El mandatario paraguayo presentó su dimisión tras quedar políticamente aislado por la crisis de una de las principales entidades bancarias del país. La intervención de Ueno Bank, las denuncias por presuntos conflictos de intereses y el avance de un pedido de juicio político precipitaron su salida del Gobierno.
Paraguay atraviesa una profunda crisis política e institucional después de que el presidente Santiago Peña presentara su renuncia este jueves 5 de noviembre, en medio del escándalo provocado por el colapso de Ueno Bank, una entidad financiera con la que el mandatario había mantenido vínculos empresariales antes de desprenderse de su participación accionaria.
La decisión se produjo luego de varios días de creciente tensión política, protestas de ahorristas y cuestionamientos al funcionamiento de los organismos de control financiero.
Peña, que había asumido la presidencia el 15 de agosto de 2023 y tenía mandato hasta 2028, anunció su decisión mediante un mensaje difundido en redes sociales.
La renuncia llegó cuando el Congreso avanzaba en el tratamiento de un pedido de juicio político y el presidente comenzaba a perder el respaldo de importantes dirigentes de su propio espacio, el Partido Colorado.
El derrumbe de Ueno Bank desató la crisis
El origen inmediato del conflicto fue la decisión del Banco Central del Paraguay de intervenir Ueno Bank, una entidad financiera digital que había experimentado un crecimiento acelerado durante los últimos años.
El martes 3 de noviembre, el organismo regulador dispuso el inicio del procedimiento de resolución bancaria tras detectar graves problemas de solvencia.
Según la información difundida por las autoridades, el índice de solvencia de la institución había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido.
La medida provocó la suspensión de operaciones, el cierre de sucursales y la interrupción de servicios digitales, dejando a millones de usuarios sin acceso a sus cuentas.
Ueno Bank contaba con aproximadamente tres millones de clientes, una cifra particularmente significativa para un país cuya población ronda los 6,4 millones de habitantes.
Además de los depósitos privados, la entidad administraba alrededor de 850 millones de dólares en fondos públicos, incluidos recursos vinculados con el Instituto de Previsión Social y otras instituciones estatales.
La situación provocó una fuerte reacción social, con largas filas frente a las sucursales bancarias y manifestaciones en Asunción.
Los vínculos empresariales de Santiago Peña
Uno de los aspectos que convirtió la crisis bancaria en un escándalo político fue la relación previa del presidente con el grupo empresarial propietario de Ueno Bank.
Peña había sido accionista de Ueno Holding y mantuvo vínculos comerciales con el Grupo Vázquez hasta marzo de 2025, cuando ya ejercía la presidencia.
Esa relación quedó bajo cuestionamiento después de que se conocieran las irregularidades financieras detectadas en la entidad.
Los legisladores que impulsaron el juicio político denunciaron presuntos conflictos de intereses, irregularidades regulatorias y posibles responsabilidades institucionales en el manejo de fondos públicos y previsionales.
Las acusaciones forman parte de un proceso de investigación y no constituyen, por sí mismas, una determinación judicial de responsabilidad del mandatario.
El escándalo también alcanzó al Banco Central del Paraguay, cuyo presidente, Carlos Carvallo, había dirigido anteriormente la entidad financiera que dio origen a Ueno Bank.
Peña solicitó la renuncia de Carvallo cuando comenzaron a conocerse los resultados de la intervención.
El Partido Colorado le retiró su respaldo
La situación política de Peña se agravó cuando dirigentes de su propio partido comenzaron a respaldar el proceso de destitución.
El presidente del Congreso, Basilio Núñez, reclamó públicamente la salida del mandatario y advirtió que, si no renunciaba, acompañaría el juicio político.
El expresidente Horacio Cartes, una de las figuras de mayor influencia dentro del Partido Colorado, también respaldó el avance del procedimiento parlamentario.
La pérdida de esos apoyos dejó a Peña prácticamente sin margen político para continuar al frente del Ejecutivo.
Una investigación judicial que alcanza a directivos bancarios
La crisis también derivó en una investigación penal sobre las operaciones de Ueno Bank.
La Fiscalía paraguaya avanzó contra directivos de la institución por presuntas irregularidades financieras. Entre las cuestiones investigadas se encuentran operaciones crediticias con empresas vinculadas al mismo grupo económico y posibles incumplimientos de las normas de supervisión bancaria.
La investigación alcanzó a 27 personas vinculadas con la entidad y derivó en la detención de ocho directivos.
En paralelo, las autoridades impulsaron mecanismos para permitir la recuperación de depósitos y proteger los recursos de ahorristas, jubilados y organismos públicos.
¿Quién asumirá la presidencia de Paraguay?
La Constitución paraguaya establece que, ante una vacancia definitiva de la Presidencia, corresponde que el vicepresidente asuma la conducción del país.
En este caso, la responsabilidad recaería sobre Pedro Alliana, también integrante del Partido Colorado, quien debería completar el período presidencial previsto hasta agosto de 2028.
Su eventual llegada al Ejecutivo abriría además un proceso institucional para cubrir la vacante de la Vicepresidencia.
Una crisis que excede al Gobierno
La caída de Ueno Bank representa uno de los episodios financieros más delicados de los últimos años en Paraguay, tanto por la cantidad de clientes afectados como por los recursos públicos comprometidos.
El escándalo también abrió interrogantes sobre la supervisión del sistema bancario, la relación entre el poder político y los grandes grupos empresariales y las garantías de protección para los depositantes.
La salida de Peña constituye un giro de enorme importancia en la política paraguaya, pero no resuelve por sí sola los problemas financieros y judiciales que desencadenaron la crisis.
El desafío inmediato será recuperar la confianza de los ahorristas, garantizar la devolución de los fondos comprometidos y asegurar una transición institucional ordenada.
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