Sindicatos, trabajadores de medios, universidades y organizaciones civiles se movilizaron frente al Congreso para exigir el tratamiento de proyectos que permitan mantener y actualizar el Estatuto del Periodista Profesional. La legislación perderá vigencia el 1 de enero de 2027 si no se modifica el escenario legal, lo que genera preocupación por el futuro de los derechos laborales y la libertad de expresión.
Trabajadores y trabajadoras de prensa de distintas provincias se movilizaron este jueves frente al Congreso de la Nación para reclamar que el Senado avance con el tratamiento de los proyectos destinados a preservar y actualizar el Estatuto del Periodista Profesional, una legislación histórica que regula las condiciones laborales de quienes ejercen el periodismo en Argentina.
La protesta fue impulsada por la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), con la participación de representantes de carreras universitarias de comunicación y organizaciones de la sociedad civil.
La convocatoria se produjo ante la proximidad del 1 de enero de 2027, fecha establecida para que entre en vigor la derogación de la Ley 12.908, dispuesta en el marco de la reforma laboral promovida por el Gobierno nacional.
Durante la manifestación, los participantes desplegaron una bandera dirigida a los legisladores en la que reclamaron que no se eliminen las protecciones laborales del sector ni se debiliten las garantías vinculadas con la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a estar informada.
Una ley histórica que podría perder vigencia en enero
El Estatuto del Periodista Profesional fue sancionado en 1946 y constituye uno de los principales marcos legales que regulan el trabajo periodístico en Argentina.
La normativa contempla derechos específicos relacionados con las condiciones de contratación, la estabilidad laboral, la jornada de trabajo y las indemnizaciones, además de establecer garantías vinculadas con la libertad de pensamiento y el ejercicio profesional.
Su derogación fue incorporada a la reforma laboral, aunque durante el tratamiento legislativo se estableció una postergación de sus efectos hasta el 1 de enero de 2027.
Esa prórroga abrió un período para discutir una actualización de la legislación, pero los sindicatos advierten que el tiempo disponible comienza a agotarse sin que se hayan producido avances suficientes en el Congreso.
La preocupación de las organizaciones gremiales es que la falta de una nueva normativa específica debilite la protección de los trabajadores de prensa, en un contexto caracterizado por dificultades salariales, precarización laboral y transformaciones tecnológicas en la industria de los medios.
Reclamo directo a la Comisión de Trabajo del Senado
Además de la movilización, los representantes sindicales presentaron una solicitud formal ante la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, presidida por la legisladora Carmen Álvarez Rivero.
El documento reclama una convocatoria urgente para comenzar a debatir los proyectos que buscan actualizar el Estatuto o extender su vigencia mientras se discute una nueva legislación.
Los sindicatos recordaron que durante el tratamiento de la reforma laboral distintos senadores habían asumido el compromiso de impulsar una discusión específica sobre la situación del periodismo.
Entre los legisladores mencionados se encuentran Carolina Losada, Eduardo Vischi, Sonia Rojas Decut, José Carambia, Flavia Royón y Carolina Moisés.
Para las organizaciones de prensa, la falta de tratamiento parlamentario podría generar un escenario de mayor vulnerabilidad frente a presiones económicas, políticas y judiciales.
Una propuesta para actualizar los derechos de los periodistas
En junio de este año, FATPREN presentó en el Senado un proyecto elaborado junto a 22 sindicatos de prensa de todo el país.
La iniciativa propone conservar las garantías fundamentales de la legislación vigente, pero adaptarlas a las transformaciones que atravesó la actividad periodística durante las últimas décadas.
Entre los principales puntos se encuentran la protección frente al despido arbitrario, la regulación de la jornada laboral, el reconocimiento de derechos vinculados con las tareas de cuidado y la prevención de situaciones de violencia y discriminación.
También incorpora disposiciones destinadas a proteger a periodistas que trabajan en coberturas de manifestaciones y situaciones de conflictividad social.
Una de las novedades es la inclusión de herramientas para abordar los cambios derivados de las plataformas digitales y la incorporación de inteligencia artificial en las redacciones.
El proyecto contempla además una cláusula de conciencia, destinada a proteger la libertad de pensamiento de los profesionales frente a determinadas exigencias editoriales, y propone establecer un salario mínimo profesional nacional que no sea inferior al valor de la canasta básica total medida por el INDEC.
La propuesta busca reconocer las funciones periodísticas independientemente del soporte en el que se desarrollen, incluyendo medios gráficos, radiales, televisivos y digitales.
La situación de los medios del interior
La discusión también tiene relevancia para las provincias y para los medios regionales, donde las transformaciones del sector periodístico plantean desafíos particulares.
En territorios como La Pampa, la actividad informativa se desarrolla a través de radios, diarios, portales digitales y otros proyectos de comunicación que cumplen una función importante en la cobertura de los acontecimientos locales.
La expansión de las plataformas digitales, la concentración de recursos publicitarios y los cambios en las formas de producción y distribución de contenidos modificaron las condiciones de trabajo de periodistas, comunicadores y trabajadores de medios.
En ese escenario, la actualización del Estatuto plantea el desafío de establecer protecciones laborales que contemplen las nuevas modalidades profesionales, sin desconocer las particularidades económicas y organizativas de los distintos medios de comunicación.
El debate también involucra una dimensión que trasciende las relaciones laborales: las condiciones necesarias para sostener una actividad periodística independiente y plural.
Libertad de expresión y derecho a la información
Las organizaciones sindicales sostienen que el Estatuto del Periodista no debe analizarse únicamente como una legislación laboral, sino también como una herramienta relacionada con el ejercicio de la libertad de expresión.
Desde esa perspectiva, consideran que las garantías profesionales contribuyen a reducir la vulnerabilidad de los periodistas frente a presiones que puedan afectar su independencia.
El reclamo se produce, además, en un contexto de debates sobre el acceso a la información pública, las condiciones de cobertura de acontecimientos políticos y las relaciones entre el poder político y los medios de comunicación.
La actualización de la normativa plantea así una discusión sobre cómo garantizar derechos laborales en una actividad que cumple una función social vinculada con el acceso de la ciudadanía a información de interés público.
Una definición pendiente antes de fin de año
Con menos de tres meses para la entrada en vigor de la derogación, el Congreso enfrenta la posibilidad de debatir una nueva legislación o establecer una extensión del régimen vigente.
Los sindicatos reclaman que el Senado convoque a la comisión correspondiente y avance con el tratamiento de las iniciativas presentadas.
Por ahora, no existe una definición legislativa que garantice la continuidad del Estatuto después del 1 de enero de 2027.
La movilización de este jueves volvió a colocar en la agenda parlamentaria una discusión que involucra tanto los derechos de quienes trabajan en los medios como las condiciones necesarias para garantizar el ejercicio del periodismo y el derecho de la sociedad a recibir información.
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