La Corte Suprema de Justicia dejó firme la medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario sancionada en 2025, en los artículos vinculados con los salarios docentes y no docentes, y las becas estudiantiles.
La decisión se conoció luego de que el máximo tribunal rechazara el recurso de queja presentado por el Poder Ejecutivo en la causa iniciada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras entidades contra el Estado por el Decreto 759/25.
En su resolución, la Corte sostuvo que el recurso extraordinario no estaba dirigido contra una sentencia definitiva o equiparable, requisito exigido por la Ley 48, por lo que dejó firme el fallo de la Cámara Contencioso Administrativo Federal.
De esta manera, quedó vigente la resolución del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, que en diciembre había ordenado al Estado aplicar la norma.
El fallo obliga al Gobierno a cumplir con los artículos referidos a los salarios de docentes y no docentes universitarios, además de actualizar las becas estudiantiles. En la práctica, la decisión judicial acompaña parte del acuerdo alcanzado recientemente entre el Ejecutivo, las universidades y los gremios, que estableció una recomposición salarial del 21,3 % en junio y otro 3 % en octubre.
Sin embargo, la resolución judicial también ordena actualizar las becas Progresar, un punto que no había sido incluido en ese entendimiento.
La presentación ante la Corte había sido realizada por el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, luego de que el Gobierno cuestionara la aplicación de la ley pese a haber sido promulgada tras su aprobación en el Congreso.
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