La Cámara de Diputados completó este jueves la segunda jornada de audiencias públicas —en formato remoto— sobre la reforma a la Ley de Glaciares, en un escenario atravesado por fuertes tensiones y sin una fecha definida para el dictamen ni su tratamiento en el recinto.
El debate continuará abierto y no se descarta una nueva reunión informativa, que podría incluir a gobernadores de la denominada “Mesa del Cobre” y referentes de la oposición que rechazan el proyecto. Según trascendió, ese encuentro podría concretarse durante la primera quincena de abril.
La iniciativa, que ya cuenta con media sanción del Senado, propone modificar el régimen vigente para habilitar actividades mineras e hidrocarburíferas en zonas periglaciares y otorgar a las provincias mayor poder para definir qué áreas proteger.
Cruces técnicos, políticos y advertencias legales
Al igual que en la primera jornada, se multiplicaron las críticas al esquema de participación —con más de 100 mil inscriptos— y hubo advertencias sobre posibles impugnaciones judiciales en caso de avanzar con la sanción de la ley.
Entre las exposiciones más relevantes, el titular del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), Pablo Villagra, rechazó la reforma al considerar que “no representa una mejora” y que introduce nuevas ambigüedades, además de debilitar el rol científico en la protección de los glaciares.
Villagra destacó el Inventario Nacional de Glaciares, operativo desde 2018, y precisó que se identificaron más de 16.000 cuerpos en el territorio continental, subrayando su relevancia para el ordenamiento ambiental y la gestión del agua.
En contraposición, el geólogo Marcelo Placet respaldó la iniciativa y calificó como “falsedades” los argumentos que advierten sobre un riesgo para las fuentes hídricas.
Desde el campo ambientalista, María Pía Silva, del colectivo Defensoras del Agua de Famatina, consideró que el proyecto es “inconstitucional” por vulnerar el artículo 41 de la Constitución y el principio de no regresividad ambiental, al tiempo que lo vinculó a intereses de empresas mineras.
Cuestionamientos por participación y retroceso ambiental
Una de las voces más críticas fue la de la ex diputada Graciela Camaño, quien sostuvo que la ley vigente —sancionada en 2010— “es un piso mínimo que no puede reducirse”.
Además, advirtió que el proceso de debate no cumplió con los estándares de participación establecidos en el Acuerdo de Escazú, y alertó que avanzar en estas condiciones podría derivar en la nulidad de la norma.
“Retroceder en materia ambiental no es gobernar, es renunciar al futuro”, afirmó.
En la misma línea, la abogada Ananda Lavayén sostuvo que la reforma implica un retroceso en el principio de progresividad ambiental, y remarcó que los glaciares no solo son formaciones de hielo, sino reservas estratégicas de agua dulce fundamentales para millones de personas.
Apoyos desde el sector minero
Desde el sector minero también hubo respaldo a la reforma. El geólogo Eddy Lavandaio defendió el proyecto y cuestionó la ley actual, al sostener que fue impulsada por sectores “contrarios al desarrollo”.
En tanto, Guillermo Pensado, de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros, planteó que la normativa vigente presenta “imprecisiones técnicas” que dificultan su aplicación.
Un debate que sigue abierto
Pese a los pedidos de la oposición para extender las audiencias, el oficialismo mantuvo el cronograma previsto en las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales.
Con posiciones fuertemente enfrentadas y sin consensos a la vista, la definición sobre la reforma de la Ley de Glaciares continúa postergándose en medio de un debate que combina intereses económicos, ambientales y políticos.
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