El Gobierno de Javier Milei avanzó con su proyecto de “Reforma Electoral Integral”, una iniciativa que propone cambios de fondo en el financiamiento de los partidos y en la publicidad de campaña. El eje central: reducir al mínimo el aporte estatal y abrir el juego a una mayor participación del financiamiento privado.
La propuesta se suma a la implementación de la Boleta Única de Papel, aprobada en 2024, que ya había eliminado los fondos públicos destinados a la impresión de boletas partidarias. Ahora, el oficialismo busca profundizar ese rumbo con la supresión casi total de los aportes extraordinarios que el Estado entrega en cada proceso electoral.
De avanzar la reforma, el único mecanismo de financiamiento público que se mantendría sería el Fondo Partidario Permanente, que se distribuye de forma anual. Sin embargo, también sufriría recortes: sólo accederían los partidos que hayan superado el 1% del padrón en la última elección legislativa. La distribución seguiría un esquema mixto, con un 20% en partes iguales y un 80% proporcional a los votos obtenidos.
En paralelo, el proyecto introduce una fuerte flexibilización de los aportes privados. El límite de financiamiento por parte de una misma persona o empresa se elevaría del 2% actual a un 35% del monto total permitido para cada campaña. Esta modificación, según advierten distintos sectores, podría profundizar las desigualdades entre fuerzas políticas, favoreciendo a aquellas con mayor acceso a grandes donantes.
Otro de los cambios relevantes apunta a la eliminación de los espacios gratuitos de publicidad electoral en radio y televisión abierta, que hasta ahora eran asignados de manera obligatoria a las agrupaciones políticas. Con esta medida, los partidos deberían financiar íntegramente su presencia en medios durante la campaña.
El proyecto también incorpora nuevas exigencias de control: los partidos deberán canalizar todos sus fondos a través de una única cuenta bancaria por distrito, registrada ante la Dirección Nacional Electoral y bajo supervisión de la Justicia electoral.
La iniciativa oficialista, que además incluye la eliminación de las PASO —un punto que genera fuertes resistencias en el Congreso—, abre un nuevo frente de debate sobre el rol del Estado en la competencia electoral y las reglas de juego para el financiamiento de la política en Argentina.
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