El Tribunal Oral Federal N°5 resolverá este lunes la situación de los nueve acusados en la causa que investigó el presunto desvío de fondos públicos destinados a viviendas sociales. La Fiscalía y la UIF solicitaron penas de hasta seis años de prisión, mientras las defensas reclamaron absoluciones y plantearon la prescripción.
El juicio por la causa Sueños Compartidos llegará este lunes a una instancia decisiva. El Tribunal Oral Federal N°5 dará a conocer el veredicto para los nueve acusados, entre quienes se encuentran los exfuncionarios Julio De Vido y José López, los hermanos Sergio y Pablo Schoklender y el exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala.
La audiencia se realizará en los tribunales federales de Comodoro Py. Antes de conocerse la resolución, tendrán la posibilidad de pronunciar sus últimas palabras aquellos imputados que todavía no hayan hecho uso de ese derecho.
El expediente investigó el manejo de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales a través del programa administrado por la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
De acuerdo con la hipótesis de la acusación, alrededor de $206 millones habrían sido desviados hacia destinos diferentes de las obras previstas en distintos puntos del país. Esa cifra y las responsabilidades atribuidas forman parte de la acusación que deberá evaluar el tribunal y no constituyen, hasta el veredicto, una determinación de culpabilidad.
El fiscal Diego Velasco y la Unidad de Información Financiera solicitaron seis años de prisión para De Vido, López, Sergio y Pablo Schoklender y Fatala, al considerarlos responsables del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Para otros exfuncionarios involucrados se solicitaron penas de cuatro años.
Las defensas pidieron, en cambio, la absolución de los nueve acusados y plantearon además que la acción penal se encuentra prescripta.
Precisamente, la prescripción se convirtió en uno de los ejes centrales de la etapa final del proceso. Los abogados defensores sostienen que ya transcurrió el plazo máximo de seis años previsto para el delito y toman como último acto interruptivo la citación a juicio oral del 8 de julio de 2020.
La Fiscalía rechazó esa interpretación y sostuvo que, de acuerdo con su cómputo, el plazo vencería el martes 15 de septiembre, un día después del veredicto. La acusación también argumentó que el instituto de la prescripción no debería beneficiar a quienes continuaron ejerciendo funciones públicas durante parte del período analizado.
El TOF 5 deberá resolver así tanto la responsabilidad penal de cada uno de los acusados como los planteos de las defensas relacionados con el transcurso del tiempo.
El veredicto había sido previsto inicialmente para el viernes pasado, pero el tribunal decidió postergarlo. En aquella audiencia, Sergio Schoklender pronunció sus últimas palabras, mientras que De Vido, López, Pablo Schoklender y Fatala desistieron de hacerlo.
La decisión de este lunes cerrará la etapa del juicio oral de una causa que lleva años en los tribunales y que tuvo en el centro de la investigación el destino de fondos públicos asignados a la construcción de viviendas sociales.
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