La delegación argentina presentó en Hamburgo sus argumentos para suspender el proyecto Sea Lion, impulsado por empresas petroleras en la Cuenca Malvinas Norte. El Gobierno advirtió que la extracción de recursos no renovables podría provocar daños irreversibles y alertó sobre las consecuencias ambientales de un eventual derrame.
La Argentina llevó este martes 10 de noviembre al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, Alemania, su reclamo para detener la explotación petrolera que el Reino Unido impulsa en aguas próximas a las Islas Malvinas.
Durante la primera jornada de audiencias, la delegación nacional solicitó medidas provisionales destinadas a impedir el avance del proyecto Sea Lion, desarrollado por las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte.
La presentación argentina se apoya en dos argumentos principales: la imposibilidad de que el Reino Unido disponga unilateralmente de recursos naturales en un territorio cuya soberanía permanece en disputa y el riesgo de que la explotación de hidrocarburos genere consecuencias irreversibles antes de que exista una resolución internacional sobre el conflicto.
El petróleo como recurso que no puede recuperarse
El embajador Mario Oyarzábal, consejero legal de la Cancillería argentina y representante del país ante el Tribunal, expuso los fundamentos del pedido.
“Lo que está en juego no puede ser restituido. Los hidrocarburos son recursos no renovables y su extracción es definitiva”, afirmó durante su intervención.
El planteo apunta a evitar que la explotación petrolera avance mientras continúa el procedimiento arbitral internacional.
Según la posición argentina, una eventual sentencia favorable no podría devolver al subsuelo el petróleo extraído durante ese período.
Por ese motivo, el Gobierno considera necesaria una intervención preventiva que preserve los derechos de las partes hasta que se resuelva la controversia.
Qué es el proyecto Sea Lion
El proyecto Sea Lion contempla el desarrollo de una explotación petrolera de largo plazo en la Cuenca Malvinas Norte, al norte del archipiélago.
La iniciativa es impulsada por las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration y prevé una primera etapa de producción que incluye 23 pozos.
La Argentina cuestiona las autorizaciones otorgadas por las autoridades británicas para desarrollar actividades hidrocarburíferas en una zona cuya soberanía reclama históricamente.
El Gobierno sostiene que estas decisiones unilaterales agravan una controversia que permanece abierta en el ámbito de las Naciones Unidas.
El riesgo ambiental también forma parte del reclamo
Además de la disputa por los recursos naturales, la delegación argentina incorporó argumentos relacionados con la protección del medio marino.
Durante la audiencia se advirtió sobre las consecuencias que podría provocar un eventual derrame de petróleo en la región.
Según lo expuesto por la representación nacional, el plan de contingencia de una de las empresas contempla un escenario en el que un derrame podría alcanzar aguas argentinas no disputadas en un plazo de 30 días.
Esta posibilidad plantea un problema adicional: la Argentina podría verse obligada a intervenir ante una emergencia ambiental originada en una actividad que no autorizó y sobre la que no ejerce control.
El planteo busca que el Tribunal considere tanto la preservación de los derechos sobre los recursos naturales como la prevención de daños graves al ambiente marino.
Los antecedentes de Naciones Unidas
La Argentina recordó durante su exposición que la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas continúa pendiente de resolución internacional.
Uno de los antecedentes centrales es la Resolución 2065 de la Asamblea General de Naciones Unidas, aprobada en 1965, que reconoció la existencia de una controversia de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido e instó a ambas partes a encontrar una solución pacífica mediante negociaciones.
También se mencionó la Resolución 31/49, de 1976, que exhortó a los dos países a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales que modifiquen la situación mientras se desarrolla el proceso de negociación recomendado por Naciones Unidas.
Para la representación argentina, el avance de la explotación petrolera contradice el espíritu de esas resoluciones.
Qué respondió el Reino Unido
El Gobierno británico rechaza el pedido argentino y sostiene que no se cumplen los requisitos jurídicos necesarios para que el Tribunal dicte medidas provisionales.
Entre sus objeciones, cuestiona la competencia del tribunal arbitral que deberá intervenir en el procedimiento principal y considera que no existe una situación de urgencia ni un riesgo de perjuicio irreparable que justifique suspender las actividades.
La posición británica también rechaza los fundamentos jurídicos invocados por la Argentina respecto de los derechos que busca proteger.
Estas diferencias serán evaluadas por el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, cuya intervención actual tiene un alcance específico.
El organismo no debe resolver ahora la soberanía de las Islas Malvinas, sino determinar si corresponde adoptar medidas preventivas mientras se desarrolla el arbitraje internacional.
Milei respaldó la presentación argentina
El presidente Javier Milei expresó públicamente su respaldo a la intervención de la delegación nacional.
A través de su cuenta en X, compartió un mensaje del exsenador y exembajador Federico Pinedo sobre la presentación argentina y agregó la expresión “ARGENTINA DE PIE”.
La representación nacional está integrada por funcionarios del Gobierno y especialistas en derecho internacional, entre ellos Mario Oyarzábal, María Ibarzábal Murphy, Marcelo Kohen y Nico Schrijver.
El equipo jurídico desarrolló los argumentos relacionados con la controversia territorial, la protección de los recursos naturales y la necesidad de adoptar medidas urgentes.
Las audiencias continuarán este miércoles
La segunda jornada de audiencias se realizará el miércoles 11 de noviembre, con nuevas intervenciones de las delegaciones argentina y británica.
Una vez concluidas las exposiciones, el Tribunal deberá analizar si corresponde ordenar las medidas provisionales solicitadas.
La resolución tendrá importancia para el desarrollo del proyecto Sea Lion y para la controversia jurídica sobre la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur.
La Argentina busca impedir que la extracción petrolera avance antes de que se resuelva el procedimiento arbitral, con el argumento de que los recursos no renovables y los posibles daños ambientales no pueden recuperarse mediante una sentencia posterior.
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