Este 24 de marzo se cumplen 50 años del golpe de Estado que interrumpió la democracia en Argentina e inauguró una de las etapas más oscuras de su historia. El derrocamiento del gobierno constitucional de Estela Martínez de Perón dio inicio al autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, una dictadura cívico-militar y eclesiástica basada en el terrorismo de Estado.
El poder quedó en manos de una Junta Militar integrada por Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti, quienes encabezaron un régimen que implementó un plan sistemático de represión: secuestros, torturas, desapariciones forzadas y asesinatos, ejecutados en centros clandestinos de detención como la ESMA, símbolo del horror de aquellos años.
La persecución alcanzó a militantes políticos, sindicales, sociales y a amplios sectores de la sociedad. Se disolvió el Congreso, se prohibieron las actividades políticas y se anuló la libertad de expresión, en un intento de disciplinamiento social y reconfiguración económica del país.
Un país al borde
El golpe no ocurrió en el vacío. Los meses previos estuvieron atravesados por una profunda crisis institucional, económica y social. La debilidad del gobierno, tras la muerte de Juan Domingo Perón, se combinó con una creciente violencia política.
Organizaciones paraestatales como la Triple A llevaron adelante acciones represivas ilegales, mientras que grupos armados como Montoneros y el ERP mantenían enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
En ese contexto, el Operativo Independencia, iniciado en Tucumán en 1975, marcó el ingreso formal de las Fuerzas Armadas en tareas represivas internas bajo la consigna de “aniquilar la subversión”.
A la par, el denominado “Rodrigazo” profundizó la crisis: una fuerte devaluación, aumentos generalizados y una inflación descontrolada deterioraron el poder adquisitivo y desataron un fuerte conflicto social, incluyendo el primer paro general de la CGT contra un gobierno peronista.
El deterioro económico, la pérdida de autoridad política y la creciente conflictividad abonaron el terreno para el golpe, que contó con el respaldo de sectores empresariales, financieros y mediáticos que reclamaban “orden”.
Un plan regional
La dictadura argentina se inscribió en un contexto latinoamericano atravesado por regímenes autoritarios alineados con la Doctrina de la Seguridad Nacional impulsada por Estados Unidos.
En ese marco se desplegó el Plan Cóndor, una red represiva coordinada entre las dictaduras del Cono Sur que permitió perseguir, secuestrar y asesinar opositores más allá de las fronteras. Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil participaron de este esquema con apoyo logístico y político de Estados Unidos.
La organización frente al terror
En medio del terror, comenzaron a surgir las primeras organizaciones de derechos humanos. Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas impulsó los primeros reclamos colectivos, mientras que la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos documentaron denuncias y acompañaron a las víctimas.
El 30 de abril de 1977, las Madres de Plaza de Mayo realizaron su primera ronda alrededor de la Pirámide de Mayo. Poco después, Abuelas de Plaza de Mayo iniciaría la búsqueda de niños y niñas apropiados durante la dictadura.
El juicio que marcó un precedente
Con el retorno de la democracia, en 1985 se llevó adelante el histórico Juicio a las Juntas durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Tras meses de testimonios y pruebas, la Justicia condenó a los principales responsables del régimen.
Videla y Massera recibieron prisión perpetua, mientras que otros integrantes de las juntas fueron condenados a distintas penas. El proceso judicial fue un hito a nivel mundial en materia de derechos humanos, comparable con los juicios de Núremberg.
El tribunal determinó que existió un plan sistemático de represión ilegal, con miles de casos de secuestros, torturas y homicidios.
Las cifras y la memoria
Los registros de la CONADEP documentaron inicialmente 8.961 personas desaparecidas, aunque documentos desclasificados elevaron la cifra a 22.000. Los organismos de derechos humanos sostienen hasta hoy la cifra de 30.000, como expresión del carácter clandestino del terrorismo de Estado.
En cuanto a la apropiación de menores, se estima que alrededor de 500 bebés fueron robados. Hasta julio de 2025, Abuelas de Plaza de Mayo logró restituir la identidad de 140 nietos y nietas, aunque aún quedan más de 300 por encontrar.
Una historia abierta
A cinco décadas del golpe, la memoria sigue siendo una construcción colectiva en permanente disputa. La falta de registros completos y el ocultamiento sistemático de información hacen que la lista de víctimas continúe abierta.
Cada 24 de marzo, Argentina vuelve a preguntarse por su pasado reciente, reafirmando un consenso construido con los años: nunca más al terrorismo de Estado.
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