La causa judicial que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo y delicado capítulo: una diputada nacional solicitó formalmente su detención preventiva al considerar que existen maniobras para interferir en el proceso.
El pedido fue presentado por la legisladora Marcela Pagano ante un juez federal, bajo el argumento de que habría un “riesgo procesal grave, actual e inminente” de entorpecimiento de la investigación en curso.
Los fundamentos de la acusación
Según la denuncia, el funcionario habría tomado contacto con el contratista Matías Tabar —testigo clave en la causa— momentos antes de su declaración judicial. En ese intercambio, siempre según la presentación, le habría ofrecido asistencia y el contacto de su equipo, lo que fue interpretado como una posible maniobra de influencia.
Además, el escrito sostiene que se habría intentado eliminar mensajes de WhatsApp vinculados al expediente, lo que refuerza la hipótesis de obstrucción.
La “doctrina Irurzun” en escena
Para sustentar la solicitud de detención, la diputada pidió aplicar la llamada doctrina Irurzun, que contempla la posibilidad de dictar prisión preventiva a funcionarios en ejercicio cuando su posición de poder podría ser utilizada para obstaculizar la Justicia.
El planteo retoma el antecedente del fallo impulsado por el juez Martín Irurzun en 2017, en el marco de la causa contra el exministro Julio De Vido.
Expectativa por la decisión judicial
El pedido se encuadra en artículos del Código Procesal Penal y ahora quedó en manos del juez interviniente, que deberá definir si existen elementos suficientes para avanzar con una medida de esa magnitud.
Mientras tanto, el caso suma tensión política y judicial en torno a una de las figuras centrales del Gobierno, en un escenario que sigue escalando día a día.
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