguridad Nacional, integrada por ocho legisladores.
Este organismo tendrá funciones de seguimiento parlamentario sobre la aplicación de la futura legislación.
Modificaciones al artículo sobre injerencia extranjera
Uno de los artículos que recibió cambios durante la negociación es el que establece penas de prisión de entre cinco y doce años para quienes, por cuenta, orden o financiamiento de un Estado extranjero, intervengan ilegalmente en procesos electorales o desarrollen acciones destinadas a manipular la opinión pública.
El texto fue modificado para excluir expresamente determinadas actividades del alcance de esa disposición.
Entre las excepciones incorporadas se encuentran el ejercicio del periodismo, la investigación académica, la actividad diplomática y la representación abierta de intereses.
La modificación busca delimitar el alcance de la figura penal y evitar que actividades legítimas de información, investigación o representación queden comprendidas en el régimen sancionatorio.
El oficialismo reunió 60 firmas y la oposición presentó otros dictámenes
El dictamen de mayoría obtuvo 60 firmas, aportadas por diputados de La Libertad Avanza, PRO, la Unión Cívica Radical y representantes de otros espacios.
Entre quienes acompañaron el despacho figuran los legisladores de Provincias Unidas Gisela Scaglia, Sergio Capozzi y José Núñez.
También se registraron acompañamientos con disidencias parciales, entre ellos el del santafesino Pablo Farías, junto con las firmas de los misioneros Alberto Arrúa y Oscar Herrera Ahuad.
Por su parte, Unión por la Patria presentó un dictamen de minoría respaldado por 38 diputados, marcando diferencias con la propuesta oficialista.
También impulsaron un despacho alternativo Esteban Paulón, Carlos Gutiérrez y Juan Brügge.
La izquierda presentó su propia posición mediante un dictamen encabezado por Myriam Bregman.
La existencia de varios despachos anticipa que el debate en el recinto incluirá diferencias sobre el alcance de las sanciones, los mecanismos de seguridad nacional y las atribuciones previstas en la iniciativa.
Una discusión que combina Malvinas y seguridad nacional
Aunque el proyecto tiene como uno de sus ejes la defensa de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, su contenido también incorpora disposiciones más amplias relacionadas con la seguridad nacional, la injerencia extranjera y el control parlamentario.
La inclusión de estos temas amplía el alcance de una discusión que no se limita a las actividades petroleras en el Atlántico Sur.
Con el dictamen favorable, el oficialismo consiguió avanzar en el trámite legislativo, aunque todavía necesita reunir los votos necesarios para aprobar la iniciativa en el recinto.
El próximo 12 de noviembre será una fecha clave para determinar si la Cámara de Diputados convierte el proyecto en una nueva herramienta legislativa o si introduce nuevas modificaciones durante el debate parlamentario.
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