El sistema universitario argentino volverá a las calles. El próximo 12 de mayo se realizará una nueva Marcha Federal Universitaria hacia Plaza de Mayo, en reclamo por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento y el deterioro sostenido del presupuesto y los salarios del sector.
La convocatoria fue confirmada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a las universidades públicas de todo el país. Será la cuarta movilización de este tipo desde el inicio del conflicto, luego de tres marchas masivas que lograron amplio respaldo social.
El eje del reclamo apunta directamente al Gobierno nacional, al que acusan de no cumplir con la ley aprobada por el Congreso que establece una actualización del financiamiento universitario. A pesar de que el veto presidencial fue rechazado en ambas Cámaras, el Poder Ejecutivo mantiene su postura y no aplica la normativa. Tampoco acató fallos judiciales en primera y segunda instancia que ordenan su cumplimiento.
Desde el oficialismo sostienen que la ley no define las fuentes de financiamiento para cubrir el aumento presupuestario. Sin embargo, desde el ámbito universitario y sectores críticos remarcan que, en paralelo, se avanzó en la reducción de impuestos vinculados a los sectores de mayor poder económico, como Bienes Personales y gravámenes sobre actividades extractivas y bienes de lujo.
Ajuste, salarios en caída y renuncias
Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), basado en datos oficiales, advierte que el presupuesto universitario vigente presenta un recorte cercano al 30% en comparación con 2023, con una proyección que podría escalar hasta el 45,6% en los próximos meses.
En ese mismo período, los salarios del sector registraron una pérdida del 43,2% en su poder adquisitivo, mientras que los gastos de funcionamiento sufrieron un ajuste del 57,1%.
El impacto ya se refleja en las aulas: alrededor del 10% del cuerpo docente renunció a sus cargos, y una gran parte de quienes continúan en actividad debieron buscar ingresos complementarios fuera del ámbito académico. Según estimaciones, siete de cada diez trabajadores universitarios perciben salarios netos cercanos a los $250.000.
En este contexto, el Gobierno presentó un proyecto alternativo que propone aumentos del 12,3%, a pagar en cuotas. Desde el sector universitario advierten que esa cifra resulta insuficiente frente a una inflación que acumula diez meses consecutivos sin retrocesos.
Las proyecciones tampoco son alentadoras. De acuerdo con estimaciones del mercado relevadas por el Banco Central, la dinámica inflacionaria continuará en los próximos meses, lo que podría profundizar aún más la crisis del sistema universitario.
Con este escenario, la movilización del 12 de mayo buscará volver a poner en agenda la situación de la educación pública, la ciencia y el rol del Estado en su sostenimiento.
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