El juez federal de Córdoba, Miguel Hugo Vaca Narvaja, lanzó una fuerte advertencia al Gobierno nacional luego de dictar una medida cautelar de alcance nacional contra el Ministerio de Salud de la Nación, al que le dio un plazo de 72 horas para regularizar los pagos adeudados a prestadores de discapacidad del programa Incluir Salud.
El magistrado, titular del Juzgado Federal N°3 de Córdoba, confirmó que la propia cartera sanitaria reconoció atrasos en los giros desde fines de 2025 y cuestionó la demora en el cumplimiento de las prestaciones destinadas a personas con discapacidad.
“El Ministerio había contestado que estaban atrasados con los pagos por una cuestión organizativa, y que desde diciembre no se abonaban estas prestaciones. Si no hay problemas de dinero ni administrativos, esperamos que puedan cumplir con esta ley”, sostuvo Vaca Narvaja en declaraciones radiales.
La decisión judicial se produjo tras informes presentados por centros de salud y prestadores que alertaron sobre una situación financiera crítica, con deudas millonarias y riesgo de interrupción de tratamientos.
“Lo que reflejan los informes es una situación desesperante. En cualquier momento se van a interrumpir las prestaciones clínicas de los discapacitados”, afirmó el juez, al justificar la urgencia de la medida cautelar.
En ese marco, el magistrado también advirtió sobre las posibles consecuencias legales que podría enfrentar el Estado si no cumple con la resolución judicial y continúan paralizados los pagos.
“Pongámonos en la hipótesis de que no comienzan a brindar las prestaciones. Eso es una objeción muy dura. Abandonan personas y ya se complica la cuestión”, expresó.
La resolución vuelve a poner en el centro del debate la situación del sistema de discapacidad y el financiamiento de tratamientos, terapias y prestaciones esenciales que reciben miles de personas en todo el país a través del programa Incluir Salud.
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