Ángel Aguirre, quien gobernaba el estado mexicano de Guerrero cuando desaparecieron los estudiantes en 2014, fue detenido acusado de desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia. A casi 12 años del hecho, el destino de 40 de los jóvenes continúa sin conocerse.
La Fiscalía de México informó la detención del exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre, en el marco de la investigación por la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, uno de los casos de derechos humanos más graves de la historia reciente del país.
Aguirre estaba al frente del estado de Guerrero cuando, durante la noche del 26 de septiembre de 2014, los estudiantes fueron atacados y desaparecidos mientras se desplazaban en autobuses por la ciudad de Iguala.
La fiscal general de México, Ernestina Godoy, informó que el exmandatario fue detenido por los delitos de “desaparición forzada de personas” y “contra la administración de justicia”.
“Trabajamos incansablemente para llegar a la verdad de los hechos, a fin de conocer el paradero de los 43 estudiantes y llevar ante la justicia a todas las personas que tuvieron participación”, afirmó.
Aguirre, de 70 años, había solicitado licencia como gobernador en octubre de 2014, pocas semanas después de las desapariciones, y posteriormente se mantuvo alejado de los primeros planos de la política.
Su detención lo convierte en uno de los exfuncionarios de mayor jerarquía alcanzados por la investigación.
Un caso que sigue sin respuestas
Casi doce años después de la desaparición de los estudiantes, no existen condenas definitivas que permitan cerrar el caso y todavía se desconoce qué ocurrió con la mayoría de los jóvenes.
Hasta el momento fueron identificados restos correspondientes a solamente tres de los 43 estudiantes.
Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se presentó una primera reconstrucción oficial, posteriormente conocida como la “verdad histórica”, según la cual los estudiantes habían sido asesinados e incinerados y sus restos arrojados a un río.
Esa versión fue posteriormente cuestionada por investigaciones independientes, especialmente por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Las distintas investigaciones sí permitieron establecer la participación de integrantes del crimen organizado y fuerzas de seguridad en los ataques ocurridos aquella noche.
De Peña Nieto a Sheinbaum
Durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador se reabrió la investigación y el propio mandatario calificó lo ocurrido como un “crimen de Estado”.
Otro de los principales exfuncionarios procesados es Jesús Murillo Karam, quien fue procurador general durante el gobierno de Peña Nieto y quedó vinculado judicialmente con la construcción de la denominada “verdad histórica”.
El expediente también mantiene abierto el debate sobre la actuación de las Fuerzas Armadas y el acceso a documentación militar relacionada con los acontecimientos.
El caso pasó ahora a convertirse en uno de los grandes desafíos pendientes para el gobierno de Claudia Sheinbaum, quien manifestó que su objetivo es avanzar hacia “la verdad, la justicia y encontrar a los jóvenes”.
La detención de Aguirre vuelve a colocar a Ayotzinapa en el centro de la escena mexicana: casi doce años después, las familias continúan reclamando saber qué ocurrió con los 43 estudiantes y dónde están.
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