Una perforación realizada en 1983 y que nunca fue sellada correctamente libera gases e hidrocarburos desde hace más de tres años en una zona de alto valor ecológico. La contaminación afecta la vegetación, los suelos y la actividad ganadera. La Justicia ordenó avanzar con el cierre del pozo, mientras se investigan las responsabilidades de las empresas que administraron la concesión.
En el norte de la provincia de Salta, un pozo petrolero abandonado se convirtió en el centro de una grave crisis ambiental. La instalación, ubicada en Lomas de Olmedo, dentro del departamento de Orán, permanece fuera de control y expulsa gases y fluidos hidrocarburíferos que han provocado un profundo deterioro del bosque nativo.
La situación afecta aproximadamente 20 hectáreas de vegetación, en una región de transición entre el Chaco Seco y las Yungas, dos ecosistemas de enorme importancia para la biodiversidad argentina.
El pozo, identificado técnicamente como LO-X10, fue perforado en 1983 por Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), pero nunca llegó a explotarse comercialmente. A pesar de ello, quedó sin el cierre técnico definitivo que exige la normativa vigente.
Desde 2022 se registran emisiones de gases y una precipitación de sustancias aceitosas que cubren árboles, suelo y sectores próximos a la perforación.
La magnitud del deterioro llevó a organizaciones ambientalistas a denominar el lugar como el “Chernóbil argentino”, una expresión que busca reflejar la gravedad del daño, aunque no se trata de contaminación radiactiva.
Un bosque de enorme valor ecológico bajo amenaza
El área afectada constituye un ambiente particularmente sensible porque conecta dos grandes regiones naturales: el bosque chaqueño y las selvas de montaña de las Yungas.
En estos territorios crecen especies como el quebracho colorado, el palo santo y el lapacho rosado, además de numerosas plantas adaptadas a las condiciones de transición entre ambientes secos y húmedos.
La zona está reconocida como Ecosistema Prioritario para la Conservación y como Área Importante para la Conservación de las Aves.
Entre las especies de interés ambiental se encuentran el ocelote, el oso hormiguero, el pecarí labiado, la tortuga acuática chaqueña y el águila coronada, una de las aves rapaces más amenazadas del país.
El biólogo Matías Arrigazzi, quien participó de una recorrida de Greenpeace por el territorio en noviembre de 2025, describió un paisaje profundamente alterado por la contaminación.
Durante la inspección se observaron árboles secos, vegetación cubierta por residuos aceitosos y animales muertos en las inmediaciones.
La recuperación de un bosque nativo maduro puede demandar décadas e incluso superar los cien años, por lo que el daño podría persistir mucho después de que se logre controlar la fuga.
Denuncian la muerte de cientos de animales
La contaminación también afecta a productores rurales que desarrollan actividades ganaderas en los alrededores.
Aureliano Reyes, propietario de la finca El Estanque, ubicada junto al área del pozo, denunció la muerte de aproximadamente 350 animales, entre vacunos y equinos.
El productor atribuye estas pérdidas a las emisiones y a la posible contaminación del suelo y de las aguas subterráneas.
Las denuncias dieron origen a actuaciones judiciales para investigar los daños ambientales y determinar responsabilidades.
Sin embargo, es importante distinguir entre las pérdidas denunciadas y las causas científicamente comprobadas: hasta el momento, no se ha acreditado mediante estudios concluyentes que todas las muertes de animales hayan sido provocadas directamente por la fuga.
La presencia de gases y fluidos hidrocarburíferos constituye, de todos modos, un riesgo ambiental que exige medidas urgentes de contención, monitoreo y remediación.
Más de cuatro décadas sin un cierre definitivo
La historia del pozo LO-X10 refleja uno de los problemas estructurales de la industria petrolera: la existencia de perforaciones inactivas que permanecen sin un abandono técnico adecuado.
Después de su perforación en 1983, el área hidrocarburífera Puesto Guardián pasó por sucesivas concesiones privadas.
Entre 1991 y 2015, la administración cambió de manos en seis oportunidades, hasta quedar bajo control de President Petroleum S.A.
La compañía, vinculada a capitales británicos y argelinos, fue declarada en quiebra en Argentina durante 2024.
Esta situación complicó la identificación y exigencia de responsabilidades económicas para ejecutar el cierre definitivo y reparar el daño.
La legislación argentina establece obligaciones específicas para el abandono de pozos petroleros.
La Resolución 5/96 de la Secretaría de Energía exige procedimientos de sellado que impidan la salida de gases y fluidos desde las formaciones subterráneas.
Entre las medidas técnicas se incluyen la colocación de tapones de cemento, el cierre de cañerías y la señalización del lugar.
En el caso de LO-X10, esas tareas no se realizaron de manera efectiva, permitiendo que la instalación continuara representando un riesgo ambiental.
La Justicia ordenó actuar sobre el pozo
El conflicto llegó a los tribunales mediante dos procesos judiciales.
Por un lado, una causa penal investiga la posible responsabilidad del representante legal de President Petroleum por contaminación ambiental con resultado dañoso.
La investigación se concentra en la falta de contención y tratamiento de los efluentes liberados desde el pozo.
Por otro lado, la provincia de Salta inició una demanda civil y ambiental contra las empresas que participaron de la concesión, con el objetivo de exigir la reparación integral del daño.
El 23 de octubre de 2026, la Justicia salteña ordenó a las seis empresas vinculadas con la historia del pozo presentar un plan para su cierre definitivo.
La resolución estableció un plazo de diez días hábiles para que YPF y President Petroleum presentaran propuestas de cierre y contención inmediata.
YPF manifestó su disposición a colaborar con una solución impulsada por la provincia, aunque sostiene que la responsabilidad corresponde a President Petroleum.
La situación judicial se encuentra atravesada por la quiebra de esta última compañía y las dificultades para lograr su participación efectiva en el proceso.
Hasta la publicación de la investigación, el pozo continuaba sin sellarse y no existía una obra de saneamiento en ejecución.
El desafío de reparar un ecosistema contaminado
Detener las emisiones constituye solamente el primer paso para resolver el problema.
Una vez controlada la fuga, será necesario evaluar la extensión y profundidad de la contaminación, identificar los componentes químicos presentes y establecer un programa de recuperación ambiental.
Los hidrocarburos pueden alterar las propiedades físicas y químicas del suelo, afectar microorganismos esenciales para su fertilidad y perjudicar el desarrollo de la vegetación.
Dependiendo de su composición y de las condiciones del terreno, también pueden alcanzar cursos de agua o acuíferos subterráneos.
La recuperación del ambiente exige estudios técnicos, monitoreos prolongados y medidas específicas para cada sector afectado.
En el caso de un bosque nativo, el desafío es todavía mayor porque no alcanza con retirar los contaminantes: también deben recuperarse las condiciones que permiten el desarrollo de árboles, arbustos, fauna y microorganismos.
Por eso, especialistas y organizaciones ambientales reclaman que las medidas judiciales no se limiten al cierre de la perforación, sino que contemplen la recomposición integral del ecosistema.
Un problema que también interpela a las provincias petroleras
El caso de Salta vuelve a colocar en discusión la responsabilidad ambiental de las empresas que explotan recursos hidrocarburíferos y la necesidad de garantizar el cierre seguro de las instalaciones que dejan de utilizarse.
En provincias con actividad petrolera, como La Pampa, Neuquén, Mendoza, Río Negro y Chubut, el control de pozos inactivos y la prevención de pasivos ambientales forman parte de los desafíos de largo plazo.
La Pampa cuenta con producción hidrocarburífera principalmente en el oeste provincial, donde la actividad requiere controles sobre las instalaciones, el manejo de residuos, la protección del suelo y los recursos hídricos.
Aunque la situación salteña no permite establecer que existan problemas equivalentes en territorio pampeano, sí plantea la importancia de mantener inventarios actualizados de pozos, verificar los procedimientos de abandono y exigir garantías para afrontar eventuales tareas de remediación.
El cierre de una explotación no debería significar el final de las responsabilidades ambientales de sus operadores.
Una deuda ambiental que lleva décadas
El deterioro de Lomas de Olmedo expone las consecuencias que puede generar la falta de control sobre instalaciones petroleras abandonadas.
Una perforación realizada hace más de cuarenta años terminó convirtiéndose en una amenaza para un ecosistema de alto valor ambiental, la actividad productiva y las comunidades cercanas.
Las decisiones judiciales representan un avance para exigir responsabilidades, pero todavía queda pendiente la tarea más importante: detener la fuga y comenzar la recuperación del territorio.
El caso demuestra que los costos ambientales de la actividad extractiva pueden persistir durante décadas cuando no existen controles efectivos, garantías de reparación y mecanismos capaces de exigir el cumplimiento de las obligaciones empresariales.
La recuperación del bosque chaqueño afectado dependerá de la rapidez de las intervenciones, de la identificación de los responsables y de la continuidad de las acciones de saneamiento.
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