El máximo tribunal aceptó intervenir en la demanda presentada por la provincia de Buenos Aires contra el Gobierno nacional por la eliminación del Fondo de Compensación al Transporte del Interior. La Nación tendrá 60 días para responder antes de que la Corte evalúe el pedido de una medida cautelar para restablecer las transferencias.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación aceptó este viernes intervenir en el conflicto judicial entre el gobierno bonaerense de Axel Kicillof y la administración de Javier Milei por la eliminación de los subsidios nacionales al transporte público de pasajeros en el interior del país.
La decisión representa un nuevo capítulo en la disputa por la distribución de recursos entre la Nación y las provincias, luego de que el Gobierno nacional suspendiera en 2024 el Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior.
El máximo tribunal reconoció su competencia para tramitar la demanda y otorgó al Estado nacional un plazo de 60 días para presentar su respuesta.
Una vez cumplido ese trámite, o vencido el plazo establecido, los jueces deberán evaluar el pedido de una medida cautelar formulado por la provincia de Buenos Aires.
La resolución no implica, por el momento, que se hayan restablecido los subsidios ni que la Corte se haya pronunciado sobre la constitucionalidad de su eliminación.
El origen del conflicto por los fondos del transporte
El Fondo de Compensación al Transporte del Interior fue creado en 2018 mediante la Ley 27.467, con el objetivo de contribuir al financiamiento de los servicios de transporte público urbano y suburbano fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
La normativa original contemplaba una partida de 6.500 millones de pesos destinada a compensar desequilibrios financieros del sistema.
Con el paso de los años, el fondo se convirtió en una herramienta de financiamiento para numerosas jurisdicciones que utilizaban esos recursos para sostener parte de los costos operativos de los servicios de colectivos.
En febrero de 2024, el Ministerio de Economía de la Nación anunció el cese de las transferencias, una decisión que posteriormente quedó formalizada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 280/2024.
La medida provocó cuestionamientos de distintos gobiernos provinciales y municipales, que advirtieron sobre sus consecuencias para el funcionamiento de los sistemas de transporte y el precio de los boletos.
Qué reclama la provincia de Buenos Aires
La administración de Axel Kicillof acudió a la Corte Suprema para cuestionar la validez jurídica de la decisión nacional.
En su presentación, solicitó que se declare la invalidez, ineficacia e inoponibilidad jurídica del comunicado mediante el cual se anunció la eliminación del fondo.
También pidió que se declare la inconstitucionalidad del artículo 18 del DNU 280/2024, que dispuso el cese del mecanismo de compensación.
Además, reclamó una medida cautelar para que el Estado nacional transfiera de manera inmediata los recursos que considera adeudados, junto con los intereses correspondientes.
Según el planteo bonaerense, la eliminación de los subsidios produjo una “grave afectación para la previsibilidad presupuestaria provincial y los derechos de los usuarios del transporte público”.
La provincia sostiene que la interrupción del financiamiento nacional contribuyó al incremento de las tarifas de colectivos y trasladó mayores costos a las administraciones locales y a los pasajeros.
Cuestionamientos constitucionales y al federalismo
La demanda también plantea objeciones sobre el procedimiento utilizado por el Poder Ejecutivo nacional para eliminar el fondo.
El gobierno bonaerense sostiene que la medida carece de los requisitos constitucionales necesarios y que vulnera principios vinculados con la legalidad, la división de poderes y la cooperación entre las distintas jurisdicciones del país.
En particular, argumenta que la decisión afecta la denominada lealtad federal, un principio que exige coordinación y cooperación entre el Estado nacional y las provincias.
La controversia excede así la discusión presupuestaria y plantea un debate sobre las facultades del Gobierno nacional para modificar mecanismos de distribución de recursos que inciden directamente sobre servicios públicos provinciales.
El impacto de la eliminación de subsidios en el interior
La suspensión del Fondo de Compensación tuvo consecuencias para los sistemas de transporte de distintas ciudades argentinas.
Sin las transferencias nacionales, las administraciones provinciales y municipales debieron afrontar mayores exigencias financieras para sostener los servicios o trasladar parte de esos costos a las tarifas.
La discusión también expuso las diferencias históricas entre el financiamiento del transporte en el AMBA y el que reciben las jurisdicciones del interior.
Para provincias como La Pampa, donde el transporte público cumple una función importante en la movilidad urbana e interurbana, el debate sobre la distribución de recursos nacionales tiene una relevancia que va más allá del conflicto entre Buenos Aires y la Casa Rosada.
La disponibilidad de subsidios, el costo de los servicios y la capacidad de los gobiernos locales para sostenerlos forman parte de una discusión más amplia sobre el financiamiento del transporte y las desigualdades territoriales.
Qué deberá resolver ahora la Corte Suprema
La decisión conocida este viernes constituye un avance procesal para la demanda bonaerense, pero todavía no resuelve la cuestión de fondo.
El Gobierno nacional dispondrá de 60 días para responder a los argumentos presentados por la provincia de Buenos Aires.
Posteriormente, la Corte deberá analizar si corresponde dictar una medida cautelar que obligue a transferir los fondos reclamados mientras continúa el proceso judicial.
La resolución definitiva sobre la validez de la eliminación del fondo quedará sujeta al desarrollo de la causa y a la evaluación de los argumentos de ambas partes.
El conflicto abre una nueva instancia judicial en una discusión que atraviesa a buena parte del país: quién debe financiar el transporte público, cómo se distribuyen los recursos nacionales y qué consecuencias tienen esas decisiones sobre las tarifas que pagan los usuarios.
Comentarios de las entradas (0)