La crisis política y financiera paraguaya habría culminado con la remoción del presidente, acusado de mal desempeño de sus funciones. Según los primeros reportes, la Cámara Alta aprobó su destitución por 44 votos y una abstención. El vicepresidente Pedro Alliana quedaría a cargo de completar el mandato constitucional.
Paraguay atraviesa una de las crisis institucionales más profundas de los últimos años. Este viernes 6 de noviembre, el Senado habría aprobado la destitución del presidente Santiago Peña, en el marco del juicio político iniciado tras el colapso financiero de Ueno Bank y las denuncias sobre el manejo de fondos públicos.
Según la información difundida sobre la votación, 44 senadores respaldaron la destitución y uno se abstuvo, en una decisión que pondría fin anticipadamente al mandato iniciado por Peña en agosto de 2023.
El desenlace se produce después de jornadas de creciente tensión política, protestas de ahorristas y cuestionamientos a los vínculos del mandatario con el grupo empresarial relacionado con la entidad bancaria intervenida.
Del colapso bancario a la crisis presidencial
La situación comenzó a agravarse cuando el Banco Central del Paraguay dispuso la intervención de Ueno Bank, después de detectar graves problemas de solvencia.
La medida afectó a millones de clientes y provocó fuertes cuestionamientos sobre la supervisión del sistema financiero y el destino de recursos públicos depositados en la entidad.
Entre los principales puntos investigados aparecen las colocaciones realizadas por organismos estatales, incluidos fondos del sistema previsional paraguayo.
Peña, quien mantuvo vínculos empresariales anteriores con el grupo relacionado con Ueno, rechazó las acusaciones y sostuvo que había vendido su participación antes del estallido de la crisis.
Una renuncia que no detuvo el juicio político
El jueves 5 de noviembre, Peña presentó su renuncia a la Presidencia en medio de la pérdida de respaldo político.
Sin embargo, la Cámara de Diputados había aprobado por unanimidad, con 78 votos, la acusación constitucional para iniciar el juicio político.
La decisión trasladó el procedimiento al Senado, encargado de determinar si correspondía destituir al mandatario.
La renuncia no había quedado formalmente aceptada, por lo que Peña continuaba en funciones mientras avanzaba el proceso parlamentario.
Pedro Alliana, el sucesor constitucional
La Constitución paraguaya establece que, ante la destitución del presidente, corresponde al vicepresidente asumir la jefatura del Estado.
En este caso, el sucesor sería Pedro Alliana, dirigente del Partido Colorado, quien debería completar el mandato presidencial previsto hasta agosto de 2028.
La Cámara de Diputados también había rechazado avanzar con un juicio político contra Alliana, despejando el camino para la sucesión institucional.
Una crisis que todavía tendrá consecuencias judiciales
La eventual destitución no pondría fin a las investigaciones relacionadas con Ueno Bank.
Las autoridades judiciales paraguayas investigan posibles irregularidades financieras, responsabilidades de directivos bancarios y eventuales vínculos entre decisiones gubernamentales y operaciones de la entidad.
También permanece abierta la discusión sobre la recuperación de los depósitos y la protección de los ahorros afectados.
La salida de Peña marcaría un cambio político de enorme magnitud en Paraguay, mientras el país enfrenta el desafío de recuperar la confianza en sus instituciones y esclarecer las responsabilidades detrás del colapso bancario.
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