El oficialismo buscará este miércoles avanzar con el dictamen del nuevo proyecto de Inocencia Fiscal, pero enfrenta resistencias por la posibilidad de que funcionarios públicos accedan al régimen simplificado de Ganancias. El antecedente de Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, quedó en el centro de la discusión.
La negociación por la nueva ley de Inocencia Fiscal comenzó a complicarse en la Cámara de Diputados. La principal controversia pasa por la inclusión de funcionarios públicos entre quienes pueden acceder al régimen simplificado de Ganancias, una discusión que tomó mayor dimensión a partir del caso del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni.
Pese a las objeciones opositoras, La Libertad Avanza intentará conseguir este miércoles un dictamen de mayoría durante el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación Penal, convocado desde las 11 en el Anexo C de la Cámara baja.
El objetivo del oficialismo es llevar posteriormente la iniciativa al recinto. Entre las fechas que se analizan aparecen el 19 y el 26 de agosto, esta última con mayores posibilidades, junto con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
El antecedente Adorni
La discusión adquirió otra dimensión después de conocerse que, poco antes de dejar el Gobierno, Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, solicitaron adherirse al Régimen Simplificado de Ganancias ante ARCA.
El trámite se produjo mientras el ex funcionario se encuentra bajo investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito, una causa en la que se analizan la adquisición de inmuebles y otros movimientos patrimoniales.
Ese antecedente es utilizado ahora por sectores de la oposición para cuestionar que los funcionarios públicos puedan quedar comprendidos dentro del régimen.
El Gobierno niega que sea un nuevo blanqueo
La iniciativa busca ampliar el universo de personas alcanzadas por el régimen simplificado de Ganancias y facilitar que ahorros informales o no declarados ingresen al circuito económico formal.
Durante una reunión informativa realizada la semana pasada, funcionarios del Ministerio de Economía defendieron el proyecto frente a las críticas opositoras.
La subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, rechazó que se trate de un nuevo blanqueo.
“Esto no se trata de un régimen de regularización de activos, sino de una declaración jurada simplificada”, sostuvo.
También aclaró que los funcionarios continuarán obligados a presentar sus declaraciones juradas patrimoniales ante la Oficina Anticorrupción y aseguró que la iniciativa “no renuncia a la fiscalización” ni elimina la aplicación de las leyes antilavado y antievasión.
US$170.000 millones fuera del sistema
Uno de los argumentos económicos utilizados por el Gobierno es el enorme volumen de dólares que los argentinos mantienen fuera del sistema financiero.
El director del Banco Central Martín Vauthier estimó que existen alrededor de US$170.000 millones en billetes fuera del sistema, aunque señaló que esa cifra probablemente represente un piso.
Como comparación, los depósitos privados en moneda extranjera dentro del sistema financiero superan ligeramente los US$40.000 millones.
El objetivo oficial es generar condiciones para que parte de esos recursos pueda incorporarse a la economía formal sin que sus propietarios enfrenten penalidades.
Una negociación que llega condicionada
La oposición sostiene que el proyecto puede convertirse en una suerte de “blanqueo permanente” y cuestiona especialmente que no excluya a funcionarios públicos.
El caso Adorni aparece así como un elemento inesperado dentro de una negociación que el oficialismo esperaba encaminar con mayor facilidad.
La Libertad Avanza, sin embargo, mantiene su intención de conseguir dictamen este miércoles. La discusión sobre los funcionarios públicos será uno de los puntos decisivos para determinar si logra reunir los votos necesarios antes de llevar Inocencia Fiscal al recinto.
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