Organizaciones sociales, feministas y de derechos humanos denunciarán públicamente la existencia de un protocolo implementado por el Municipio de San Isidro que, según sostienen, establece obstáculos para el acceso a la interrupción legal y voluntaria del embarazo.
La situación será expuesta durante una conferencia de prensa convocada para el próximo 17 de junio en la sede de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) de San Isidro, donde se brindarán detalles sobre el avance de una acción judicial vinculada al caso y sobre las dificultades que enfrentan mujeres y personas gestantes para acceder a este derecho.
La convocatoria surge luego de que, en el marco de una presentación realizada por Amnistía Internacional, el propio municipio reconociera la existencia de un protocolo interno para el abordaje de las solicitudes de interrupción del embarazo. Para las organizaciones impulsoras, este reconocimiento permite inferir que las restricciones denunciadas no responden a situaciones aisladas sino a una modalidad institucionalizada de atención.
Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito – Conurbano Norte señalaron que la legalidad de dicho protocolo deberá ser analizada por la Justicia, especialmente en relación con su compatibilidad con la Ley Nacional 27.610, que garantiza el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo en todo el territorio argentino.
Las organizaciones advirtieron además que la existencia de barreras administrativas o sanitarias podría derivar en vulneraciones de derechos y generar responsabilidades para las autoridades municipales, así como comprometer a profesionales de la salud en el incumplimiento de obligaciones previstas por la normativa vigente.
De la conferencia participarán referentes de organismos de derechos humanos, profesionales de la salud, representantes sindicales, docentes, concejalas y organizaciones feministas de la región.
«La interrupción legal y voluntaria del embarazo es un derecho garantizado por ley y ningún municipio puede establecer procedimientos que lo restrinjan, demoren u obstaculicen», señalaron desde la organización convocante.
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