La tensión por el ajuste en el área de Discapacidad volvió a escalar en el Congreso. Diputados de la oposición, junto a organizaciones y referentes sociales, insistieron con el pedido de juicio político contra el ministro de Salud, Mario Lugones, al denunciar un deterioro crítico en las prestaciones y el acceso a derechos.
La avanzada se dio en el marco de una reunión abierta impulsada por el diputado Juan Marino, vicepresidente de la comisión de Discapacidad, quien cuestionó el cierre de ese ámbito legislativo por parte del oficialismo de La Libertad Avanza. El encuentro reunió a unas 150 personas vinculadas al sector, entre organizaciones, profesionales y familias afectadas.
“La situación es grave. Cierran centros de día, se interrumpen tratamientos y medicamentos, y se frenan altas de pensiones. La emergencia se profundiza día a día”, advirtió Marino, quien ya había presentado junto a otros legisladores un pedido formal de juicio político contra el funcionario.
Testimonios y denuncias
Durante la jornada se multiplicaron los relatos sobre recortes en prestaciones esenciales. Entre los casos expuestos, se destacó el de Ian Moche, un niño con trastorno del espectro autista, cuya familia denunció amenazas tras una polémica en redes sociales con la diputada Lilia Lemoine.
También participó la actriz Lola Berthet, quien respaldó el reclamo contra Lugones, en una reunión donde predominó el diagnóstico de crisis estructural en el sistema.
Reforma bajo cuestionamiento
El trasfondo del conflicto es el proyecto del Gobierno de Javier Milei para reformar el régimen de pensiones por invalidez laboral, que ya ingresó al Senado y genera fuerte rechazo en el sector.
La iniciativa propone un reempadronamiento obligatorio de beneficiarios en un plazo de hasta 120 días, con suspensión del pago en caso de no completar el trámite. Además, endurece los requisitos: la invalidez deberá ser total y permanente, y se establece incompatibilidad con cualquier forma de empleo registrado.
Aunque se mantiene el haber en el 70% de la jubilación mínima, el esquema apunta a reducir la cantidad de beneficiarios. Desde el Ejecutivo argumentan que el sistema creció de forma exponencial entre 2003 y 2023 —de 76 mil a 1,2 millones de pensiones—, con presuntas irregularidades.
Otro punto crítico es la posible liberalización de precios en prestaciones, lo que —según advierten organizaciones— podría traducirse en menor cobertura y mayor presión sobre usuarios y familias.
Clima de conflicto
La reunión dejó además propuestas como la creación de un Observatorio Nacional de la Discapacidad, con participación de universidades, legisladores y organizaciones, para monitorear el impacto de las políticas públicas.
Con el Congreso como escenario, el conflicto por la discapacidad suma volumen político y social, y anticipa un nuevo foco de confrontación entre el Gobierno y la oposición en medio del ajuste.
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