Tras lograr cambios clave en el Senado, la CGT mantiene expectativas de seguir condicionando el alcance de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, ahora en la antesala de su tratamiento en la Cámara de Diputados. La central obrera no solo apuesta a nuevas modificaciones parlamentarias, sino que también evalúa recurrir a la Justicia si algunos artículos avanzan sin cambios.
Antes del debate en la Cámara alta, la conducción sindical consiguió retirar del proyecto varias iniciativas que, según su visión, debilitaban el poder gremial. La existencia de negociaciones reservadas fue reconocida por la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien admitió que hubo diálogos “privados y subterráneos” y que se incorporaron “muchas cosas planteadas por la CGT” antes de la aprobación del texto en el Senado de la Nación.
Entre los principales logros sindicales se destaca la continuidad de la cuota solidaria. El proyecto finalmente mantuvo este aporte de manera obligatoria por dos años, con un tope del 2% del salario, y solo al finalizar ese plazo se requerirá la conformidad expresa del trabajador.
Otro punto sensible que logró modificar la central obrera fue el aporte patronal a las obras sociales, que permanecerá en el 6% y no se reducirá al 5%, como preveía el texto original del Ejecutivo.
De cara al debate en la Cámara de Diputados, la CGT buscará frenar otros artículos que aún generan fuerte resistencia. Entre ellos, el fin de la ultraactividad de los convenios colectivos —que abriría la puerta a acuerdos por empresa— y la ampliación del listado de actividades consideradas esenciales, lo que obligaría a garantizar servicios mínimos durante las medidas de fuerza.
También siguen en discusión iniciativas que no figuran entre las prioridades sindicales, pero que generan reparos, como la flexibilización del régimen de vacaciones, la posibilidad de fraccionarlas, los sistemas voluntarios de banco de horas y el nuevo cálculo indemnizatorio, que excluye conceptos como el aguinaldo y las vacaciones.
El texto aprobado en el Senado además mantiene la obligación de solicitar autorización para realizar asambleas en los lugares de trabajo y fija un tope de diez horas mensuales pagas para que los delegados desarrollen tareas gremiales.
En el entorno de la CGT sostienen que varios de estos puntos son “abiertamente inconstitucionales”. Por eso, advierten que si no logran eliminarlos en las negociaciones parlamentarias que se abrirán en Diputados, el conflicto se trasladará al ámbito judicial, donde confían en poder frenar la aplicación de la reforma.
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