El Consejo de Administración de la Cooperativa Popular de Electricidad (CPE) expresó su repudio a la reforma de la Ley de Glaciares aprobada recientemente por el Congreso Nacional y anunció su adhesión a la iniciativa de impulsar una demanda colectiva para frenar su implementación.
Desde la entidad advirtieron que los cambios introducidos en la norma representan “un enorme riesgo” para las reservas de agua y para el acceso al recurso por parte de millones de personas en todo el país.
Además, sostuvieron que la modificación de la ley puede generar un daño irreversible sobre el ambiente, la producción y los derechos de las comunidades.
“La reforma implica un enorme riesgo para el agua que diariamente utilizan millones de personas en todo el país, y un daño irreversible al medio ambiente, al derecho humano de acceso al recurso, la producción y la ciudadanía en general”, señalaron desde la cooperativa.
La CPE indicó que la iniciativa judicial busca generar conciencia sobre las consecuencias de la reforma y evitar que la medida quede firme.
“Esta determinación legislativa solamente tiene la posibilidad de un freno en la Justicia”, remarcaron.
Por último, la cooperativa reafirmó su acompañamiento a la campaña impulsada por distintas organizaciones y recordó su vínculo institucional con entidades ambientalistas como la Fundación Chadileuvú.
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