La Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos extraordinarios presentados por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner y dejó firme el decomiso de bienes dispuesto en el marco de la causa Vialidad, una de las derivaciones más relevantes de la condena por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
La decisión impide que este aspecto del expediente llegue a la Corte Suprema y habilita la continuidad de los trámites judiciales para ejecutar la recuperación de activos valuados en $684.990 millones, monto fijado como perjuicio ocasionado al Estado Nacional.
La medida alcanza un total de 111 bienes vinculados al patrimonio de la familia Kirchner y del empresario Lázaro Báez, condenado junto a la ex presidenta por las maniobras investigadas en la adjudicación de obras públicas viales en Santa Cruz.
Entre los bienes alcanzados figuran propiedades que pasaron a manos de Máximo y Florencia Kirchner por herencia o cesión, incluyendo departamentos en Río Gallegos y lotes pertenecientes al complejo hotelero Los Sauces. También fueron incluidos inmuebles vinculados a las empresas Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto, adquiridas por Báez durante el período investigado.
La resolución fue adoptada por los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, mientras que Mariano Borinsky votó en minoría al considerar que algunos bienes vinculados a los hijos de la ex mandataria y determinadas empresas de Báez merecían una revisión extraordinaria.
En su voto, Hornos sostuvo que el decomiso tiene como finalidad impedir que los beneficios obtenidos mediante actividades ilícitas permanezcan en el patrimonio de quienes resultaron favorecidos. El magistrado afirmó que la condena firme acreditó la existencia de un esquema que generó «un flujo económico de magnitud extraordinaria en perjuicio del erario público».
Respecto de los bienes heredados por Máximo y Florencia Kirchner, la mayoría del tribunal consideró que el hecho de no haber sido imputados en la causa penal no impide el decomiso cuando existe una vinculación razonable entre esos activos y el beneficio económico derivado del delito investigado.
Los jueces también rechazaron los planteos de inconstitucionalidad formulados por las defensas, que argumentaban una afectación de principios como el derecho de propiedad, la inocencia y la legalidad.
Borinsky, por su parte, sostuvo que algunos inmuebles adquiridos antes del 23 de abril de 2004 —fecha tomada por el tribunal como inicio del período bajo análisis— deberían ser revisados por considerar que la sentencia no ofreció fundamentos suficientes para justificar su inclusión dentro de los bienes sujetos a decomiso.
La resolución representa un nuevo capítulo judicial para la ex presidenta, cuya condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos ya cuenta con firmeza. Ahora, la Justicia avanzará en la ejecución patrimonial destinada a recuperar parte de los fondos que, según la sentencia, fueron obtenidos mediante el esquema de corrupción investigado en la obra pública vial.
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