Florencia López cuestionó duramente al máximo tribunal por una resolución que permitió que volviera a tener efecto la derogación de los límites a la compra de tierras rurales por extranjeros. La legisladora riojana sostuvo que la decisión representa un motivo para impulsar un juicio político contra los jueces.
La senadora nacional Florencia López, del Partido Justicialista de La Rioja, cuestionó a la Corte Suprema de Justicia por su reciente resolución vinculada con la Ley de Tierras y consideró que la actuación del máximo tribunal amerita un juicio político.
En declaraciones a El Destape AM 1070, la legisladora sostuvo que la Corte se encuentra “totalmente disociada” y “divorciada del pueblo de la Nación, del pueblo argentino”.
“La Corte no me sorprende. Venimos hace un tiempo ya con un montón de fallos en contra de la gente”, afirmó.
Sus declaraciones se produjeron después de que el máximo tribunal revocara una sentencia que había declarado inconstitucional el artículo del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 mediante el cual el Gobierno nacional derogó la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras.
La controversia gira alrededor de una legislación sancionada en 2011 que estableció límites a la adquisición de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras.
Entre sus principales disposiciones, la norma fijaba un límite general del 15% de titularidad extranjera sobre las tierras rurales del territorio nacional, con restricciones adicionales para determinadas nacionalidades y superficies.
El Gobierno de Javier Milei dispuso su derogación mediante el DNU 70/2023, pero esa decisión fue cuestionada judicialmente.
La Corte Suprema revocó la sentencia que había frenado la derogación al considerar que la entidad demandante no contaba con legitimación suficiente para promover esa acción.
El tribunal no se pronunció sobre la constitucionalidad de fondo de la derogación, aunque su resolución permitió que volviera a tener efecto la medida incluida en el decreto presidencial.
López cuestionó el posicionamiento de los integrantes de la Corte y sostuvo que el tribunal desconoce los reclamos sociales y las decisiones políticas vinculadas con la protección del territorio nacional.
La senadora recordó las movilizaciones contra la extranjerización de las tierras y las discusiones parlamentarias sobre la cuestión.
Según su interpretación, los jueces actuaron en sentido contrario a esos reclamos.
“Creo que de los tres poderes del Estado es el poder que está peor visto por la gente. A ellos no les importa”, manifestó.
Y concluyó: “Para mí esto es para un juicio político”.
Las declaraciones expresan una posición política de la legisladora y no constituyen, por sí mismas, la presentación formal de un procedimiento de juicio político.
La discusión sobre la propiedad de la tierra tiene particular relevancia en provincias como La Pampa, donde buena parte del territorio está vinculado con actividades agropecuarias y recursos naturales.
La eliminación de los límites establecidos por la Ley 26.737 reabrió el debate sobre la concentración de la propiedad rural, la participación de capitales extranjeros y las facultades del Estado para regular esas operaciones.
Mientras el Gobierno nacional defiende la desregulación como una herramienta para facilitar inversiones, distintos sectores políticos y organizaciones cuestionan la eliminación de restricciones que consideran necesarias para proteger el control sobre el territorio.
El fallo de la Corte volvió a colocar esa discusión en el centro de la agenda política y legislativa.
Ahora, las declaraciones de Florencia López suman un nuevo capítulo al conflicto, al trasladar el cuestionamiento desde la política de tierras hacia la actuación del propio máximo tribunal.
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