La Corte Suprema de Justicia de la Nación dio un paso clave en el reclamo impulsado por el Gobierno de La Pampa por la distribución de los fondos del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN): el máximo tribunal admitió la demanda presentada por la Provincia y emplazó al Estado nacional a responder en un plazo de 60 días.
La resolución representa un avance institucional importante para la administración de Sergio Ziliotto, ya que la Corte se declaró competente para intervenir en la causa y abrió formalmente el proceso judicial contra el Gobierno nacional.
La acción había sido presentada en mayo de 2024 por la Fiscalía de Estado de la Provincia, encabezada por Romina Schmidt, con el patrocinio del constitucionalista Andrés Gil Domínguez.
El planteo judicial busca que los recursos correspondientes al uno por ciento destinado al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional sean incorporados automáticamente a la masa coparticipable y distribuidos entre todas las provincias, tal como establece la Ley de Coparticipación Federal.
El eje del reclamo pampeano
Desde el Gobierno provincial sostienen que los fondos ATN pertenecen a las provincias y que el Estado nacional tiene la obligación constitucional y legal de distribuirlos para atender emergencias y desequilibrios financieros.
En la presentación, La Pampa advirtió que Nación “se apropió indebidamente” de recursos que no le corresponden, en un contexto marcado por la caída de ingresos y el deterioro financiero de las provincias.
Según los datos expuestos en la demanda, al momento de la presentación judicial el Gobierno nacional retenía cerca de 397 mil millones de pesos correspondientes a las provincias, mientras que sólo había transferido alrededor de 10.300 millones a unas pocas jurisdicciones.
El escrito también remarca que la última distribución masiva de ATN se concretó en noviembre de 2023, cuando el Gobierno nacional anterior giró unos 131 mil millones de pesos a las 24 jurisdicciones federales.
Federalismo fiscal y discrecionalidad
Otro de los puntos centrales del reclamo apunta al “deterioro del federalismo fiscal” y a la creciente concentración de recursos en manos del Estado nacional.
La Provincia argumentó que el manejo actual de los ATN quedó sujeto a “la discrecionalidad absoluta del Poder Ejecutivo”, sin criterios objetivos de reparto, lo que —según sostiene— contradice los principios incorporados por la reforma constitucional de 1994 sobre una distribución automática, equitativa y solidaria de los recursos coparticipables.
Desde la administración pampeana advirtieron además que la falta de distribución automática limita la capacidad de respuesta de las provincias frente a demandas sociales, económicas y de infraestructura.
Con esta decisión, la Corte Suprema abrió formalmente el expediente y comenzó a analizar si el Estado nacional incumplió sus obligaciones constitucionales y legales respecto de la distribución de los fondos del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional.
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