El Gobierno nacional oficializó una modificación integral en el sistema de calificación de películas cinematográficas que regía en la Argentina desde hace más de 40 años. La medida fue formalizada a través del Decreto 50/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Javier Milei y del ministro Manuel Adorni.
La normativa reglamenta la Ley 23.052, deroga el Decreto 828/84 y dispone la disolución de la Comisión Asesora de Exhibiciones Cinematográficas, organismo encargado hasta ahora de emitir los dictámenes de aptitud de los filmes que se estrenaban en el país.
Según se detalla en los considerandos del decreto, la decisión apunta a actualizar los criterios de calificación frente a los cambios culturales y tecnológicos de las últimas décadas, además de agilizar los procedimientos administrativos, que el Ejecutivo considera excesivamente burocráticos y poco eficientes.
Cambios en el sistema de calificación
Con el nuevo esquema, la responsabilidad de clasificar las películas —en categorías como apta para todo público, mayores de 13, 16 o 18 años— quedará exclusivamente en manos del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), que asumirá la competencia técnica para definir las calificaciones orientativas destinadas al público.
Hasta ahora, el procedimiento requería la intervención obligatoria de una comisión colegiada. El decreto sostiene que dicha estructura no logró responder con la agilidad necesaria a la dinámica actual del sector audiovisual, motivo por el cual se decidió suprimirla.
La normativa también subraya que el rol del Estado será de carácter orientativo, y reafirma que la responsabilidad principal sobre el consumo de contenidos por parte de niños y adolescentes recae en los padres o tutores.
Reconocimiento de calificaciones extranjeras
Otro de los ejes centrales de la reforma es la homologación automática de las calificaciones otorgadas en el exterior. El Gobierno argumenta que aproximadamente el 65% de los estrenos en salas argentinas provienen de Estados Unidos, por lo que volver a evaluar esos contenidos implicaba un uso innecesario de recursos.
En ese sentido, se reconocerán las clasificaciones asignadas por organismos internacionales, que serán adaptadas a las categorías locales sin necesidad de una nueva evaluación. No obstante, el INCAA conservará la facultad de revisar o modificar esas calificaciones en caso de que existan razones de orden público que lo justifiquen.
La nueva normativa entrará en vigencia dentro de 60 días corridos, período durante el cual el INCAA deberá adecuar sus procedimientos al nuevo régimen.
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