La apertura de la 50° edición de la Feria Internacional del Libro dejó una postal atravesada por el contraste: celebración cultural, figuras de peso en la literatura argentina y un clima político que terminó desbordando la escena.
Más de 1500 personas colmaron la carpa principal montada en el predio de La Rural, donde uno de los momentos más celebrados fue el recital íntimo de Fito Páez, que interpretó siete canciones, incluido su clásico “Yo vengo a ofrecer mi corazón”. A eso se sumó el diálogo entre tres voces centrales de la narrativa contemporánea: Gabriela Cabezón Cámara, Selva Almada y Leila Guerriero.
Pero el tono de la jornada cambió abruptamente con la intervención del secretario de Cultura, Leonardo Cifelli. Durante su discurso, un grupo identificado con el colectivo #sonsincuenta desplegó carteles con consignas críticas y lo increpó a los gritos, en un reclamo que vinculó a la feria con sectores históricos del poder económico. La reacción del funcionario no tardó en escalar el conflicto: pidió retirar los carteles y descalificó a los manifestantes, lo que desató un intercambio de insultos desde distintos sectores del auditorio.
Lejos de apaciguar el clima, Cifelli redobló la apuesta. Agradeció reiteradamente al presidente Javier Milei y a su entorno, y defendió el rumbo del gobierno en materia cultural. Incluso se apoyó en un grupo de asistentes que lo alentaron con cánticos, en una escena inusual para un evento literario y más cercana a una lógica de tribuna que al debate cultural.
El episodio dejó interrogantes abiertos sobre la organización y los criterios de acceso al acto inaugural, en particular por la presencia de personas ajenas al sector editorial. La responsabilidad de esas definiciones recae en la Fundación El Libro, entidad a cargo de la feria.
Antes de ese cruce, el presidente de la institución, Christian Rainone, había trazado un diagnóstico preocupante sobre la industria: aunque en 2025 se alcanzó un récord de títulos publicados, la cantidad de ejemplares impresos cayó de manera significativa, reflejando un mercado en retracción. En ese sentido, reclamó políticas sostenidas y puso como ejemplo a países que lograron fortalecer el sector con estrategias de largo plazo. También advirtió sobre la situación crítica de las librerías y la necesidad de resolver el problema del IVA para sostener el circuito de comercialización.
En el tramo final, las escritoras retomaron el eje social y político. Cabezón Cámara se pronunció contra cambios impulsados por el gobierno en materia ambiental y cuestionó el deterioro del poder adquisitivo: con salarios deprimidos, sostuvo, el acceso a los libros se vuelve cada vez más difícil.
Guerriero, por su parte, alertó sobre el clima de época. Señaló una sociedad atravesada por la agresividad y apuntó directamente al discurso público como un factor que profundiza esa degradación.
Almada cerró con una mirada sobre la educación y la lectura: denunció el deterioro de la escuela pública y los bajos salarios docentes como un golpe directo al derecho de niñas y niños a acceder a los libros. Y dejó una advertencia que atravesó toda la jornada: cuando desde el poder se banaliza el lenguaje y se naturaliza el desprecio, ese tono termina expandiéndose al resto de la sociedad.
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